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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por la Dirección General de Comercio y Consumo sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a D. Inocencio González Padrón la Orden de 16 de junio de 1995 (libro 01, folio 22/832), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, recaída en el expediente nº 38-561/94.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de septiembre de 1995.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.
A N E X O
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio por D. Inocencio González Padrón, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 8 de febrero de 1995, recaída en el expediente nº 38-561/94, y que determinó la imposición de una sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas, y
RESULTANDO
Primero: que según inspección practicada por Inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 5 de julio de 1994, en el taller de reparación de vehículos automóviles, propiedad de D. Inocencio González Padrón, sito en la calle Granados, 14, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 35.277 instruida al efecto, procedieron a comprobar la reclamación presentada en la Unión de Consumidores de Santa Cruz de Tenerife, a la que se ha asignado el número de Registro de Inspección 497/94. Expone la reclamante que depositó en el citado taller el vehículo de su propiedad marca Wolswagen, matrícula TF-5541-K, y al recogerlo, observó diversas anomalías como la omisión de cambio y cobro de nuevas piezas de recambio, así como que varios elementos habían sido reemplazados por otros en peor estado.
Con fecha 22 de junio de 1994, la denunciante reiteró su reclamación y adjuntó fotocopia de factura nº 0001090 (Nº de Registro de Inspección 519/94).
En la visita de Inspección referenciada, el Inspector actuante comprobó que los documentos de orden de trabajo no aparecían firmados por los clientes y que, en el caso objeto de la reclamación, dice el compareciente que la reclamante no firmó documento de solicitud o renuncia de presupuesto, si bien sí autorizó la reparación verbalmente.
En visita de Inspección efectuada el día 15 de julio de 1994, cuyos resultados constan en Acta nº 31.688, y en respuesta a una pregunta del funcionario actuante, el propietario del taller reconoce que no posee documento de resguardo de depósito. Se concedió el plazo de diez días hábiles para que presentase la siguiente documentación: documento acreditativo de la inscripción en el Registro Especial de Talleres, documentación original de los repuestos utilizados en la reparación del vehículo matrícula TF-5541-K.
A la vista de las actuaciones precedentes, se comprueba la comisión de las infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios que se detallan a continuación:
1. En la factura número 0001090 no se especifican las horas de trabajo empleadas en la reparación del vehículo.
2. No se entrega a los usuarios resguardo acreditativo de un presupuesto como para llevar a cabo una reparación previamente aceptada.
3. El inculpado no aportó la documentación que le fue solicitada por el Inspector actuante, conducta que supone negativa a colaborar con el Servicio de Inspección y que ha impedido a esta Administración comprobar la veracidad de alguna de las alegaciones vertidas por la denunciante en su escrito de reclamación.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló acuerdo de iniciación en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en los siguientes artículos:
Primer hecho: artº. 13 y artº. 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de Consumidores y Usuarios; y artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en conexión con el artº. 15 y artº. 19.j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
Segundo hecho: artº. 13 y artº. 34, apartado 6, de la Ley 26/1984 (citada), y artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983 (citado), y artº. 14 y artº. 19.j) del Real Decreto 1.457/1986 (citado).
Tercer hecho: artº. 34, apartado 8, de la Ley 26/1984 (citada), y artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas.
Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio, que tiene entrada en este Departamento el día 23 de marzo de 1995, alegando, en síntesis, el recurrente lo siguiente:
1. Que la propietaria del vehículo, en el momento de retirarlo, no realizó ninguna reclamación ni en los días sucesivos, careciendo por tanto de fundamento.
2. Que en relación a la documentación solicitada por el Inspector, no se pudo aportar por carecer de ella, porque el taller fue dado de alta para dicha actividad, no siendo necesaria. Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en los siguientes artículos:
Primer hecho: artº. 13 y artº. 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en conexión con el artº. 15 y artº. 19.j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
Segundo hecho: artº. 13 y artº. 34, apartado 6, de la Ley 26/1984 (citada), y artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983 (citado), y artº. 14 y artº. 19.j) del Real Decreto 1.457/1986 (citado).
Tercer hecho: artº. 34, apartado 8, de la Ley 26/1984 (citada), y artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 18.2.B.m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, en relación con lo dispuesto en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución recurrida, por cuanto que el recurrente se limita a reconocer que no aportó, en el término que le fue concedido, la documentación requerida por el Inspector actuante, sin hacer mención al resto de las infracciones que se le imputan.
Por consiguiente, la no aportación de la documentación solicitada, como señala la Resolución recurrida, supone una negativa a colaborar con el Servicio de Inspección, sancionable a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
De otro lado, de conformidad con el artº. 27.1.a) de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el suministrador de servicios a los consumidores y usuarios responde del origen, identidad e idoneidad de los mismos. Por tanto, al no desvirtuar el recurrente los hechos infractores que se le imputan, habiendo suministrado servicios incumpliendo lo dispuesto en el Considerando segundo, se comprueba la comisión de una infracción leve por parte del mismo.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artº. 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias, ACUERDA:
Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario interpuesto por D. Inocencio González Padrón, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 8 de febrero de 1995, recaída en el expediente nº 38-561/94, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, en funciones, José Vicente León Fernández.
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