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BOC Nº 025. Lunes 26 de Febrero de 1996 - 487

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

487 - RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 1995, de la Dirección General de Servicios Sociales, sobre notificación de Resolución de 9 de junio de 1995, del Viceconsejero de Asuntos Sociales, recaída en el recurso ordinario interpuesto por D. Francisco José González Benítez contra modificación de cuantía de Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos.

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Habiendo sito intentada sin que se pudiera practicar la notificación de la Resolución recaída en el recurso ordinario interpuesto por D. Francisco José González Benítez mediante carta con acuse de recibo al domicilio consignado, y siendo necesario notificarle la misma y conforme a lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a D. Francisco José González Benítez la Resolución de fecha 9 de junio de 1995, obrante en el expediente de referencia, y cuya parte dispositiva dice textualmente:

Visto el recurso ordinario interpuesto por D. Francisco José González Benítez, en representación de Dña. Isabel González Benítez, contra Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales, por virtud de la cual se procede a modificar la cuantía de Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas; examinado el correspondiente expediente resultan relevantes los siguientes ANTECEDENTES DE HECHO

1. Que la extinta Dirección Territorial de Servicios Sociales, con fecha 22 de octubre de 1990, le reconoce a Dña. Isabel González Benítez el derecho a prestación de S.G.I.M. con efectos económicos desde enero de 1989, siendo el perceptor de la misma inicialmente su padre D. Pedro González Cano y posteriormente su hermano D. Francisco José González Benítez, al ser éste designado tutor de la beneficiaria por Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, el 13 de octubre de 1993.

2. Que la Dirección General de Servicios Sociales con fecha 4 de julio de 1994, dicta Resolución provisional de modificación de la cuantía del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos que percibía Dña. Isabel González Benítez al ser perceptora de una pensión de orfandad concedida por el I.N.S.S., y con efectos económicos a partir de junio de 1990, por lo cual deberá reintegrar las cantidades percibidas indebidamente y que ascienden a 737.575 pesetas.

3. Que la anterior Resolución es notificada al interesado el día 15 de julio de 1994, en ella se le informa el derecho que le asiste para formular alegaciones y aportar pruebas en el plazo de 15 días, transcurrido el mismo sin presentar reclamación, la Resolución quedaría elevada a definitiva pudiendo interponer contra la misma recurso ordinario.

4. Que D. Francisco José González Benítez, en representación de su hermana Dña. Isabel González Benítez, presentó el 19 de julio de 1994 reclamación en la que alega sustancialmente que hasta el 23 de mayo de 1994 no es designado tutor de su hermana, por lo que no ha percibido nada incorrectamente y de haber existido alguna irregularidad en la concesión de las prestaciones, la misma sería imputable al anterior tutor. 5. Que los argumentos esgrimidos en la reclamación no desvirtúan la Resolución administrativa, toda vez que en el expediente consta que D. Francisco José González Benítez es tutor de Dña. Isabel González Benítez desde el 13 de octubre de 1993 y tal circunstancia no modifica el hecho de que en el periodo de junio de 1990 a mayo de 1994 ésta tenía reconocido el Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y Pensión de Orfandad, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 36, apartado 1 del Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero.

6. Que el 9 de septiembre de 1994, D. Francisco José González Benítez, en representación de Dña. Isabel González Benítez, renuncia al Subsidio de Ingresos Mínimos que venía percibiendo por una cuantía de 10.445 pesetas mensuales, al haberle concedido el I.N.S.S. una prestación por hijo a cargo de mayor cuantía. Causando baja en nómina a partir de octubre de 1994. 7. Que con fecha 22 de noviembre de 1994 el Director General de Servicios Sociales resuelve confirmar íntegramente la Resolución provisional de fecha 4 de julio de 1994.

8. Que D. Francisco José González Benítez, en calidad de tutor de Dña. Isabel González Benítez, interpuso dentro del plazo conferido recurso ordinario, en el que alega sustancialmente que el 10 de mayo de 1994 se le designa tutor de su hermana y no el 13 de octubre de 1993, y por otra parte, las cantidades percibidas indebidamente se refieren a cuando él no era tutor, por lo tanto es la Administración la que cometió el error al autorizar el pago de tales prestaciones.

