BOC - 1996/022. Lunes 19 de Febrero de 1996 - 412

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

412 - ANUNCIO de 15 de diciembre de 1995, de la Dirección General de Promoción Educativa, relativo a notificación de propuesta de Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se resuelve parcialmente el contrato de transporte escolar discrecional con la empresa Franyasmar Bus, S.L.

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ANTECEDENTES

De acuerdo con la Orden de esta Consejería de 13 de septiembre de 1994 (B.O.C. nº 122, de 5.10.94), por la que se adjudicaba la contratación directa (I) del servicio de transporte escolar discrecional, se firmó el contrato entre esta Consejería y la empresa Franyasmar Bus, S.L.

La empresa Franyasmar Bus, S.L., en lo que se refiere a las rutas adjudicadas en la isla de Lanzarote (rutas números 214, 215, 216 y 217), de manera reiterada, ha incumplido el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, concretamente las siguientes cláusulas:

Cláusula 15.2,e):

1. Ha destinado un número de vehículos inferior al ofertado. Este incumplimiento se produjo, como resulta del informe del Director del Centro, de 3 de noviembre de 1994, al Inspector de Zona, los días 25, 26, 27, 28 y 31 de octubre, y 2 y 3 de noviembre, durante los cuales el transporte se realizó con tres vehículos, en vez de con los cuatro a los que estaba obligado a servir al Colegio de E.G.B. de Tinajo, según el Pliego de Prescripciones Técnicas. Este incumplimiento se reiteró el 9 de noviembre de 1994, como constata el informe del Inspector educativo de fecha 10 de noviembre de 1994.

2. Ha utilizado vehículos no autorizados por la Dirección General de Promoción Educativa, concretamente los matriculados TF-7466-I, GC-0245-AK, GC-8476-W, y GC-6576-I, como resulta del requerimiento, de fecha 25 de octubre, que esa Dirección General dirigió a la empresa contratista para que los sustituyera por vehículos autorizados, y como resulta del informe de fecha 14 de octubre, que el Director del Centro dirige a la Inspección educativa, y del informe del Inspector educativo de 18 de octubre de 1994.

Además de las certificaciones del Registro-Archivo de Automóviles de la Jefatura Provincial de Tráfico, que ha aportado en el trámite de audiencia la empresa contratista, resulta que: a) El vehículo de su propiedad TF-7466-I tiene una antigüedad de 16 años y fue adquirido por ésta 9 años antes, el 8 de noviembre de 1985. Si se atiende al artículo 4.1.a) del Real Decreto 2.296/1983, de 25 de agosto, permite que los vehículos con una antigüedad superior a los diez años e inferior a los dieciocho años puedan dedicarse al transporte escolar con la condición de que hayan estado dedicados a ese tipo de transporte en la misma empresa desde antes de los diez años del inicio del curso escolar, y hayan superado una inspección extraordinaria, ese vehículo no pudo dedicarse nunca al transporte escolar. b) El vehículo GC-3073-S no es propiedad de la adjudicataria, sino de otra empresa que lo adquirió un año antes del inicio del curso escolar, y tiene una antigüedad de 12 años, por lo que tampoco cumple el requisito del artículo 4.1.a) del Real Decreto 2.296/1983, que se acaba de referir. c) El vehículo GC-6576-I, con una antigüedad de 17 años, tampoco es propiedad de la adjudicataria, sino de otra empresa, que lo adquirió siete años antes, por lo que tampoco cumple con el artículo 4.1.a) del Real Decreto 2.296/1983 y, por ende, nunca podría haber sido autorizado para el transporte escolar.

Cláusula 15.2, K) y L):

La empresa contratista no mantiene los vehículos en condiciones óptimas de higiene y utilidad. Concretamente, el vehículo GC-8476-W (no autorizado), de 16 plazas, transportaba 27 alumnos; el vehículo GC-0245-AK (no autorizado) de 14 plazas, transportaba 21 alumnos, como resulta del informe del Director del colegio de fecha de 10 de octubre de 1994, y como constata el informe de la Inspección educativa, de fecha 18 de octubre de 1994.

El Inspector educativo comprobó en su visita de 17 de octubre que el vehículo TF-7466-I carecía de respaldo en uno de sus asientos, que el protector de los asientos junto a la puerta trasera lo tenía suelto y que carecía de limpiaparabrisas (informe de la Inspección Educativa de 18 de octubre de 1994). El 13 de octubre, según informe del Director del centro de 14 de octubre, ese vehículo tenía averiada la marcha de retroceso. En la visita que giró al centro el Inspector educativo el 25 de octubre de 1994, ante las deficiencias que presentaba ese vehículo, se recomendó al transportista su inmovilización (informe de la Inspección Educativa de 10 de noviembre de 1994). Según informe del Director del Centro de 3 de noviembre de 1994, ese mismo día el vehículo GC-6576-I presentaba dos ruedas traseras desinfladas.

En la visita de la Inspección educativa de 25 de octubre de 1994, se comprobó que el vehículo GC-6576-I presentaba los asientos traseros sueltos y carecía del preceptivo extintor y de rueda de repuesto; que el vehículo GC-8476-W tenía asientos sueltos y que su puerta delantera presentaba deficiencias de accesibilidad, y que el vehículo GC-3073-S también tenía asientos sueltos y carecía de ruedas de repuesto (informe de la Inspección Educativa de 10 de noviembre de 1994). En la visita de la Inspección educativa de 9 de noviembre de 1994, ésta constató que el vehículo GC-8476-W no pudo prestar el servicio por falta de combustible y que todos los transportes de salida se hicieron con retraso, lo que provocó la alarma de los padres de los alumnos (informe de la Inspección Educativa de 10 de noviembre de 1994).

