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Visto el Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo, que estableció un régimen de ayudas para fomentar inversiones en explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en las zonas rurales, y vista la Orden de la Consejería de Política Territorial de 14 de marzo de 1995, por la que se regulan las bases generales para la concesión de subvenciones con destino a la forestación de fincas agrarias abandonadas (B.O.C. nº 44, de 10 de abril).
Considerando que conforme dispone el artículo 1 de esta Orden las subvenciones que se otorguen en materia de forestación de superficies agrarias abandonadas y que conceda anualmente la Consejería de Política Territorial regirán hasta el año 1997, y que con este programa regional se pretende recuperar tierras, antaño dedicadas a la agricultura, para la creación de ecosistemas forestales de especies autóctonas, mediante el desarrollo de una política de forestación de esas tierras agrarias, con especies adecuadas a sus características y al medio natural de las islas, como modo de ampliar la extensión de formaciones vegetales de alto valor natural y mejorar la calidad paisajística de las islas.
Considerando, asimismo, que con este Plan de Forestación se pretende contribuir a la disminución de algunos de los más graves problemas ambientales del Archipiélago, como son el riesgo de erosión y la pérdida de biodiversidad, derivados, en buena medida, de la disminución de las masas forestales autóctonas.
Considerando que la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico establece que por razón de la financiación, se someterá a Evaluación Básica de Impacto Ecológico todo proyecto de obras y trabajos financiado total o parcialmente con fondos de la Hacienda Pública Canaria, salvo, entre otros supuestos, en aquellos casos en que por la resolución que establezca la cooperación o subvención se exceptúe motivadamente. Igualmente se dispone que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno de Canarias podrá excluir del procedimiento de evaluación a un proyecto determinado sobre los que tome acuerdo específico, que será público y razonado, incluyendo en cada caso las previsiones que se estimen necesarias en orden a minimizar el impacto ecológico del proyecto. Habida cuenta que las distintas solicitudes realizadas anualmente por particulares y las Corporaciones locales canarias de subvenciones para forestar tierras agrícolas abandonadas, se acogen todas ellas al Plan Regional de Forestación de tierras agrícolas, elaborado por la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Política Territorial, se hace necesario para una mayor agilidad en la tramitación de las solicitudes, proceder a exonerar del trámite de evaluación de impacto a los expedientes que se tramiten dentro de este Plan.
En todos los casos se dan las suficientes razones de urgente necesidad, ya que las repoblaciones precisan apertura de hoyos con un mes de antelación a la plantación que se realizará en los meses de octubre, noviembre, diciembre y principios de enero según el régimen de lluvias de la temporada invernal. Dado que el sistema en Canarias de plantación forestal es el ahoyado que no requiere roturación de terrenos y que las plantaciones están muy condicionadas a la pluviometría del lugar, debe considerarse que el impacto ambiental que pueda producirse en todos los casos, no es nada significativo.
Considerando lo dispuesto en los artículos 5 y 10.2 de la Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 17 de octubre de 1995,
D I S P O N G O:
Primero.- Excluir de los procedimientos de evaluación de impacto ecológico los proyectos correspondientes al Plan de Forestación de tierras agrícolas abandonadas en Canarias, que se acojan al Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo, por el que se establece un régimen de ayudas para fomentar inversiones en explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en las zonas rurales, modificado por el Real Decreto 2.086/1994, de 20 de octubre, y a la Orden de la Consejería de Política Territorial de 14 de marzo de 1995, por la que se regulan las bases generales para la concesión de subvenciones con destino a la forestación de fincas agrarias abandonadas.
Segundo.- Fijar como previsiones en orden a minimizar el impacto ecológico de dichas forestaciones, las siguientes:
1. No se podrá eliminar la vegetación arbórea o arbustiva existente en el terreno hasta que las nuevas especies hayan adquirido un tamaño suficiente. En cualquier caso, se evaluará cuidadosamente la necesidad de realizar las labores de subsolado y laboreo superficial, especialmente cuando éstas se vayan a realizar sobre terreno que no esté abancalado, donde se recomienda realizar las plantaciones manualmente.
2. Se realizará sólo el ahoyado manual, no pudiéndose realizar ninguna labor de preparación del terreno.
3. Antes del inicio de las plantaciones se deberá comunicar a la Viceconsejería de Medio Ambiente la procedencia del material biológico que se utilizará.
4. No se podrá realizar ninguna pista ni nuevos accesos a la zona, que no estén previamente especificados en el proyecto de forestación y sean imprescindibles para las labores de ahoyado y plantación.
5. Al finalizar las obras de forestación deberán evacuarse del terreno todos los residuos que se generen en éste, tales como cajas para transporte de plantas, herramientas, así como cualquier clase de desperdicio.
6. En su caso, no se podrán eliminar las especies arbóreas existentes en el terreno, limitándose las labores de preparación de éste a una limpieza normal de matorral. Los residuos generados durante la limpieza deberán quedar perfectamente extendidos por la superficie o retirados en su totalidad, no debiendo permanecer amontonados sobre el terreno.
7. El promotor de la forestación y, en su caso, el ejecutor material de la misma, deberá atender in situ a las indicaciones e instrucciones del personal técnico competente de la Viceconsejería de Medio Ambiente, en orden a minimizar el impacto ecológico que pueda producir la misma.
Tercero.- Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, previa comunicación al Gobierno exigida por el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 17 de octubre de 1995.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.
EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL, Antonio Fernando González Viéitez.
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