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BOC Nº 150. Viernes 24 de Noviembre de 1995 - 3141

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Turismo y Transportes

3141 - RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 1995, de la Dirección General de Transportes, por la que se notifica la Resolución de 25 de octubre de 1995, relativa al recurso de revisión interpuesto por D. Manuel González Pérez.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Manuel González Pérez la Resolución de 25 de octubre de 1995, que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de revisión, expediente nº GC-1561-O-94, interpuesto contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones, de fecha 9 de febrero de 1995.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de noviembre de 1995.- El Director General de Transportes, Antonio Betancort González.

A N E X O

Resolución por la que se resuelve el recurso de revisión interpuesto por D. Manuel González Pérez.

Visto el recurso de revisión formulado por D. Manuel González Pérez, contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, de fecha 9 de febrero de 1995, recaída en el expediente sancionador nº GC-1561-O-94, y teniendo a la vista los siguientes:

Resultando que como consecuencia de denuncia de la Guardia Civil se incoó expediente sancionador por carecer de tarjeta de transportes en servicio público de mercancías (vehículo ligero).

Resultando que contra D. Manuel González Pérez, titular del vehículo denunciado, se dictó Resolución sancionadora el 2 de febrero de 1995 (nº de registro de salida 657, de 9 de febrero de 1995), imponiéndose sanción por una cuantía de 50.000 pesetas en virtud de los artículos 90 y 140.a) en relación con el artº. 141.o) LOTT, artículos 41 y 197.a) en relación con el artº. 1989.p) Real Decreto 1.211/1990.

Resultando que tras haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso administrativo ordinario, sin que por parte del denunciado se hiciera uso de este derecho, devino la Resolución sancionadora en firme y definitiva, dándose traslado a la Consejería de Economía y Hacienda para que efectuara el cobro de la sanción.

Resultando que por D. Manuel González Pérez, se ha interpuesto recurso extraordinario de revisión en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta alegando, en síntesis, que adjunta la documentación, solicitud de autorización, tarjeta de transportes y los requisitos exigidos para su obtención. Considerando que el Director General de Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso, según lo establecido en el artº. 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, y artº. 8 del Decreto 62/1993, de 13 de abril, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Considerando que se ha comprobado que en la fecha anterior a la denuncia se había solicitado la correspondiente tarjeta de transportes para el vehículo GC-7793-BL, aportando toda la documentación necesaria para la obtención de la misma.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

D I S P O N G O:

Estimar el presente recurso y revocar la Resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres de fecha 2 de febrero de 1995 (nº de registro de salida 657, de 9 de febrero de 1995).

Contra la presente Resolución cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

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