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BOC Nº 024. Viernes 23 de Febrero de 1996 - 266

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Política Territorial

266 - RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1996, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 28 de diciembre de 1995, que entendía que el Plan Parcial Ciudad del Campo no resultó afectado por la Disposición Adicional Primera 5 de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, promovido por D. Joaquín Cordero Jaso, en representación de Casticar, S.A., término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

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En ejecución de la legislación aplicable, por la presente,

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 1995, por el que se entendía que el Plan Parcial Ciudad del Campo no resultó afectado por la Disposición Adicional Primera 5 de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, promovido por D. Joaquín Cordero Jaso, en representación de Casticar, S.A., término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo texto figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de febrero de 1996.- El Director General de Urbanismo, Félix Rodríguez de la Cruz.

A N E X O

La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 1995, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero: entender que el Plan Parcial Ciudad del Campo no resultó afectado por la Disposición Adicional Primera 5 de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, dado que el mandato deducido de dicho precepto se refiere, pura y exclusivamente, a los planes que en el documento de entrada en vigor de la Ley hubiesen incumplido sus planes de etapa por causas imputables al promotor, lo que, en el caso examinado no se ha producido.

Segundo: considerar, no obstante, que compete al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria incoar expediente para determinar el posible incumplimiento de las obligaciones urbanísticas de la entidad promotora del Plan Parcial Ciudad del Campo, dado que la primera fase del Plan de Etapas concluyó el 26 de abril de 1995, según los datos obrantes en el expediente municipal, apreciándose por los técnicos de la Dirección General de Urbanismo un importante desfase de la obra de urbanización realizada con la programación dispuesta, recordándose a la Corporación municipal que, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, sobre el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, la inactividad municipal podrá dar lugar a que la Comunidad Autónoma se subrogue en las competencias municipales.

Tercero: por la Consejería de Política Territorial se dirigirá comunicación motivada a la Viceconsejería de Administración Territorial para que, en uso de sus facultades, propugne la impugnación jurisdiccional del Plan Parcial Ciudad del Campo al entender que la carencia de Declaración de Impacto Ambiental del mismo supone un supuesto de nulidad de pleno derecho conforme a lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico.

Cuarto: el presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y será debidamente notificado a la entidad promotora, Asociación Ecologista Atamarazait, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Cabildo Insular de Gran Canaria.

Contra este acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación al artº. 8 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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