BOC - 1996/021. Viernes 16 de Febrero de 1996 - 383

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383 - RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1996, de la Dirección General de Servicios Sociales, relativo a notificación de Resolución desestimatoria de la Viceconsejería de Asuntos Sociales ante el recurso ordinario interpuesto por el solicitante de Ayudas Económicas Básicas, D. Eduardo Taboada Novoa.

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Habiendo recaído Resolución desestimatoria a recurso instado ante la Viceconsejería de Asuntos Sociales por el interesado que se relaciona.

Intentada la notificación de la misma, de conformidad con las previsiones contenidas en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que se hubiese podido practicar, se hace preciso proceder a su publicación en los términos del artículo 59 de la citada Ley. En consecuencia,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar al recurrente, D. Eduardo Taboada Novoa, la Resolución de la Viceconsejería de Asuntos Sociales ante el recurso interpuesto contra denegación de la ayuda económica básica solicitada.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

1) “Registro de Resoluciones: número 492, fecha 18 de octubre de 1995.

Visto el recurso ordinario interpuesto por D. Eduardo Taboada Novoa, contra la Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales, de 5 de octubre de 1994, por virtud de la cual se procede a denegar la ayuda económica básica solicitada y examinado el correspondiente expediente resultan relevantes los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Que el recurrente presentó solicitud de ayuda económica básica con registro de entrada en la Dirección General de Servicios Sociales de fecha 28 de diciembre de 1993.

2. Que tramitada su solicitud con arreglo a la normativa reguladora, se propone por parte del Jefe de Servicio de Prestaciones, Resolución denegatoria al superar los recursos económicos del solicitante el límite establecido y al no estar inscrito el interesado como demandante de empleo.

3. Que la Dirección General de Servicios Sociales dictó Resolución denegando la ayuda económica básica solicitada por el interesado, al no quedar acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto 133/1992.

4. Que la anterior Resolución es notificada al interesado y en ella se le informa el derecho que le asiste para interponer recurso ordinario ante la Viceconsejería de Asuntos Sociales en el plazo de 1 mes.

5. Que D. Eduardo Taboada Novoa interpuso dentro del plazo conferido recurso ordinario, en el que alega sustancialmente:

- Que el recurrente no efectuó los trabajos previstos que indicó al presentar la solicitud, puesto que los buques que tendrían que haberse reparado en los Puertos de La Luz y de Las Palmas fueron a repararse en la Península, por lo que no facturó ni la cuarta parte de lo previsto.

- Que no está inscrito como demandante de empleo, ya que pertenece al régimen especial de autónomos, y como autónomo no puede inscribirse en el régimen general de trabajadores.

6. Que de las alegaciones hechas por el recurrente se desprende:

a) Que no acredita los ingresos que percibió en el año 1994. Incluso si fueran ingresos no regulares, éstos deberán ser calculados promediando los efectivamente percibidos en los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud.

b) Por otro lado, de conformidad con el Decreto regulador de estas ayudas, todos los miembros de la unidad familiar que se encuentren en circunstancias y en edad legal de trabajar, deberán estar inscritos como demandantes de empleo, requisito este que no cumple el recurrente.

c) Por lo tanto, no se observan motivos que desvirtúen la Resolución recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Que la Dirección General de Servicios Sociales, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 133/1992, de 30 de julio, por el que se regulan con carácter urgente ayudas económicas básicas, modificado parcialmente por el Decreto 194/1993, de 24 de junio, dictó Resolución denegando dicha ayuda a D. Eduardo Taboada Novoa.

II. Que el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que las Resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridas ante el órgano superior jerárquico del que las dictó en el plazo de un mes.

III. Que este Organismo es el superior inmediato del órgano que dictó el acto impugnado de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 9.1 y 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autónoma de Canarias.

IV. Que el artículo 4 del Decreto 133/1992, de 30 de julio, por el que se regulan con carácter urgente ayudas económicas básicas, modificado parcialmente por el Decreto 194/1993, de 24 de junio, establece como requisito para ser beneficiario de la ayuda que la cuantía que se obtenga de los ingresos de la unidad familiar no superen la cuantía de la ayuda económica básica que le pudiera corresponder, y que todos los miembros de la unidad familiar que se encuentren en circunstancias y en edad legal de trabajar estén inscritos como demandantes de empleo.

V. Que la determinación de los recursos propios del solicitante y, en su caso, de los demás miembros de la unidad familiar se realizará en cómputo anual. Los ingresos no regulares podrán calcularse promediando los efectivamente percibidos en los doce meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso ordinario interpuesto por D. Eduardo Taboada Novoa y confirmar en todos sus extremos la Resolución impugnada de la Dirección General de Servicios Sociales, de fecha 5 de octubre de 1994, que deniega la ayuda económica básica solicitada.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su notificación, previa la comunicación a la Viceconsejería de Asuntos Sociales exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución a la Dirección General de Servicios Sociales, quien a su vez deberá notificarla a D. Eduardo Taboada Novoa en el plazo establecido en el artículo 58.2 de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Santa Cruz de Tenerife, a 17 de octubre de 1995.- El Viceconsejero de Asuntos Sociales, Rafael de Saja Sáez.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de enero de 1996.- El Director General de Servicios Sociales, Marcial Morales Martín.



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