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BOC Nº 146. Miércoles 15 de Noviembre de 1995 - 3061

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Política Territorial

3061 - RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 1995, de la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, sobre notificación a D. Cirilo Quintero Padrón, de la Resolución dictada en expediente sancionador.- Expte. nº 551/95.C.

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No habiéndose podido notificar a D. Cirilo Quintero Padrón, en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución nº 234, de fecha 13 de septiembre de 1995, dictada en el expediente tramitado en esta Dirección General con referencia 551/95.C, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Cirilo Quintero Padrón la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental nº 234, de fecha 13 de septiembre de 1995, en el expediente 551/95.C, instruido en esta Dirección General, y que dice textualmente:

“Vistos la denuncia formulada de oficio e informe de los Servicios Técnicos de este Centro Directivo y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Que de los datos obrantes en esta Dirección General se le atribuye a D. Cirilo Quintero Padrón la realización de obras no autorizadas en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, consistentes en la construcción de vivienda de una planta de altura de 120 m2 aproximadamente de superficie, con cubierta a dos aguas y forrado exterior de piedra, en el lugar conocido por Las Playesillas, término municipal de Valverde, sin la preceptiva autorización conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, estimándose el valor de las mismas en 6.192.000 pesetas, según valoración que se adjunta.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I. Que conforme a lo establecido en el artículo 21 del Decreto 273/1995, de 11 de agosto, por el que se modifica el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, es competencia de esta Dirección General la tramitación de expedientes sancionadores por infracción a la vigente Ley de Costas, siendo competentes para su resolución los Órganos a que se refiere el citado Decreto en sus artículos 19.2 y 21.2.

II. Que dicha actuación no está legitimada por la autorización administrativa prevista en el artículo 26 de la Ley de Costas, por lo que presuntamente se ha incurrido en una infracción administrativa tipificada en el artículo 90.c), calificada de grave en el artículo 91.2.e) del citado cuerpo legal, sancionada en el artículo 97 del mismo, con multa del 25% del valor de las obras o instalaciones, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

Por todo lo expuesto y en virtud de las competencias que me han sido conferidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir al interesado para que solicite en el plazo de quince días la oportuna legalización de las obras conforme al artículo 26 de la vigente Ley de Costas ante este Centro Directivo, a cuyos efectos se adjuntan impresos de solicitud, advirtiéndole que de no cumplimentar el antedicho requerimiento o de resultar las obras ilegalizables, esta Dirección General podrá acordar la demolición de las mismas conforme establecen los artículos 95.1 y 107.4 de la vigente Ley de Costas.

Segundo.- Iniciar expediente sancionador frente a D. Cirilo Quintero Padrón en su calidad de promotor de las obras como presunto responsable de una infracción administrativa a la Ley de Costas por los hechos anteriormente relacionados.

Tercero.- Designar Instructora y Secretaria de este expediente sancionador a las funcionarias afectas a este Organismo, Dña. Olga Sánchez-Pinto y Dña. Ángeles Bouza Cruz, respectivamente, lo que se le comunica a los efectos oportunos, pudiendo ejercer el derecho de recusación en cualquier momento del procedimiento por los motivos señalados en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico para su conocimiento, significándole que dispone de un plazo de quince (15) días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse según establecen los artículos 3 y 16 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a cuyos efectos tendrá de manifiesto el expediente administrativo en esta Dirección General.

Si reconoce su responsabilidad o no presenta alegaciones, podrá entenderse concluida la instrucción del expediente, considerándose el presente escrito como Propuesta de Resolución (artículos 8 y 13.2 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto).

La sanción podrá reducirse a la mitad si durante el procedimiento corrige la situación ilegal creada por los hechos que se le imputan, mediante la demolición voluntaria de las obras o bien mediante la legalización de las mismas.

Notifíquese la presente Resolución a los nombrados Instructor y Secretario, así como al expedientado, Ayuntamiento, Demarcación de Costas y demás interesados.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de octubre de 1995.- El Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, Aurelio Ayala Fonte.

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