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Resultando que, con fecha 30 de noviembre de 1990, por unanimidad, el Pleno Extraordinario del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprueba definitivamente la remodelación del Plan Parcial Ciudad del Campo.
Resultando que, con fecha 26 de abril de 1991, también por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento capitalino, se aprueba definitivamente el Proyecto de Urbanización correspondiente al Plan Parcial Ciudad del Campo.
Resultando que, el 21 de enero de 1994, D. Alfonso Caballero Rodas y otros, todos ellos copromotores del Plan Parcial Las Torres, solicitan del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la nulidad de la aprobación definitiva del Plan Parcial Ciudad del Campo, por carecer de la previa Declaración de Impacto Ecológico, según dispone el artº. 18.1 de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico. Incoado dicho expediente de nulidad esta Consejería se personó en el mismo, mediante escrito de 1 de febrero de 1994, sin que hasta la fecha se haya tenido conocimiento de resolución alguna de aquel expediente de nulidad de actos municipales. Resultando que, el 6 de marzo de 1995, la Asociación Ecologista Atamarazayt solicita certificación acreditativa de la existencia o no del correspondiente Estudio de Impacto Ecológico del Plan Parcial Ciudad del Campo. Por la Dirección General de Urbanismo se le contestó negativamente al respecto el 20 del mismo mes.
Resultando que, el 27 de abril de 1995, Dña. Guillermina Santana Ruiz, en nombre y representación de la citada Asociación Ecologista, solicita la declaración de caducidad de la primera fase, según la Disposición Adicional Primera, apartado quinto,de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre.
Resultando que, con fecha 12 de mayo de 1995, se requiere por esta Consejería de la Corporación local para que elabore informe, a la mayor brevedad posible, acerca del presunto incumplimiento del Plan de Etapas, sus causas y propuesta motivada sobre la caducidad. Al mismo tiempo se le comunicó la petición de caducidad y apertura del expediente al promotor del Plan Parcial, D. Joaquín Cordero Jaso, con esa misma fecha, el cual presentó alegaciones que constan en el expediente.
Considerando que la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 1995, acordó entender que el Plan Parcial Ciudad del Campo no resultó afectado por la Disposición Adicional Primera 5 de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, al considerar que al entrar en vigor la ley no se había producido incumplimiento de etapas. No obstante se encomienda a esta Consejería que se proponga la impugnación jurisdiccional del Plan Parcial Ciudad del Campo al entender que la carencia de la previa Declaración de Impacto Ambiental puede suponer un supuesto de nulidad radical de pleno derecho conforme establece el artº. 18.1 de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico.
Considerando que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en escrito de 7 de febrero pasado, entiende no ajustada a Derecho la resolución de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias antes citada, y solicita su revisión, basado en la inaplicabilidad de la Ley 11/1990 para los proyectos presentados con anterioridad a la entrada en vigor de aquella Ley, dado que la referencia a la vacatio legis establecida en la Disposición Transitoria Primera no es aplicable para los proyectos presentados con anterioridad a la misma.
Considerando el supuesto analizado, la Ley 11/1990, de 13 de julio, fue publicada el 23 del mismo mes y año, mientras que el Plan Parcial tuvo su entrada en el Ayuntamiento el 7 de septiembre de 1989; el tiempo que tenía la Administración actuante, en este caso la Corporación local, para resolver definitivamente el expediente, aplicando el entonces vigente artº. 6 del Real Decreto-Ley 16/1981, de 16 de octubre, era de 18 meses, por tanto cuando la Ley 11/1990 entró en vigor el 23 de julio de 1990, apenas había transcurrido 10 meses desde aquella entrada del expediente en el Registro municipal, y no estaba aún aprobado provisionalmente dicho Plan, por ende, se le debía haber aplicado tal Ley Medioambiental de derecho imperativo, al no aplicar analógicamente la doctrina jurisprudencial de aplicación directa de planeamientos modificados a solicitudes de licencias de obras, tal y como estableció entre otras el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en la Sentencia de 30 de julio de 1990, ni la doctrina jurisprudencial de aplicación de derecho transitorio a Planes que no hayan sido aprobados provisionalmente, cuando entre en vigor una norma de rango superior (S.T.S. de 18 de enero de 1994, de 14 de junio de 1993 y de 28 de junio de 1993, repertorios números 4524, 9744 y 4892, respectivamente).
Considerando que este órgano es competente para proponer la impugnación jurisdiccional del acuerdo municipal en virtud de las facultades que le confiere el artº. 15 del Decreto de Estructura Orgánica de esta Consejería, Decreto 107/1995, de 26 de abril, para aprobar Planes Generales de Capitales insulares y municipios mayores de 50.000 habitantes.
Considerando que la Administración de la Comunidad Autónoma, dentro del ámbito de sus competencias, podrá impugnar ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa los actos y acuerdos de las Entidades locales que infrinjan el ordenamiento jurídico, conforme dispone el artº. 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Considerando que, de conformidad con el artº. 8.2.a) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de la Presidencia y Relaciones Institucionales, corresponde a la Viceconsejería de Administraciones Públicas resolver sobre la adecuación al Ordenamiento Jurídico de los actos de los Órganos de Gobierno de las Entidades locales e instar el ejercicio de acciones jurisdiccionales que ofrece la normativa aplicable, a través de la Dirección General del Servicio Jurídico y a propuesta de la Consejería competente por razón de la materia.
Vistos los informes técnicos y jurídicos emitidos, el expediente administrativo, Ley 11/1990, Decreto 107/1995 y demás normas de general y pertinente aplicación,
D I S P O N G O:
Primero: proponer la impugnación jurisdiccional de los acuerdos plenarios del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de 30 de noviembre de 1990 y 26 de abril de 1991, por los que se aprobaron definitivamente el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización Ciudad del Campo, respectivamente, promovido por Casticar, S.A., por ser radicalmente nulos según establece el artº. 18.1 de la Ley 11/1990, de Prevención de Impacto Ecológico.
Segundo: la presente Orden se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y será debidamente notificada al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al promotor y al Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria.
Contra este acto ejecutivo que es de puro trámite no cabe recurso alguno.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de febrero de 1996.
EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL, Antonio González Viéitez.
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