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Habiendo sido intentada la notificación de la Orden del Consejero de Presidencia y Turismo, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 62/94, incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas a Dña. María Jesús Méndez Prieto, titular de la empresa operadora nº 267, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
ORDEN
Examinado el expediente nº 62/94, tramitado por la Instrucción de Expedientes Sancionadores de esta Viceconsejería para las Administraciones Públicas, incoado a Dña. María Jesús Méndez Prieto, titular de la empresa operadora nº 267, por infringir la normativa sobre el juego.
Vista la propuesta formulada por la Viceconsejera para las Administraciones Públicas.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que en el acta de infracción levantada por funcionarios de la Inspección del Juego de fecha 13 de mayo de 1994, en el establecimiento Bar Aida, sito en Buenavista del Norte, calle Alhóndiga, 11, se denuncia que se encuentra instalada y en funcionamiento en el momento de la inspección, la máquina recreativa del tipo A, TF-A-7342, careciendo del preceptivo Boletín de Instalación.
2º) Que mediante Providencia dictada por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de fecha 19 de mayo de 1994, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado.
3º) Que dentro del plazo concedido al efecto, el inculpado no formuló los correspondientes descargos, pese a serle notificado el Pliego de Cargos mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 84, de 11 de julio de 1994, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4º) Que por el Instructor del expediente se procedió a dictar Propuesta de Resolución, en la que propuso que por el Consejero de Presidencia y Turismo se sancione a Dña. María Jesús Méndez Prieto, titular de la empresa operadora nº 267, con multa de un millón de pesetas, por la comisión de los hechos descritos constitutivos de infracción a lo dispuesto en los artículos 12 y 31.1.b) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88).
5º) Que dentro del plazo concedido al efecto, el interesado no ha formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, pese a serle notificada mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 41, de 4 de abril de 1995, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las competencias funcionales en esta materia se encuentran reguladas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17.7.89) y 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90).
Segunda.- Que de conformidad con lo previsto en el artº. 8.5.b) del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, el Consejero de Presidencia y Turismo es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Por Decreto 215/1995, de 17 de junio, del Presidente, se dispone que la vacante del Consejero de Presidencia y Turismo se supla por el Consejero en funciones de Agricultura y Alimentación.
Tercera.- Que el procedimiento seguido en la tramitación de este expediente se ajusta a lo dispuesto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, no presentándose por el interesado los correspondientes descargos y alegaciones en tiempo y forma; y procediéndose a resolver el mismo de conformidad con lo establecido en el artº. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- Que habiendo quedado probado que en el citado establecimiento, en el momento de la inspección, se encontraba instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo A, TF-A-7342, careciendo del preceptivo Boletín de Instalación.
Quinta.- Que los hechos descritos suponen infracción a los artículos 12 y 31.1.b) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo; tipificándose como falta muy grave, la carencia de la autorización administrativa en que consiste el Boletín de Instalación, a tenor de lo dispuesto en el artº. 39.6 del referido Decreto; y sancionándose con una multa de un millón de pesetas conforme a los artículos 42 del mismo texto reglamentario y 22 de la citada Ley 6/1985, de 30 de diciembre.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Sancionar a Dña. María Jesús Méndez Prieto, como titular de la empresa operadora nº 267, con multa de un millón de pesetas, por haberse comprobado que en el establecimiento Bar Aida, sito en Buenavista del Norte, calle Alhóndiga, 11, se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo A, TF-A-7342, careciendo del preceptivo Boletín de Instalación.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde la publicación, previa la comunicación a esta Consejería, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 30 de agosto de 1995.- El Viceconsejero de Administración Pública, Ángel Marrero Alayón.
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