Habiendo sido intentada la notificación de la Resolución de la Viceconsejería de Administración Pública en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 135/94, incoado por esta Viceconsejería a D. Prudencio A. Acosta Padrón, titular de la empresa operadora nº 295, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Examinado el expediente nº 135/94, tramitado por la Instrucción de Expedientes Sancionadores de esta Viceconsejería de Administración Pública, incoado a D. Prudencio A. Acosta Padrón, titular de la empresa operadora nº 295, por infringir la normativa sobre el juego.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente.
Teniendo en cuenta los siguientes,
I. ANTECEDENTES
1º) Que en el acta de infracción levantada por funcionarios de la Inspección del Juego de fecha 28 de noviembre de 1994, en el establecimiento Bar San Salvador, sito en San Matías, Avenida San Matías, 48, La Laguna, se denuncia que se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo B, TF-B-6.904, que, en el momento de la inspección, carece de los distintivos correspondientes al pago de la Tasa Fiscal del Juego de todo el año 1994.
2º) Que mediante Providencia dictada por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de fecha 5 de diciembre de 1994, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado.
3º) Que dentro del plazo concedido al efecto, el inculpado no formuló los correspondientes descargos, pese a serle notificado el Pliego de Cargos, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 32, de 15 de marzo de 1995, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4º) Que por el Instructor del expediente se procedió con fecha 20 de abril de 1995 a dictar Propuesta de Resolución, en la que propuso que por la Viceconsejera para las Administraciones Públicas, se sancione a D. Prudencio A. Acosta Padrón, titular de la empresa operadora nº 295, con multa de cien mil pesetas, por apreciarse infracción a lo dispuesto en el artº. 30.1.d) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo.
5º) Que dentro del plazo concedido al efecto, el interesado no ha formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, pese a serle notificada la misma mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 82, de 30 de junio de 1995. II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17.7.89), y 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90).
Segunda.- De conformidad con lo previsto en el artº. 5 y Disposición Adicional Séptima del Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con lo dispuesto en los artículos 9.1 y 2.a) del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, y en los artículos 1 y 5 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por el citado Decreto 187/1995, de 20 de julio, la Viceconsejería de Administración Pública es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- Que el procedimiento seguido en la tramitación de este expediente, se ajusta a lo dispuesto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo; no presentándose por el interesado los correspondientes descargos y alegaciones, y procediéndose a resolver el mismo conforme a lo establecido en el artº. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en el artº. 30.1.d) del referido Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que todas las máquinas a que se refiere el citado Reglamento, que se encuentren en explotación deberán llevar necesariamente incorporado a las mismas y de forma visible desde el exterior, entre otros, el justificante de pago de la Tasa Fiscal del Juego, incorporación que se efectuará en la parte frontal o lateral de la máquina.
Quinta.- De acuerdo con lo previsto en el artº. 41.3 del citado Reglamento, la infracción debe calificarse de leve (la carencia en la máquina recreativa del distintivo correspondiente al pago de la Tasa Fiscal del Juego), correspondiéndole una sanción de cien mil pesetas, a tenor de lo preceptuado en el artº. 42 del mismo texto reglamentario, en relación con el artº. 22 de la referida Ley.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Sancionar a D. Prudencio A. Acosta Padrón, como titular de la empresa operadora nº 295, con multa de cien mil pesetas, por haberse comprobado que en el establecimiento Bar San Salvador, sito en San Matías, Avenida San Matías, 48, La Laguna, se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo B, TF-B-6.904, que, en el momento de la inspección, carece de los distintivos correspondientes al pago de la Tasa Fiscal del Juego de todo el año 1994.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso ordinario, ante el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, en el plazo de un mes, contado desde la publicación del presente anuncio, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de 1995.- El Viceconsejero de Administración Pública, Ángel Marrero Alayón.
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