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Habiendo sido intentada la notificación de la Propuesta de Resolución en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 52/95, incoado por esta Viceconsejería a Recreativos Flezatic, titular de la empresa operadora nº 348, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
De las actuaciones practicadas y antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, y teniendo en cuenta los siguientes I. ANTECEDENTES
1º) Que en el acta de infracción levantada por funcionarios de la Inspección del Juego, de fecha 19 de abril de 1995, en el establecimiento Bar La Habana, sito en Tejina, calle Carretera El Ramal, Tejina, se denuncia que se encuentran instaladas y en funcionamiento las máquinas recreativas del tipo B, TF-B-6.213 y TF-B-11.952, con los defectos que a continuación se señalan: la TF-B-6.213, Guía de Circulación 692903-D, modelo B-1734, serie D-0024, esta máquina es una Multiball, y tiene una placa de identidad que dice serie D-041, por lo que no coincide con la guía ni con la serie de la máquina. Asimismo, tanto la TF-B-6.213 como la TF-B-11.952 carecen de los Boletines de Instalación para el Bar La Habana, pues aparece en los Boletines Bar Catire. 2º) Mediante Providencia de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de fecha 27 de abril de 1995, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la vigente normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el correspondiente Pliego de Cargos al interesado.
3º) Que dentro del plazo concedido al efecto, el inculpado no formuló los correspondientes descargos, pese a serle notificado el Pliego de Cargos mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 76, de 19 de junio de 1995, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio, y 89/1990, de 23 de mayo.
Segunda.- Que de conformidad con lo previsto en el artº. 5 y Disposición Adicional Séptima del Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artº. 8.5.b) del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente. Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo.
Cuarta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en los artículos 12, 30.1.c) y 31.1.b) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), tipificándose como faltas muy graves, la inexactitud en la máquina de juego de la placa de identidad y la carencia de la autorización administrativa en que consiste el Boletín de Instalación, a tenor de lo dispuesto en el artº. 39, apartados 10 y 6 respectivamente, del referido Decreto, correspondiéndole una multa de dos millones de pesetas por las dos infracciones muy graves cometidas en la máquina TF-B-6.213 y una multa de un millón de pesetas por la infracción muy grave cometida en la máquina TF-B-11.952, que hacen un total de una sanción de tres millones de pesetas, a tenor de lo preceptuado en el artº. 42 del mismo texto reglamentario, en relación con el artº. 22 de la referida Ley.
En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de ocho días hábiles pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artº. 43.1.2.d) del Decreto citado.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de septiembre de 1995.- El Viceconsejero de Administración Pública, Ángel Marrero Alayón.
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