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Habiendo sido intentada la notificación de la Propuesta de Resolución, de fecha 8 de julio de 1995, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 61/95, incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas a la empresa de servicios Orsuba, S.A., por infracción a la vigente normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Acordada la incoación de expediente sancionador a la empresa de servicios Orsuba, S.A., por supuesta infracción a la vigente normativa sobre el juego, el funcionario Instructor del expediente formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
De las actuaciones practicadas y los antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
I.- Con fecha 8 de marzo de 1995, fue levantada acta de infracción por el Servicio de Inspección de esta Consejería, dando cuenta de que en la Sala de Bingo Real Sociedad Económica Amigos del País, sita en esta ciudad, calle Henry Dunant, 1, carece de los libros de anotación de los premios no pagados y de propinas.
II.- Mediante Providencia de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de fecha 22 de marzo de 1995, se ordenó la incoación del expediente sancionador por infracción a la vigente normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el correspondiente Pliego de Cargos al interesado.
III.- Notificado el anterior, por el inculpado y en el plazo concedido al efecto, se presentaron alegaciones, manifestando en síntesis que siempre han existido y existen actualmente los libros de anotación de los premios no pagados y de propinas, desconociendo el motivo por el que el día de la inspección dichos libros no fueron exhibidos a los Inspectores del Juego ni si éstos los reclamaron o no. A efectos probatorios señalan los archivos de las oficinas ya que los libros no pueden ser entregados sin conculcar la legislación vigente.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), y en el Decreto 122/1988, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por el Decreto 140/1991, de 28 de junio (B.O.C. nº 90, de 8.7.91). Segunda.- De conformidad con lo establecido en el artº. 9.1 del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de la Presidencia y Turismo, esta Viceconsejería es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 42 del Decreto 122/1988.
Cuarta.- Las alegaciones del interesado no desvirtúan los hechos imputados ni su correspondiente calificación jurídica, por cuanto en el Acta de Inspección compareció el Jefe de Sala quien manifestó que el libro de propinas se estaba diligenciando porque se había terminado el día anterior, por lo que en el momento de la inspección la sala no disponía del preceptivo libro, siendo además de destacar que tal libro no precisa de la diligenciación por esta Viceconsejería sino que hay que llevarse un libro en la forma establecida en el artº. 26 del Decreto 122/1988, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad Autónoma de Canarias. En cuanto al Registro especial de premios no pagados que establece el artº. 37 bis del repetido Reglamento, por el Jefe de Sala no se manifestó al respecto ninguna observación, siendo éstos los responsables de la contabilidad de la sala, a tenor del artº. 24.7 del mismo Reglamento.
Quinta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en los artículos antes citados.
Sexta.- De acuerdo con lo previsto en el artº. 40.4.e) del citado Reglamento, la infracción debe calificarse de dos faltas graves, procediendo sancionar con multa de cien mil (100.000) pesetas cada una, a tenor de lo preceptuado en el artº. 41 del mismo texto reglamentario, en relación con el artº. 22 de la referida Ley.
En su virtud, se le notifica cuanto antecede, a fin de que en el plazo de ocho días hábiles pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artº. 43 del citado Decreto. Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 1995.- La Instructora, María del Pino Juan López-Tomasety.
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de enero de 1996.- El Viceconsejero de Administración Pública, Ángel Marrero Alayón.
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