BOC - 1996/036. Viernes 22 de Marzo de 1996 - 434

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Política Territorial

434 - RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1996, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, de 31 de enero de 1996, que acepta la delegación de competencias y aprueba inicialmente la modificación de las Normas Subsidiarias de Gáldar, en la carretera del Faro-Sardina, promovido por la Corporación local, término municipal de Gáldar (Gran Canaria).

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En ejecución de la legislación aplicable, por la presente,

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 31 de enero de 1996, por el que se acepta la delegación de competencias y aprueba inicialmente la modificación de las Normas Subsidiarias de Gáldar, en la carretera del Faro-Sardina, promovido por la Corporación local, término municipal de Gáldar, cuyo texto se adjunta como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de febrero de 1996.- El Director General de Urbanismo, Félix Rodríguez de la Cruz.

A N E X O

La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 31 de enero de 1996, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero: aceptar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la delegación de competencias, acordada por el Pleno del Ayuntamiento de Gáldar, en sesión celebrada el 15 de marzo de 1995, para la tramitación y aprobación de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Gáldar (Gran Canaria), en la carretera del Faro, en la localidad de Sardina.

Segundo: aprobar inicialmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en relación al artículo 128.1 del mismo cuerpo legal, la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Gáldar (Gran Canaria), en la carretera del Faro, en la localidad de Sardina, supeditándose la preceptiva información pública a que el expediente se complete aportando los siguientes documentos: 1. Debe incorporarse la previsión del incremento del Sistema General de Espacios Libres del municipio en una superficie no inferior a 3.000 m2, tal y como se deriva del artículo 128.2 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, ya citado, para culminar la exigencia derivada del aumento de población que conlleva la modificación propuesta.

2. Deben completarse el contenido documental y las determinaciones exigidas por el Decreto 35/1995, de 24 de febrero, sobre Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento, en los aspectos que, a continuación, se indican:

A.- Determinaciones:

a) Tratamiento de borde tanto con el suelo rústico como con la vía (artº. 8).

b) Medidas de ordenación previstas para compensar los efectos negativos por la ordenación de volúmenes propuesta, la conexión tanto con el tejido urbano como con el suelo rústico y el establecimiento de criterios para el empleo de materiales y elementos de urbanización (artº. 13.2.a).

c) Programa de actuaciones positivas de contenido ambiental (artº. 13.2.f).

B.- Documentación:

a) Memoria: descripción y análisis de las alternativas contempladas (artº. 14.3.e).

b) Planos:

1. Expresión gráfica del diagnóstico ambiental y definición sintética de las alternativas planteadas (artº. 14.4).

2. Planos de análisis del impacto paisajístico de la actuación (artº. 14.5.b).

3. Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 47.2 de la Ley territorial 9/1991, de Carreteras de Canarias, en el sentido de proteger la calidad de vida de los futuros residentes en el ámbito territorial de la actuación mediante el establecimiento de una franja ajardinada de separación de la carretera. Adicionalmente, se recomienda analizar la posible rectificación del trazado de la carretera en el tramo lindante con la urbanización.

Tercero: una vez aportada la documentación requerida, el expediente administrativo, en unión de los documentos técnicos, se someterá por la Dirección General de Urbanismo a información pública por plazo de un mes, mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los periódicos de mayor circulación de esta última, tal y como preceptúa el artículo 114.1 del Real Decreto-Legislativo 1/1992 ya citado.

Cuarto: en coordinación con los planteamientos defendidos por la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias, debe manifestarse que tanto desde la propia modificación de las Normas como desde la revisión en tramitación deberán reforzarse las medidas de integración del nuevo sector en el entorno urbano existente y previsto, tanto desde el punto de vista urbanístico (trazado de viarios, itinerarios, emplazamiento de equipamientos, etc.) como social, justificando en este último sentido, además, la disponibilidad de equipamientos públicos docente, social-sanitario y de ocio y deportivo para la nueva población prevista, o su habilitación en el marco de la propia modificación, y ello tanto por razones de servicio urbanístico como de integración social. En este último sentido se recomienda, conforme a la Circular de la Dirección General de Vivienda, prever la posible construcción dentro del sector de viviendas de promoción pública en régimen de alquiler, cuyo número máximo, para facilitar su integración en el conjunto, no debería superar las 20 a 50 viviendas.

Quinto: el presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y será debidamente notificado al Ayuntamiento de Gáldar y al Cabildo Insular de Gran Canaria.

Contra este acto, que no agota la vía administrativa, no cabe recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer el que considere oportuno si estimase que se da alguno de los supuestos excepcionales regulados en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



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