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BOC Nº 161. Miércoles 20 de Diciembre de 1995 - 3398

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

3398 - RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 1995, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, sobre notificación de Resoluciones a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra los mismos por infracción a la normativa turística, y conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

Las Resoluciones que se notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

1) Resolución de 23 de agosto de 1995, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 94/240 instruido a Zypsatur, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Tuscán.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Zypsatur, S.L., por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 16 de noviembre de 1994, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Guillermo Alonso Fernández y D. José Serralvo Muñoz, y del acta de inspección nº 4303, de 15 de septiembre de 1994.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 22 de agosto de 1994, se recibió en esta Consejería denuncia formulada por D. Guillermo Alonso Fernández y D. José Serralvo Muñoz, contra los Apartamentos Tuscán, en la que manifiestan que no pudieron alojarse en dicho complejo, desviándoles a otro establecimiento.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados el 15 de septiembre de 1994, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida del Mar, en Costa Teguise, término municipal de Teguise, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 4303, en la que esencialmente se hace constar que los clientes, no obstante tener reserva confirmada por el establecimiento para los días del 8 al 15 de agosto de 1994, no fueron admitidos en el complejo turístico Tuscán, porque dichos clientes estaban fuera de cupo, de acuerdo al número de alojamientos que tiene contratados con la Agencia Travelplan, según manifestación de D. Pedro Perera Martín, recepcionista del establecimiento de referencia.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), y la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. nº 42, de 11.4.86).

Segunda: que de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 14 del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo (B.O.C. nº 105, de 16.8.93), el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística es el competente para resolver el presente expediente sancionador.

Tercera: que se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el número 94/240, previo nombramiento de Instructor y Secretario.

Cuarta: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 16 de noviembre de 1994, por “haber contratado plazas que exceden la capacidad autorizada al establecimiento de referencia, derivando perjuicios a los clientes”.

Quinta: que la empresa expedientada no ha realizado contestación al Pliego de Cargos.

Sexta: que con fecha 22 de marzo de 1995, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 200.000 pesetas.

Séptima: que la empresa expedientada no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.

Octava: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Novena: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución. Décima: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base a la denuncia formulada por D. Guillermo Alonso Fernández y D. José Serralvo Muñoz y al contenido del acta de inspección nº 4303, de 15 de septiembre de 1994.

Undécima: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artº. 11, nº 4, de la Orden de 15 de septiembre de 1978, sobre régimen de precios y reservas en los alojamientos turísticos, en relación con el artº. 20.b) del Decreto 231/1965, de 14 de enero, con calificación de grave, en base al artículo 9º.h), en relación con el artículo 8º.Ll) y artículo 8º.c), de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. de 11 de abril de 1986).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de doscientas mil (200.000) pesetas a Zypsatur, S.L., con C.I.F. B-35251958, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Tuscán. Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de agosto de 1995.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, p.o., la Viceconsejera de Turismo (Orden de 10 de agosto de 1995; B.O.C. nº 108, de 18.8.95), María Dolores Rodríguez Mejías.

2) Resolución de 23 de agosto de 1995, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 95/017 instruido a María Fernanda Amrhein, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Viena.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a María Fernanda Amrhein, por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 16 de enero de 1995, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Miguel Ángel Rey Santín, y del acta de inspección nº 4708, de 22 de noviembre de 1994.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 24 de octubre de 1994, se recibió en esta Consejería denuncia formulada por D. Miguel Ángel Rey Santín contra la Cafetería Viena, en la que manifiesta que al solicitar la carta de bebidas y comidas, le fue entregada una que figuraba en otro idioma. 2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 22 de noviembre de 1994, se personó en el establecimiento de referencia, sito en el Centro Comercial Cita, locales 298 y 299 en Playa del Inglés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 4708, en la que esencialmente se hace constar que dicho establecimiento carecía del Libro de Inspección, no tenía expuesto al público, en el interior ni en el exterior del establecimiento, los precios de los productos autorizados por el órgano competente, y percibía precios superiores a los autorizados, entre otros, los siguientes: cerveza tropical, café capuchino, etc.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), y la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. nº 42, de 11.4.86).

Segunda: que de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 14 del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo (B.O.C. nº 105, de 16.8.93), el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística es el competente para resolver el presente expediente sancionador.

Tercera: que se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el número 95/017, previo nombramiento de Instructor y Secretario.

Cuarta: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 16 de enero de 1995, por “no haber comunicado a la Administración turística canaria los precios que rigen en la prestación de los servicios, entre otros (cerveza tropical, café capuchino con nata, coca-cola), toda vez que percibe precios superiores a los notificados. Carecer en el establecimiento del Libro de Inspección. No exhibir, tanto en el interior como en el exterior del establecimiento, las relaciones de servicios y precios aplicados”.

