Habiendo sido intentada la notificación de la Providencia de cambio de Instructor y Propuesta de Resolución en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 64/95, incoado por esta Viceconsejería a D. Pedro Luján Hernández, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
PROVIDENCIA
Por ausencia del Instructor del expediente administrativo sancionador nº 64/95, Dña. Aurora La Serna Ramos, se procede con esta fecha al nombramiento de nuevo Instructor, recayendo éste en Dña. Antonia María Estévez Mesa, funcionaria de esta Viceconsejería de Administración Pública, debiendo notificarse al interesado a los efectos de recusación previstos en el artº. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
De las actuaciones practicadas y antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, y teniendo en cuenta los siguientes,
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 15 de mayo de 1995, fue levantada acta de infracción por funcionarios de la Policía Nacional, dando cuenta que ese mismo día se encontraba en Santa Cruz de Tenerife, calle Castillo, a las diez treinta horas, D. Pedro Luján Hernández, realizando la actividad prohibida denominada juego de los triles, en plena vía pública, interviniéndosele los siguientes efectos: tres cartas de baraja española, así como la cantidad de dos mil pesetas.
2º) Mediante Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, de fecha 18 de mayo de 1995, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la vigente normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el correspondiente Pliego de Cargos al interesado.
3º) Notificado el anterior, por el inculpado y en el plazo concedido al efecto no se presentaron alegaciones, pese a serle notificada la misma en debida forma, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 85, de 7 de julio de 1995, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85).
Segunda.- Que de conformidad con lo previsto en el artº. 5 y Disposición Adicional Séptima del Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artº. 8.5.b) del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 7 de la Ley 34/1987, de 26 de noviembre, de potestad sancionadora de la Administración Pública en materia de juegos de suerte, envite o azar.
Cuarta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en los artículos 5 y concordantes de la citada Ley 6/1985, de 30 de diciembre.
Quinta.- De acuerdo con lo previsto en el artº. 21.2.1.k) de la citada Ley 6/1985, de 30 de diciembre, la infracción debe calificarse de muy grave, procediendo sancionar con multa de un millón de pesetas, a tenor de lo preceptuado en el artº. 22 de la referida Ley.
En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de ocho días hábiles pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artº. 7.2.d) de la citada Ley 34/1987, de 26 de noviembre.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de octubre de 1995.- El Viceconsejero de Administración Pública, Ángel Marrero Alayón.
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