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Habiendo sido intentada sin que se pudiera practicar la notificación de la Resolución del recurso ordinario, recaída en el expediente sancionador S-17/93, mediante carta certificada con acuse de recibo al domicilio consignado, y siendo necesario notificarle dicho trámite al ser parte interesada, y conforme a lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92, R. 1992, 2.512), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, R E S U E L V O:
Notificar a la entidad mercantil Forjados Canarios, S.A. la Resolución de 29 de junio de 1995, recaída en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:
Desestimar las alegaciones y pretensiones aducidas por D. Honorio Umpiérrez Fuentes, actuando en representación de Forjados Canarios, S.A., y por la Comunidad de Propietarios del Edificio Jacaranda en sus recursos ordinarios contra Resolución de la Dirección General de Vivienda de 4 de julio de 1994, por ser el acto recurrido plenamente ajustado a Derecho, procediendo su confirmación por la presente.
Este acto agota la vía administrativa. Contra el mismo cabe deducir recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación, previa comunicación a este Departamento, conforme exige el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de septiembre de 1995.- El Director General de Vivienda, José María Senante Mascareño.
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