Estando actualmente en tramitación en esta Dirección General de Obras Públicas, expediente referente al procedimiento de recuperación de oficio de la posesión de bienes de dominio público relativo a los terrenos ocupados con motivo de la ejecución de la 2ª fase de la Vía de Ronda de San Cristóbal de La Laguna, tramo Lomo Largo-Carretera TF-121, y en el cumplimiento de lo dispuesto por el artº. 298.2 del Decreto Territorial 133/1988, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 154, de 2 de diciembre), se hace público el informe justificativo de 21 de septiembre de 1995, de la iniciación del procedimiento de recuperación de oficio antes aludido, cuyo tenor literal es el siguiente:
Informe justificativo de la iniciación del procedimiento de recuperación de oficio de la posesión de bienes de dominio público.
Examinado el expediente que se tramita en esta Dirección General de Obras Públicas relativo a la recuperación de oficio de la posesión de los terrenos ocupados con motivo de la ejecución de la 2ª fase de la Vía de Ronda de San Cristóbal de La Laguna, tramo Lomo Largo-Carretera TF-121 y teniendo en cuenta las siguientes ALEGACIONES
Primera.- Que con motivo de la ejecución de las obras del Proyecto de Construcción de la 2ª fase de la Vía de Ronda de San Cristóbal de La Laguna, tramo Lomo Largo-Carretera TF-121, se ha constatado por el contratista y por los Técnicos de este Departamento, que se ha producido un asentamiento de determinadas personas con tiendas de campaña en varias de las fincas ya expropiadas, así como la constante presencia de personas ajenas a las obras en tales fincas con objeto de dificultar o impedir el normal desarrollo de los trabajos, siendo preciso la continuación de los mismos para la ejecución de tal proyecto, que actualmente no se pueden efectuar debido a tal asentamiento y a los impedimentos citados.
Segunda.- Teniendo en cuenta que el interés público consistente en la pronta terminación de las obras, demanda una rápida actuación por parte de los poderes públicos competentes en la materia, al tratarse de una vía de imperiosa necesidad para la configuración viaria de la zona.
Tercera.- Considerando que la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 en sus artículos 15 y siguientes determina que declarada la utilidad pública o el interés social (cosa que ocurrió en el presente expediente mediante el correspondiente Decreto Territorial del Gobierno de Canarias) la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes afectos al fin de la expropiación.
Cuarta.- El artº. 23 de la Ley 8/1987, de 28 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, prevé que la Comunidad Autónoma puede adquirir bienes y derechos por diversos motivos, previendo el apartado b) la adquisición a título oneroso, con ejercicio o no de la facultad expropiatoria.
Por su parte, el artº. 27 de tal Ley prescribe que la adquisición de bienes y derechos mediante expropiación forzosa se someta a su normativa específica y llevará consigo la afectación a los fines que hubiera determinado la declaración de utilidad pública o interés social.
Quinta.- El artº. 298 del Decreto 133/1988, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, prevé que para la recuperación de oficio de la posesión de los bienes de dominio público se instruya el oportuno expediente por el órgano que tenga a su disposición el bien o derecho recabando los datos oportunos y emitiendo informe justificativo de la incoación del procedimiento de recuperación de oficio. Sexta.- La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, prevé en su artº. 46.1 que cuando las Comunidades Autónomas que, según su Estatuto, puedan crear Cuerpos de Policía, no dispongan de los medios suficientes para el ejercicio de las funciones previstas en el artº. 38.1 y 2.c) de tal Ley, puedan recabar a través de las Autoridades del Estado, el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado correspondiendo en su caso a las autoridades gubernativas estatales la determinación del modo y forma de prestar el auxilio solicitado, previendo el artº. 38 citado el uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia Comunidad Autónoma.
Séptima.- Considerando las facultades que confiere a esta Dirección General de Obras Públicas el Decreto Territorial 68/1986, de 18 de abril, por el que se regula la estructura y formas de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, se emite el presente informe justificativo de la iniciación del procedimiento de recuperación de oficio del bien de dominio público, relativo a las fincas ocupadas por la ejecución de las obras a que se ha hecho referencia al comienzo del mismo, y en su virtud se propone que se adopten las siguientes medidas:
1) La iniciación del expediente de recuperación de oficio de los bienes de dominio público ocupados por la ejecución de las obras de la 2ª fase de la Vía de Ronda de San Cristóbal de La Laguna, tramo Lomo Largo-Carretera TF-121.
2) Dar traslado del expediente a los interesados afectados.
3) Solicitar el auxilio de las Fuerzas de Seguridad del Estado, al objeto de que insten el abandono voluntario de las personas acampadas en las fincas objeto del presente expediente, y en su caso se adopten las medidas oportunas para efectuar el lanzamiento a su costa, así como la constante presencia de la fuerza pública al objeto de que las personas ajenas a las obras abandonen las fincas donde se ejecutan los trabajos del proyecto de referencia no entorpeciendo su normal desarrollo y ejecución.
4) Comunicar el presente expediente a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias a los efectos que procedan.
Lo que se hace público para que, por término de ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación, cualquier persona interesada que se considere afectada formule las alegaciones que considere convenientes.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de noviembre de 1995.- El Director General de Obras Públicas, Adolfo Hoyos-Limón Gil.
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