Visto el expediente instruido en relación con la partida de carne bovina congelada de origen irlandés, de aproximadamente 200 toneladas, almacenadas e inmovilizadas en Frigoríficos Puerto Franco Las Palmas, S.L., y teniendo en cuenta los siguientes ANTECEDENTES
Primero.- Por Resolución de esta Dirección General nº 2/395, de 4 de septiembre de 1995, se dispuso la inmovilización cautelar de la citada mercancía hasta tanto se efectuaran los análisis correspondientes.
Segundo.- Del examen del expediente, resulta que no quedan acreditados en el mismo, mediante documento original o copia autenticada, los siguientes extremos:
a) Expedidor de la mercancía. b) Propietario de la mercancía, ya que en diversas actuaciones intervienen personas físicas y jurídicas diferentes, con manifestaciones contradictorias al respecto, si bien existe una apariencia de titularidad a favor de Congelados Cárnicos, S.L., representada por D. Juan Antonio Ruiz Pérez.
c) Representación con la que actúan las personas físicas que intervienen en nombre de personas jurídicas.
d) Relación entre la mercancía inmovilizada y la que fue objeto de embargo preventivo nº 0387/93-A del Juzgado de Primera Instancia nº dos de Las Palmas de Gran Canaria, decretado en juicio de menor cuantía nº 753/93 del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Las Palmas de Gran Canaria.
e) Fecha de entrada de la mercancía inmovilizada en la Comunidad Autónoma de Canarias y Aduanas que la despachó, si bien en algunos escritos figuran los años 1989, 1991 y 1992.
f) Documentación de acompañamiento correspondiente a dicha mercancía, sanitaria o comercial, redactada en los modelos oficiales e idioma español, que acredite y garantice que los productos han sido obtenidos, controlados, marcados y etiquetados de acuerdo a la normativa vigente en materia de producción y comercialización de carnes frescas.
Tercero.- A instancia del interesado se ha procedido a la toma de muestras y analítica correspondiente, figurando los resultados de los mismos en los boletines de análisis números 105.022 al 105.035 de 15 de noviembre de 1995, del Centro Nacional de Alimentación del Instituto de Salud Carlos III.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 14.2.j) del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, establece, entre las funciones de la Dirección General de Salud Pública, la de adoptar las medidas preventivas de protección de la salud cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, tales como la inmovilización o incautación de productos, circunstancia que, a la vista de los antecedentes expuestos, concurre en el presente caso.
Segundo.- El artículo 7.2 del Real Decreto 49/1993, de 15 de enero, sobre controles veterinarios aplicables a los intercambios intracomunitarios de los productos de origen animal, dispone que, en caso de observarse incumplimientos en la documentación de acompañamiento de la mercancía, y siempre que las condiciones de salubridad o sanidad animal lo autoricen, se podrá conceder un plazo para su regularización antes de recurrir a las opciones contempladas en los apartados a) y b) de dicho artículo.
Tercero.- Toda vez que no han concluido las actuaciones previas para determinar, con carácter preliminar, si concurren circunstancias que justifiquen la iniciación de procedimiento sancionador, nada impide la aplicación analógica de lo dispuesto en el artº. 16 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, para posibilitar la notificación al interesado del resultado de los análisis practicados, y la práctica del contradictorio y dirimente, en orden a la determinación de las condiciones de salubridad de la carne a que hace referencia el precepto mencionado en el fundamento anterior, siempre y cuando se acepten los resultados que arrojen los análisis contradictorio y dirimente como válidos y definitivos en el procedimiento sancionador que se incoe, en caso de que hubiere lugar al mismo, ello por razones de economía y celeridad.
En su virtud,
R E S U E L V O:
1º) Requerir a Congelados Cárnicos, S.L., como presunto propietario de la mercancía, y a D. Juan Antonio Ruiz Pérez, como supuesto representante de dicha empresa, para que en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de esta Resolución, presente ante esta Dirección General ejemplar original o copia autenticada de los siguientes documentos, referidos a la mercancía inmovilizada:
a) Documento de Expedición.
b) Factura de adquisición.
c) Poder que habilita a D. Juan Antonio Ruiz Pérez a actuar en nombre de la sociedad Congelados Cárnicos, S.L.
d) Certificación Judicial que identifique la mercancía objeto del embargo preventivo a que se ha hecho referencia en el antecedente segundo de esta Resolución.
e) Documentación de Aduanas de entrada y despacho para el consumo.
f) Documentación comercial de acompañamiento y certificación de la inspección veterinaria, redactado en el impreso oficial y en idioma español, en el caso de que la mercancía hubiera entrado antes del 30 de junio de 1993. En caso de que su entrada fuera posterior a dicha fecha no precisará el certificado de la inspección veterinaria. g) Documento Comercial, en idioma español, en el que consten las menciones obligatorias del etiquetado establecidas en el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios.
2º) Notificar los boletines analíticos referidos en el antecedente tercero de la presente Resolución, pudiendo el interesado solicitar la realización de análisis contradictorios, y dirimente en su caso, en la forma establecida en el artículo 16 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, previa aceptación por escrito de los resultados a que se llegue en la práctica de los mismos, como válidos y definitivos en el procedimiento sancionador que se incoe, en el caso de que hubiere lugar al mismo (los referidos boletines de análisis se encuentran en las dependencias de esta Dirección General de Salud Pública, sita en calle Alfonso XIII, 5, Las Palmas de Gran Canaria, con el fin de que puedan ser retirados por los interesados, cualquier día de lunes a viernes en horario de 9 a 14).
3º) Prorrogar la inmovilización de la mercancía efectuada por Resolución de esta Dirección General nº 2/395, de 4 de septiembre, hasta tanto se aclaren las cuestiones indicadas en el antecedente segundo de esta Resolución y se disponga por este órgano el destino final de la misma.
Notifíquese la presente a Frigoríficos Puerto Franco Las Palmas, S.L., a Congelados Cárnicos, S.L. y a D. Juan Antonio Ruiz Pérez, haciéndoles saber que contra la misma, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso ordinario ante el Consejero de Sanidad y Consumo en el plazo de un mes, contado desde el día de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de enero de 1996.- La Directora General de Salud Pública, María del Mar Dorta Sáenz.
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