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Habiendo sido intentada sin que se pudiera practicar la notificación de la Resolución del recurso ordinario recaída en el expediente sancionador S-20/92, mediante carta certificada con acuse de recibo al domicilio consignado, y siendo necesario notificarle dicho trámite al ser parte interesada, y conforme a lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre, R. 1992, 2.512), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Notificar a la entidad mercantil Construcciones Monsa, S.L. la Resolución de 27 de septiembre de 1995, recaída en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:
1. Estimar parcialmente las alegaciones aducidas por D. Eugenio Benítez Miranda en su recurso ordinario contra la Resolución de la Dirección General de Vivienda, de julio de 1994, en lo referente a la prescripción de la potestad sancionadora de la Administración.
2. Modificar la Resolución recurrida en el sentido de anular la sanción y orden de obra dada a la entidad Construcciones Monsa, S.L., por no ser ajustada a Derecho.
3. Conservar la orden de obra dada al promotor D. Eugenio Benítez Miranda, por ser la misma plenamente ajustada a Derecho.
Este acto agota la vía administrativa. Contra el mismo cabe deducir recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación, previa comunicación a este Centro Directivo, conforme exige el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de diciembre de 1995.- El Director General de Vivienda, José María Senante Mascareño.
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