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BOC Nº 148. Lunes 20 de Noviembre de 1995 - 2259

III. OTRAS RESOLUCIONES - C.Política Territorial

2259 - RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 1995, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, relativo al Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de El Paso (La Palma).

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En aplicación de la legislación vigente, por la presente,

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, de sesión de 26 de octubre de 1995, relativo al Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de El Paso (La Palma), que se adjunta como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 1995.- El Director General de Urbanismo, Félix Rodríguez de la Cruz.

A N E X O

La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 26 de octubre de 1995, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

“Visto el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias del Planeamiento del municipio de El Paso, isla de La Palma.

Resultando que la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en la sesión celebrada el 23 de febrero de 1995, acordó suspender la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias a fin de que se efectuasen las subsanaciones que en el propio Acuerdo constan.

Resultando que la propia Comisión, en sesión celebrada el 10 de mayo de 1995, adoptó Acuerdo de mantenimiento de la suspensión de aprobación, toda vez que el Texto Refundido realizado por el Ayuntamiento no subsanaba todos los reparos señalados en el Acuerdo anterior, al mantener los S.A.U. 4, 5 y 6 que debían incorporarse al suelo rústico.

Resultando que se ha tenido conocimiento de un hecho de carácter relevante como es la interposición de recurso ordinario contra la Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha 16 de febrero de 1995, que contiene la Declaración de Impacto Ecológico de las Normas Subsidiarias municipales.

Considerando que la desclasificación de los S.A.U. 4, 5 y 6 ordenada por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias se basó fundamentalmente en la Declaración de Impacto aludida que incluia entre sus condicionantes la desclasificación de los indicados S.A.U.

Considerando que el Acuerdo últimamente citado ordenó al Ayuntamiento practicar una nueva información pública respecto de la desclasificación de los suelos aptos para urbanizar 4, 5 y 6, que se realizó mediante acuerdo plenario de 28 de julio de 1995, habiéndose presentado alegaciones que pretenden la reconsideración de lo acordado sobre los S.A.U. mencionados y obligan a la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias a un estudio pormenorizado, máxime teniendo en cuenta que la Corporación municipal no se ha pronunciado sobre las mismas cuando fueron sometidas a su conocimiento.

Considerando que resolver sobre la clasificación de los S.A.U. 4, 5 y 6 sin antes dictar pronunciamiento sobre el recurso interpuesto contra la Declaración de Impacto no parece aconsejable, ya que su hipotética estimación no produciría efectos concretos.

Considerando que dejar pendiente el pronunciamiento sobre el Texto Refundido en su globalidad ocasionaría a la Corporación municipal y a los ciudadanos unos perjuicios evidentes por el retraso en la entrada en vigor del nuevo planeamiento, sobre todo si se tiene en cuenta que las Normas Subsidiarias están llamadas a sustituir a un Plan General de la Ley del Suelo de 1956.

Por todo ello, la Comisión acuerda:

Primero.- Aprobar definitivamente el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias del Planeamiento del municipio de El Paso, isla de La Palma, exceptuando de tal aprobación el ámbito de los S.A.U. 4, 5 y 6 propuestos por el Ayuntamiento en el acto de aprobación provisional, cuya clasificación y ordenación quedan en suspenso, ya que su exclusión del suelo apto para urbanizar se hizo en base fundamentalmente a la Declaración de Impacto Ecológico dictada por la Viceconsejería de Medio Ambiente el 16 de febrero de 1995, Declaración que ha sido recurrida en el ejercicio de la acción pública conferida por el artículo 39 de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico y se encuentra pendiente de resolución.

Segundo.- Mantener la suspensión de la aprobación de la clasificación del S.A.U. 7, toda vez que la misma se produjo en la aprobación provisional acordada por el Ayuntamiento, al aceptarse una alegación presentada en la información pública, clasificación que no fue analizada por el Cabildo Insular a quien se le dio traslado del documento inicialmente aprobado ni por el Estudio de Impacto Ecológico promovido por la Corporación municipal y sobre la que debe dictarse pronunciamiento al resolver el recurso interpuesto contra la Declaración de Impacto.

Tercero.- Desestimar la alegación formulada con la pretensión de que se clasifique como suelo urbano la U.A.7 contemplada en el documento aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento y consecuentemente clasificar su superficie como S.A.U. 8, tal y como figura en el Texto Refundido remitido por la Corporación municipal y ello porque la reseñada alegación no debe ser admitida ni tenida en cuenta ya que su cambio de clasificación por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias no fue objeto de la última información pública realizada, y, fundamentalmente, porque es evidente que tal suelo no cumple ninguno de los requisitos del artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

Cuarto.- Aceptar el cambio de calificación de la parcela de 10.500 metros cuadrados, situada junto al Campo de Fútbol municipal, de Equipamiento Deportivo a Docente.

Quinto.- La aprobación definitiva acordada en el apartado primero determinará la entrada en vigor de las Normas Subsidiarias del Planeamiento, una vez se efectúen las publicaciones que previenen las legislaciones urbanísticas y de régimen local.”

Contra el presente Acuerdo que se notifica, a reserva de la aprobación del acta de la sesión, cabe recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, previa la comunicación a la Consejería de Política Territorial exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

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