Como resulta de las propias certificaciones presentadas por la adjudicataria, los vehículos TF-7466-I, GC-3073-S, y GC-6576-I no podían reunir nunca los requisitos técnico-reglamentarios de seguridad para ser dedicados al transporte escolar.

Cláusula 15.2.i):

La empresa contratista no ha dotado a todas las guaguas que realizan el servicio de toda la documentación administrativa necesaria para su circulación.

Sobre este extremo hay que recordar que el artº. 4.l.a) y b) del Real Decreto 2.296/1983, la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983 y la Orden de 19 de septiembre de 1984, de la Consejería de Industria que lo desarrollan, exigen que los vehículos con antigüedad superior a diez años e inferior a dieciocho sólo pueden ser dedicados al transporte escolar en caso de que hayan estado dedicados a este tipo de transporte en la misma empresa desde antes de los diez años del inicio del curso escolar y hayan superado una inspección extraordinaria, válida por tres años, distinta de la inspección técnica periódica denominada ITV y que debe ser realizada por la Consejería de Industria la cual debe hacer constar en la tarjeta ITV que el vehículo cumple las condiciones técnicas que se fijan en la normativa citada para la realización del transporte escolar.

El artº. 10 del Real Decreto 2.296/1983 obliga a todo tipo de entes y organismos que contraten servicios de transporte escolar que exijan del contratista la tarjeta ITV vigente con la diligencia de que han pasado satisfactoriamente esa inspección técnica extraordinaria y el justificante del contrato de seguro complementario que impone el artº. 9 del Real Decreto 2.296/1983.

La cláusula 8.6.c) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares prescribía que entre la documentación a presentar por el contratista debía figurar la certificación de la Consejería de Industria de reconocimiento y autorización de cada vehículo para el transporte escolar y que, en caso de no contar el vehículo con ella, el transportista debía acreditar haberla solicitado y aportado antes de la firma del contrato. La cláusula 15.2.2 obligaba al contratista a destinar al servicio sólo los vehículos ofertados y en caso de que los sustituyera debían ser expresamente autorizados por la Dirección General de Promoción Educativa.

En el requerimiento de fecha 25 de octubre de 1994 que esa Dirección General dirige a la empresa contratista, se denuncia que ninguno de los vehículos estaba autorizado. La empresa contratista no recibió ese requerimiento porque no había nadie en su domicilio cuando lo llevó el Servicio de Correos, ni acudió a retirarlo de las oficinas de éste a pesar del aviso que se le dejó, ni tampoco lo recibió por la misma razón de no haber nadie en su domicilio cuando la Consejería envió un funcionario a entregarlo. No obstante, tuvo conocimiento de él cuando se le dio vista del expediente.

Sin embargo, en el escrito de alegaciones cursado en trámite de audiencia no realiza ninguna dirigida a desvirtuar ese extremo, ni presenta prueba alguna de que hubiera presentado esa documentación, o de que los vehículos reunieran las condiciones de seguridad reglamentarias para poder dedicarse al transporte escolar. Por lo que estando plenamente constatada la existencia de la obligación de presentar esa documentación, le correspondía al obligado, conforme al artº. 1.214 CC, la prueba de su cumplimiento, la cual no ha realizado lo que le acarrea la correspondiente consecuencia negativa.

Estos hechos no quedan desvirtuados por la alegación de la contratista consistente en que no los reflejan los certificados expedidos por la Dirección del Centro en cumplimiento de la cláusula 16.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, porque el contenido de éstos se limita a constatar los días en que se ha prestado servicio, sin que la parquedad de formularios en que se extienden permita expresar más incidencias que las relativas a si algún día ha dejado de cumplir el servicio. Por lo demás, de dichos certificados aportados por la contratista se desprende que la ruta 217 no se cubrió durante cinco días del mes de octubre de 1994 y que otra ruta quedó sin cubrir durante dos días en el mes de noviembre de 1994, lo cual coincide con el informe de 3 de noviembre del Director del Centro al Inspector de Zona.

A la vista de estos antecedentes, por Orden de esta Consejería de fecha 12 de diciembre de 1994, se dispuso el inicio de un expediente de resolución parcial del contrato, así como la suspensión del servicio como medida provisional.

Sobre la base de estos antecedentes, se hace la siguiente

PROPUESTA

Primero.- Resolver parcialmente el contrato suscrito entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la empresa Franyasmar Bus, S.L., en lo que se refiere al servicio correspondiente a las rutas números 214, 215, 216 y 217 de la provincia de Las Palmas (isla de Lanzarote).

Segundo.- Proceder a la incautación de la fianza correspondiente a las rutas que se rescinden, por un importe de setecientas veintiocho mil seiscientas cuarenta y una (728.641) pesetas.

Tercero.- Ordenar la apertura de un expediente para la delimitación de los daños y perjuicios que el incumplimiento contractual haya podido irrogar a la Administración.

De acuerdo con lo dictaminado por el Consejo Consultivo de Canarias, en su dictamen nº 59/95, de fecha 28 de julio de 1995; intentada, sin haberse podido practicar, la notificación en el domicilio del interesado, y a los efectos de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le notifica cuanto antecede a fin de que en un plazo no superior a diez días pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre de 1995.- El Director General de Promoción Educativa, Fernando Hernández Guarch.



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