El artículo 9.o) de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con el 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, atribuye al Presidente del Gobierno la facultad de firmar en nombre de la Comunidad Autónoma de Canarias los convenios de colaboración relativos a asuntos de su Departamento, facultad que, por otra parte, es inherente a su posición como más alto representante de esta Comunidad Autónoma.
Por su parte, el artículo 10.2 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, establece la posibilidad de que el Vicepresidente pueda asumir por delegación funciones que correspondan al Presidente, salvo las especificadas en los artículos 7.c) y 9.c) de dicha Ley.
Considerando que tras la reestructuración de la Administración Pública de esta Comunidad operada por el Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21 de julio), las competencias en materia de justicia y seguridad ciudadana han sido asignadas a la Presidencia del Gobierno, y vienen siendo ejercidas por la Dirección General de Justicia y Seguridad bajo la dependencia jerárquica del Vicepresidente, se considera procedente delegar en éste la firma de los convenios de colaboración que hayan de suscribirse en el área de justicia y seguridad.
En su virtud, y en uso de la atribución que me confieren los artículos 10.2 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma Canaria, y 31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
D I S P O N G O:
Delegar en el Vicepresidente del Gobierno la facultad de firmar en nombre de la Comunidad Autónoma de Canarias los convenios de colaboración en materia de justicia y seguridad.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de octubre de 1995.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.
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