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BOC Nº 039. Viernes 29 de Marzo de 1996 - 793

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

793 - ANUNCIO de 5 de marzo de 1996, de la Viceconsejería de Administración Pública, relativo a notificación de Resolución de este Centro Directivo, por la que se resuelve el expediente administrativo sancionador incoado a D. Andrés Acosta Castañeda, titular de la empresa operadora nº 71, por infracción a la normativa sobre el juego.- Expte. nº 16/95.

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Habiendo sido intentada la notificación de la Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 16/95, incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas a D. Andrés Acosta Castañeda, titular de la empresa operadora nº 71, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya sido recibida por el interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.

Resolución de la Viceconsejera para las Administraciones Públicas de fecha 3 de marzo de 1995, por la que se procede al sobreseimiento del expediente administrativo sancionador nº 16/95, incoado a D. Andrés Acosta Castañeda, titular de la empresa operadora nº 71.

Examinado el expediente sancionador nº 16/95, tramitado por la Instrucción de Expedientes Sancionadores de esta Viceconsejería para las Administraciones Públicas, incoado a D. Andrés Acosta Castañeda, titular de la empresa operadora nº 71, por infringir la normativa sobre el juego. Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que en el acta de infracción levantada por funcionarios de la Inspección del Juego de fecha 15 de febrero de 1995, en el establecimiento Bar Zipi Zape, sito en La Laguna, calle Dr. Zamenhoff, se denuncia que se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo “B”, TF-B-12.712, que en el momento de la inspección carece del distintivo correspondiente al pago de la Tasa Fiscal del Juego correspondiente al primer trimestre de 1995.

2º) Que mediante Providencia dictada por la Viceconsejera para las Administraciones Públicas, de fecha 21 de febrero de 1995, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado.

3º) Que dentro del plazo concedido al efecto, el inculpado formuló los correspondientes descargos, manifestando que la Tasa Fiscal del Juego fue abonada por la empresa operadora en tiempo y forma, estando en el momento de la inspección solicitados los comprobantes de abono en la Consejería de Hacienda y retirados por esta parte justo el día 15 del mes de febrero, motivo por el cual no se habían colocado, aportando como prueba de ello fotocopia de la carta de pago abonada con fecha 20 de enero de 1995.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Que las competencias funcionales en esta materia se encuentran reguladas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17.7.89), y 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90).

Segunda.- Que de conformidad con lo previsto en el artº. 9.1 y 2.a) del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, la Viceconsejera para las Administraciones Públicas es competente para intervenir en la resolución de este expediente.

Por Resolución de 12 de enero de 1995, de esta Viceconsejería para las Administraciones Públicas, se delegan en el Jefe de Servicio de Asuntos Generales y Gestión del Juego las funciones de gestión en materia de casinos, juegos y apuestas que tiene atribuidas esta Viceconsejería. Tercera.- Que el procedimiento establecido en la tramitación de este expediente se ajusta a lo dispuesto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo; presentándose por el interesado los correspondientes descargos y alegaciones en tiempo y forma, y procediéndose a resolver el mismo de conformidad con lo establecido en el artº. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.- Que los hechos comprobados hacen necesario el sobreseimiento del presente expediente sancionador incoado a D. Andrés Acosta Castañeda, habida cuenta de que en el momento de la inspección, la máquina recreativa TF-B-12.712 se encontraba al corriente en el pago de la Tasa Fiscal del Juego correspondiente al primer trimestre de 1995, y teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artº. 3 de la Orden de 5 de noviembre de 1992, por la que se aprueba el modelo de distintivo acreditativo del pago de la tasa fiscal que grava los juegos de suerte, envite o azar, devengada por la autorización de explotación de máquinas o aparatos automáticos y se establecen los plazos para su retirada, los sujetos pasivos deberán retirar los correspondientes al primer trimestre de cada año, en los veinte primeros días naturales del mes de febrero habiéndose realizado la visita de inspección, con anterioridad a dicha fecha (15 de febrero de 1995).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Sobreseer el presente expediente sancionador, incoado a D. Andrés Acosta Castañeda, titular de la empresa operadora nº 71, toda vez que contrastados los datos obtenidos de la denuncia formulada con las alegaciones aportadas por la parte, no se desprende de las mismas la existencia de infracción a la normativa sobre el juego.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso ordinario ante el Consejero de Presidencia y Turismo en el plazo de un mes, contado desde la publicación de la presente, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de marzo de 1996.- El Viceconsejero de Administración Pública, Ángel Marrero Alayón.

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