BOC - 1995/151. Lunes 27 de Noviembre de 1995 - 3176

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3176 - RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 1995, de la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, sobre notificación a Dña. Neida Cruz Cubas, de la Resolución dictada en expediente de infracción urbanística.- Expte. nº 537/95.U.

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No habiéndose podido notificar a Dña. Neida Cruz Cubas, en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución dictada en el expediente tramitado en esta Dirección General con referencia 537/95.U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a Dña. Neida Cruz Cubas la Resolución dictada por el Ilmo. Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental nº 252, de fecha 21 de septiembre de 1995, en el expediente 537/95.U, instruido en esta Dirección General, y que dice textualmente:

“Vistos los datos obrantes en este Centro Directivo, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar conocido por El Cabezo, en el término municipal de Vallehermoso, se vienen realizando, en suelo calificado como rústico, obras de edificación consistentes en la construcción de una vivienda de unos 48 m2 de superficie, promovidas por Dña. Neida Cruz Cubas, sin la previa autorización de la Dirección General de Urbanismo que le habilite para obtener la preceptiva licencia municipal, conforme se establece en la Ley 5/1987, de 7 de abril, de Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias, estimándose el coste de las obras ejecutadas en 2.229.120 pesetas, según valoración que se adjunta.

Segundo.- Con fecha 12 de julio de 1995 se requirió al Ayuntamiento de Vallehermoso para que adoptara las medidas de disciplina urbanística procedentes, en uso de sus competencias, sin que dicho requerimiento haya sido cumplimentado. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

De acuerdo con el artículo 252 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y el artículo 47.2 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, transcurrido el plazo de un mes sin que el Ayuntamiento haya atendido el requerimiento de la Dirección General de Urbanismo, procede la subrogación de este Centro Directivo en las competencias municipales.

II

Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de infracción urbanística, tipificada en el artículo 37.2.b) de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, calificada de grave en el artículo 38 y sancionada en el artículo 55 del mismo texto legal con multa del 50% al 100% del valor de la obra ejecutada y en función de las circunstancias que concurran al caso, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente, pudiendo ser reducido el importe de la sanción al 10% del valor de lo ejecutado, si las obras resultaran legalizables (artículo 56 de la referida Ley 7/1990, de 14 de mayo).

III

En virtud de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, en relación con el Decreto 107/1995, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, modificado por Decreto 273/1995, de 11 de agosto, es competente esta Dirección General para dictar la presente Resolución, así como para iniciar, instruir y resolver el correspondiente expediente sancionador.

Por todo ello,

R E S U E L VO:

Primero.- La subrogación de esta Dirección General en las competencias municipales en orden a adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística.

Segundo.- Ordenar la suspensión inmediata de las obras objeto de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, y con el artículo 248.1 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, advirtiéndose que, de continuarse la ejecución de las mismas, se procederá a adoptar las medidas necesarias, recogidas en el artículo 23 de la citada Ley 7/1990, a fin de garantizar la total interrupción de la actividad, así como a dar traslado de los hechos a la Fiscalía por ser presuntamente constitutivos del delito de desobediencia, tipificado en el artículo 237 del Código Penal, pudiéndose asimismo, en orden a garantizar dicha medida, precintar las obras, una vez transcurrido el plazo de tres días a partir de la notificación de la presente, plazo que se le concede a efectos de poder retirar cuantos útiles y bienes le sean necesarios.

Tercero.- Requerir a la interesada para que solicite en el plazo de un mes la oportuna autorización de la Dirección General de Urbanismo, tal como se regula en la citada Ley Territorial 5/1987, de 7 de abril, como trámite previo a la obtención de la preceptiva licencia municipal de obras, advirtiéndole que de no resultar compatibles con la ordenación vigente, este Centro Directivo podrá acordar la demolición de las obras que resultaran ilegales, conforme establece el artículo 24 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, en relación con el artículo 248.1.a) del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio.

Cuarto.- a) Incoar expediente sancionador a Dña. Neida Cruz Cubas en calidad de promotora de las obras, como presunta responsable de una infracción a la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial.

b) Nombrar Instructor y Secretario a las funcionarias Dña. Olga Sánchez-Pinto y a Dña. Ángeles Bouza Cruz, respectivamente, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Significarle que dispone de un plazo de quince (15) días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse, según establece el artículo 13.8 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

d) Significarle, asimismo, que si reconociera su responsabilidad o no presentase alegaciones en el plazo establecido, se podrá entender concluida la instrucción del expediente, considerándose el presente escrito como Propuesta de Resolución, a cuyo efecto dispondrá de un plazo de audiencia de quince días para alegar cuanto considere conveniente en su defensa, así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993 anteriormente mencionado.

Notifíquese la presente Resolución a los nombrados Instructor y Secretario, así como a la interesada y al Ayuntamiento.” 2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 1995.- El Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, Aurelio Ayala Fonte.



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