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BOC Nº 036. Viernes 22 de Marzo de 1996 - 699

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

699 - RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 1996, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de la extinta Consejería de Pesca y Transportes, resolutoria del recurso ordinario interpuesto por D. Andreas Sprotte.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Andreas Sprotte la Orden de 21 de abril de 1995 (Libro nº 2, Folio 89, número 316), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 583/94 (expediente nº GC-2957-O-93), interpuesto contra la Resolución de la extinta Dirección General de Transportes Terrestres, de fecha 28 de julio de 1994.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de febrero de 1996.- El Secretario General Técnico, Jaime Celso Rodríguez Cíe.

A N E X O

Orden por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Andreas Sprotte.

Visto el recurso ordinario formulado por D. Andreas Sprotte contra la Resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres de fecha 28 de julio de 1994, recaída en el expediente sancionador nº GC-2957-O-93, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en carecer el vehículo GC-6062-BB de autorización de transporte de servicio público de viajeros, dando lugar a la sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas y precintado del vehículo tres meses.

Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que tiene una escuela de buzo, siendo muy voluminoso el material que emplean en sus enseñanzas y para practicar su deporte (bombonas, plomos, chaqués, aletas, etc.) y que cuando algunos clientes no disponen de vehículo propio para ir al lugar elegido para la inmersión, se ofrece para llevarlos gratuitamente en su vehículo, encajando ese tipo de transporte en los previstos en el artículo 62.3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, como transportes privados, no pudiendo nunca ser considerado con transporte público de viajeros por la aparatosidad del material que emplean, encontrándose, además, prescrita la infracción imputada, solicitando se deje sin efecto la sanción impuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Consejero de Pesca y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso a tenor del artículo 4º.1 del Decreto 207/1993, de 9 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Pesca y Transportes, en relación con el artículo 29.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora de la Dirección General de Transportes Terrestres de fecha 28 de julio de 1994, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artículos 90 y 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículos 109 y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, por los que se considera infracción administrativa muy grave la realización de transportes públicos o actividades auxiliares y complementarias de los mismos, para las cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título administrativo habilitante, careciendo de la preceptiva autorización del transporte o de la actividad de que se trate, dado que conforme establece el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y se formalicen en documento público, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio como presunción iuris tantum que gozan de presunción de certeza y veracidad y en el presente caso, los hechos denunciados, en los que se ratificó, mediante informe, que obra en el expediente, el agente denunciante no ha sido desvirtuado por el recurrente, no pudiendo entenderse que el servicio efectuado era de carácter privado complementario al no haberle justificado al agente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto 3 del artículo 7 del Decreto 12/1992, de 7 de febrero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transportes, esto es, que los usuarios cuando no sean trabajadores o asalariados del titular del vehículo, como sucede en este caso, sólo son transportados desde el domicilio del centro de trabajo o actividad de la empresa hasta sus respectivos domicilios y que el vehículo esté acondicionado exclusivamente para el transporte de viajeros.

En consecuencia, al haber incurrido en la infracción imputada, procede desestimar el recurso interpuesto confirmando la Resolución sancionadora.

Cuarto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

D I S P O N G O:

Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. Andreas Sprotte y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres de fecha 28 de julio de 1994, recaída en el expediente sancionador nº GC-2957-O-93, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas y precintado del vehículo tres meses, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Orden exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Pesca y Transportes, Felipe Perdomo Torres.

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