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Visto lo dispuesto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, en el recurso nº 1.713/95, interpuesto por el procurador D. Miguel R. Berriel, en nombre y representación de Ferrovial, S.A., contra la Orden Departamental de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas de 6 de octubre de 1995, desestimatoria de la petición de los intereses de demora de las certificaciones 1, 1R, 2, 3, 4, 11, 12, 16, 17, 18, 19 y 21, así como los correspondientes a la liquidación provisional de la obra 70 viviendas, locales y garaje, Añaza I, 21 A.
Teniendo en cuenta que el acto objeto de la impugnación afecta a una pluralidad de administrados por determinar, supuesto subsumible en lo establecido en el apartado a) del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General de Vivienda, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, modificado por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal,
R E S U E L V E:
Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo nº 1.713/95, para que puedan comparecer ante la citada Sala y personarse en los autos en el plazo de nueve días a partir de la publicación de la presente.
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de 1995.- El Director General de Vivienda, José María Senante Mascareño.
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