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Visto nuevamente el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de San Cristóbal de La Laguna que afecta a los núcleos de Punta del Hidalgo-Bajamar, Tejina-Valle Guerra, Guamasa-El Rodeo, Coromoto-Geneto y La Vega-Las Canteras. Resultando que por Orden Departamental de 30 de enero de 1995, se suspendió su aprobación definitiva como consecuencia de los reparos que se señalaron y que se recogían en la documentación gráfica que como anexo se acompañaba a la reseñada Orden y que obedecían a la necesidad de cumplir las exigencias contenidas en el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.
Resultando que en la propia Orden se estableció que el Ayuntamiento debía dar cumplimiento al artículo 16.2 de la Ley de Carreteras de Canarias, en relación con el viario autonómico e insular afectado. Resultando que la Corporación municipal, mediante acuerdo plenario de 27 de septiembre de 1995, ha subsanado los reparos que fueron señalados según expresa en su informe el Servicio correspondiente de la Dirección General de Urbanismo.
Considerando que, de conformidad con lo prevenido en el artículo 132 del Reglamento de Planeamiento, es procedente dictar la oportuna resolución que finalice el procedimiento, siendo competente para ello el titular del Departamento, según previene el artículo 15.5 del Decreto 107/1995, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial.
En su virtud,
D I S P O N G O:
Aprobar definitivamente el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de San Cristóbal de La Laguna que afecta a los núcleos de Punta del Hidalgo-Bajamar, Tejina-Valle Guerra, Guamasa-El Rodeo, Coromoto-Geneto y La Vega-Las Canteras, formulado por el Ayuntamiento de la reseñada ciudad en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Transitoria Octava del Texto Refundido de la Ley del Suelo.
Contra la presente Orden cabe recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a interponer en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación previa la comunicación a la Consejería de Política Territorial exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de diciembre de 1995.
EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL, Antonio González Viéitez.
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