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Habiendo sido intentada la notificación de la Propuesta de Resolución en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 23/95, incoado por esta Viceconsejería a Recreativos Flezatic, titular de la empresa operadora nº 348, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
De las actuaciones practicadas y antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, y teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que en el acta de infracción levantada por funcionarios de la Inspección del Juego, de fecha 17 de marzo de 1995, en el establecimiento Bar San Benito, sito en La Laguna, calle Marqués de Celada, 99, se denuncia que se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo B, modelo nº B-1950, serie 053, que en el momento de la inspección carece de todo tipo de documentación, solamente lleva incorporada la placa de identidad.
2º) Que en el mismo acto de inspección y por el Inspector del Juego actuante, se procedió al precinto cautelar de la citada máquina recreativa del tipo B, medida que es ratificada mediante Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de 23 de marzo de 1995.
3º) Mediante Providencia de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de la misma fecha, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la vigente normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el correspondiente Pliego de Cargos al interesado.
4º) Con fecha 13 de abril de 1995, tiene entrada en estas dependencias escrito de D. Miguel Zamora Acosta, solicitando el desprecinto de la citada máquina recreativa ya que con esa misma fecha le fueron diligenciados la correspondiente Guía de Circulación y el Boletín de Instalación para el establecimiento Bar San Benito.
5º) Mediante Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de 17 de abril de 1995, se procede a levantar la medida cautelar de precinto adoptada en la citada máquina recreativa, sin perjuicio de que continúe el expediente administrativo sancionador en trámite nº 23/95.
6º) Notificado el Pliego de Cargos, por el inculpado y en el plazo conferido para ello formuló los correspondientes descargos, manifestando en síntesis que con fecha 16 de marzo de 1995, se presentó la documentación pendiente de tramitación de la máquina tipo B, modelo Lucky Splash, serie 950, número 53, suscrita por el titular de la empresa operadora propietaria de la máquina José Miguel Zamora Acosta, con el fin de proceder a la instalación de la misma en el Bar San Benito. Asimismo, manifiesta que, al no existir impedimento alguno por parte de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas en el momento de la presentación de dicha documentación, se dio por entendido que en un plazo de dos o tres días la tendrían en su poder, y al ver que se demoraba se procedió a su instalación con la instancia cuñada por la Administración, y debidamente abonados sus impuestos.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio, y 89/1990, de 23 de mayo.
Segunda.- De conformidad con lo establecido en el artº. 8.5.b) del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, el Consejero de Presidencia y Turismo es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo.
Cuarta.- No se admiten los descargos formulados por el interesado, toda vez que los mismos no desvirtúan los hechos imputados ni su correspondiente calificación jurídica, por cuanto en el momento de la inspección la máquina recreativa denunciada carecía de la preceptiva documentación y se encontraba instalada y en funcionamiento sin tener diligenciada la misma. En cuanto a la alegación sobre la tardanza por parte de la Administración en su tramitación, la misma no fue debida a causa imputable a la misma, sino a la propia empresa operadora, pues en el momento en que se presentó la documentación de la máquina a diligenciar se encontraban en el Bar San Benito donde se pretendía instalar dos máquinas recreativas, por lo que la citada documentación no se podía tramitar, sin que el hecho de que la mera presentación de la documentación en la Administración y su admisión a trámite permita presumir que las autorizaciones estaban concedidas. Quinta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en los artículos 11, 12, 30.1.b), 31.1.b), c) y d) y 44 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), tipificándose como faltas muy graves, la explotación de máquinas de juego que carezcan de la autorización de explotación (carencia de la Guía de Circulación), la carencia de la autorización administrativa en que consiste el Boletín de Instalación y como falta grave, la falta de entrega por la empresa operadora al titular del establecimiento en que esté instalada la máquina de la documentación o libros a conservar en el local, a tenor de lo dispuesto en los artículos 39, apartados 2 y 6, y 40.4 del referido Decreto, correspondiéndole una multa de un millón de pesetas por cada una de las infracciones muy graves y una multa de cien mil pesetas por la falta grave, que hacen un total de una sanción de dos millones cien mil pesetas, a tenor de lo preceptuado en el artº. 42 del mismo texto reglamentario, en relación con el artº. 22 de la referida Ley.
En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de ocho días hábiles pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artº. 43.1.2.d) del Decreto citado.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de septiembre de 1995.- El Viceconsejero de Administración Pública, Ángel Marrero Alayón.
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