Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Pedro M. Fagundo Santos la Orden de 21 de abril de 1995 (Libro nº 2, Folio 89, número 327), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 746/94 (expediente nº TF-1675-O-94), interpuesto contra la Resolución de la extinta Dirección General de Transportes Terrestres, de fecha 18 de noviembre de 1994.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de febrero de 1996.- El Secretario General Técnico, Jaime Celso Rodríguez Cíe.
A N E X O
Orden por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Pedro M. Fagundo Santos.
Visto el recurso ordinario formulado por D. Pedro M. Fagundo Santos contra la Resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres de fecha 18 de noviembre de 1994, recaída en el expediente sancionador nº TF-1675-O-94, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en incumplir el vehículo TF-9537-U las condiciones esenciales de la autorización administrativa al tener la ITV caducada, dando lugar a la sanción de cuarenta y siete mil (47.000) pesetas. Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que no estaba realizando un servicio público sino que recogía a un familiar en el taller donde le estaban reparando el vehículo, que estaba averiado, por lo que no hay mala intención ni realizaba ningún servicio, solicitando se deje sin efecto la sanción impuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Consejero de Pesca y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso a tenor del artículo 4º.1 del Decreto 207/1993, de 9 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Pesca y Transportes, en relación con el artículo 29.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora de la Dirección General de Transportes Terrestres de fecha 18 de noviembre de 1994, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 141.c) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículo 198.c) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, por los que se considera infracción administrativa grave el incumplimiento de las condiciones esenciales de la autorización administrativa, entendiéndose a tales efectos como condiciones esenciales de la autorización, aquellos aspectos que configuren la naturaleza del servicio o actividad de que se trate, y delimiten su ámbito así como el mantenimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento y realización.
En este sentido, establece el artículo 18.2 del Decreto 12/1992, de 7 de febrero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transportes, que los vehículos a los que hayan de estar referidas las correspondientes autorizaciones deberán tener en vigor la correspondiente tarjeta de inspección técnica (I.T.V.), como condición para la validez de aquéllas y en el presente caso, el vehículo, en la fecha de la denuncia, no tenía vigente la I.T.V., sin bien pasó la inspección de forma favorable con posterioridad a la denuncia, por lo que incurrió en la infracción imputada, procediendo desestimar el recurso interpuesto, confirmando la Resolución sancionadora.
Cuarto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
D I S P O N G O:
Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. Pedro M. Fagundo Santos y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres de fecha 18 de noviembre de 1994, recaída en el expediente sancionador nº TF-1675-O-94, que determinó la imposición de una sanción de cuarenta y siete mil (47.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Orden exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Pesca y Transportes, Felipe Perdomo Torres.
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