9. Que en relación con el recurso ordinario interpuesto se observa que:

- En el expediente consta un Auto de fecha 13 de octubre de 1993 del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, por el cual se designa tutor de Dña. Isabel González Benítez a D. Francisco José González Benítez y Dña. Elena González Benítez.

- No es cierto que la Administración haya cometido un error, ya que de acuerdo con la documentación obrante en el expediente, la beneficiaria tenía derecho al Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos, una vez que la referida prestación fue concedida con anterioridad a la de Orfandad, como se especifica a continuación:

- Concesión del S.G.I.M. 19/90 con efectos económicos 1/89.

- Concesión de P. Orfandad 11/90 con efectos económicos 6/90, y dado que el Decreto regulador de esta prestación establece que si el beneficiario percibe una prestación económica del Estado o de la Seguridad Social, la cuantía de subsidio se reducirá a una cantidad igual al importe de la prestación, por lo cual deberá reintegrar las cantidades percibidas indebidamente correspondientes a los meses de junio de 1990 a mayo de 1994, ambos inclusive, y cuya cuantía asciende a 737.575 pesetas. - Los argumentos esgrimidos no desvirtúan la Resolución administrativa toda vez que el hecho de habérsele designado un nuevo representante legal a Dña. Isabel González Benítez no modifica la circunstancia de haber concurrido en ésta, en periodo de junio/90 a mayo/94, el reconocimiento del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y la Pensión de Orfandad contraviniendo lo dispuesto en el artículo 36.1 del Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero. FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Que es competencia de esta Viceconsejería la resolución del recurso por haber sido transferidos a la Comunidad Autónoma de Canarias las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de servicios sociales y asistencia social, por el Real Decreto 251/1982, de 15 de enero, y de conformidad con lo establecido en el Decreto 252/1991, de 3 de octubre, de adaptación de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales a la nueva organización y estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria.

II.- Que el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que las Resoluciones podrán ser recurridas ante el órgano superior jerárquico del que las dictó en el plazo de un mes.

III.- Que este organismo es el superior inmediato del órgano que dictó el acto impugnado de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 9.1 y 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

IV.- Que el recurrente presentó, en forma y plazo, recurso ordinario contra la Resolución que acordaba la extinción del subsidio conforme a lo previsto en el artículo 114 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

V.- Que el artículo 29.1.a) del Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se regula el Sistema Especial de Prestaciones Sociales y Económicas para Minusválidos, establece que el derecho a las prestaciones se extinguirá por pérdida de algunas de las condiciones generales, así como de las específicas, exigidas para el reconocimiento del derecho a cada prestación.

VI.- Que el beneficiario está obligado a comunicar, en el plazo máximo de 15 días, cualquier modificación sobrevenida en su situación, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.e) del Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero.

VII.- Que en el caso de que el beneficiario perciba prestación económica del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones locales o de la Seguridad Social, la cuantía de los Subsidios a que pudiera tener derecho se reducirá en una cantidad igual al importe de aquella prestación, según lo preceptuado en el artículo 36 del Real Decreto 383/1984.

VIII.- Que de conformidad con el artículo 41 del referido Real Decreto 383/1984, quien hubiera percibido subsidios indebidamente o en cuantía indebida vendrá obligado a reintegrar su importe. Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso ordinario interpuesto por D. Francisco José González Benítez, en representación de su hermana Dña. Isabel González Benítez, y confirmar en parte la Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de fecha 4 de julio de 1994, en cuanto al reintegro de las cantidades indebidamente cobradas en concepto de Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos cuya cuantía asciende a 737.575 pesetas correspondientes a los meses de junio de 1990 a mayo de 1994, ambos inclusive.

En lo que respecta a la modificación de la cuantía del referido subsidio, la misma no procede, a la vista de la renuncia del S.G.I.M. presentada el 9 de septiembre de 1994 por el representante de Dña. Isabel González Benítez, razón por la cual, causó baja de la referida prestación a partir del mes siguiente, procediendo en este caso la extinción del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y no la modificación.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su notificación, previa la comunicación a la Viceconsejería de Asuntos Sociales exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución a la Dirección General de Servicios Sociales quien a su vez deberá notificarla a D. Francisco José González Benítez en el plazo establecido en el artículo 58.2 de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 1995.- El Viceconsejero de Asuntos Sociales, Rafael Sastre Merinero.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de 1995.- El Director General de Servicios Sociales, Marcial Morales Martín.

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