Quinta: que la expedientada no ha realizado contestación al Pliego de Cargos.

Sexta: que con fecha 27 de marzo de 1995, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 50.000 pesetas.

Séptima: que la expedientada no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución. Octava: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Novena: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Décima: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a la denuncia formulada por D. Miguel Ángel Rey Santín y al contenido del acta de inspección nº 4708, de 22 de noviembre de 1994.

Undécima: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción al artº. 27.1 de la Orden Ministerial de 18 de marzo de 1965, modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 4º. Artº. 12.4 de la Orden Ministerial de 18 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de cafeterías. Artº. 10.1 de la Orden de 18 de marzo de 1965, modificada por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 3º, con calificación de leve, en base al artículo 8º.d) y f), en relación con el artículo 7º.d) y artículo 7º.a) de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. de 11 de abril de 1986).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas a María Fernanda Amrhein, con D.N.I. nº X0174450H, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Viena. Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de agosto de 1995.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, p.o., la Viceconsejera de Turismo (Orden de 10 de agosto de 1995; B.O.C. nº 108, de 18.8.95), María Dolores Rodríguez Mejías.

3) Resolución de 23 de agosto de 1995, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 95/101 instruido a Pachá Las Palmas, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Discoteca Pachá.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Pachá Las Palmas, S.A., por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 4 de abril de 1995, como consecuencia de la denuncia formulada por Dña. Dolores R. T., y del acta de inspección nº 4767, de 11 de enero de 1995.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado. Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 10 de octubre de 1994, se recibió en esta Consejería denuncia formulada por Dña. Dolores R. T., contra el Bar Discoteca Pachá, en la que manifiesta que les impidieron la entrada y que solicitaron las Hojas de Reclamaciones, las cuales no les fueron facilitadas.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 11 de enero de 1995, se personó en el establecimiento de referencia, sito en calle Simón Bolívar, 3, Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 4767, en la que esencialmente se hace constar que según manifestación de D. Héctor Gutiérrez Calderín, Director de Sala, se les negó la entrada a los denunciantes porque su vestimenta era inadecuada para la imagen del local. Dicho establecimiento anuncia, mediante cartel, lo siguiente “Se ruega vestimenta adecuada, artº. 59.1.E), Decreto de 27 de agosto, del Reglamento General de Policía, Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas”. Asimismo, manifiesta que le negó las Hojas de Reclamaciones ya que no había consumido ningún producto en el local y tampoco utilizado sus servicios correspondientes.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), y la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. nº 42, de 11.4.86).

Segunda: que de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 14 del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo (B.O.C. nº 105, de 16.8.93), el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística es el competente para resolver el presente expediente sancionador.

Tercera: que se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el número 95/101, previo nombramiento de Instructor y Secretario.

Cuarta: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 4 de abril de 1995, por “no facilitar a su clienta Dña. Dolores R. T. la Hoja de Reclamación a solicitud de ésta, según consta en el acta de inspección nº 4676, de 11 de enero de 1995”. Quinta: que la empresa expedientada ha realizado contestación al Pliego de Cargos, en la que en síntesis alega que las Hojas de Reclamaciones no estaban a disposición, toda vez que el encargado del local, dicho día, no tenía acceso a dicha documentación porque en esas fechas se estaba procediendo a la obtención de nuevas hojas. Por último señalar que no se ha tenido en cuenta el hecho de que el titular no detenta antecedentes de análoga naturaleza.

Sexta: que con fecha 16 de junio de 1995, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 15.000 pesetas.

Séptima: que la expedientada no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.

Octava: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Novena: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Décima: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a la denuncia formulada por Dña. Dolores R. T. y al contenido del acta de inspección nº 4767, de 11 de enero de 1995, sin que las alegaciones vertidas por dicha empresa desvirtúen el hecho infractor pues los establecimientos deben estar en posesión de las Hojas de Reclamaciones, para poder facilitarlas a sus clientes cuando éstos las soliciten, si bien el Instructor, en el momento de formular la Propuesta de Resolución, ha tenido en cuenta las circunstancias expresadas en dichas alegaciones, atenuando la calificación dada en el Pliego de Cargos.

Undécima: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artº. 2.1 de la Orden de 13 de noviembre de 1986, de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, con calificación de leve, en base al artículo 8º.f) en relación con el artículo 7º.d) de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. de 11 de abril de 1986).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de quince mil (15.000) pesetas a Pachá Las Palmas, S.A., con C.I.F. A-35205590, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Discoteca Pachá Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de agosto de 1995.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, p.o., la Viceconsejera de Turismo (Orden de 10 de agosto de 1995; B.O.C. nº 108, de 18.8.95), María Dolores Rodríguez Mejías.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de noviembre de 1995.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

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