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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de D. Antonio Arroyo Rivas, a la vista de los informes policiales emitidos en la tramitación del expediente D-66/95, y siendo preciso notificarle la Resolución recaída en el expediente de desahucio administrativo seguido contra el mismo, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
R E S U E L V O:
Notificar a D. Antonio Arroyo Rivas la Resolución recaída en el expediente que se le ha instruido, y cuya parte dispositiva dice textualmente:
- Desahuciar a D. Antonio Arroyo Rivas, adjudicatario de la vivienda de promoción pública sita en Jinámar I, bloque 22, piso 5º, letra A, en el término municipal de Telde, al estar incurso en la causa especial 6ª de desahucio administrativo, prevista en el artículo 138 del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, publicado en el B.O.E. de 7 de septiembre de 1968, al no destinar a domicilio habitual y permanente; y a Dña. Lidia Esther Morales Mesa, ocupante sin título legal de la citada vivienda, incursa en la causa especial 2ª del mismo texto legal.
- Que transcurridos quince días de la notificación de la Resolución y salvo que por los interesados se haga entrega de las llaves de las viviendas en cuestión en las dependencias de esta Dirección General, se proceda al lanzamiento de los mismos de las viviendas adjudicadas, así como del mobiliario y enseres, y demás personas que en ellas hubiere.
- El lanzamiento será ejecutado por esta Dirección General, que designará la/s persona/s que haya/n de llevarlo a efecto, pudiendo recabar si lo estima necesario la ayuda de los agentes de la autoridad.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la presente, recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Vivienda.
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de febrero de 1996.- El Director General de Vivienda, José María Senante Mascareño.
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