BOC - 1995/122. Miércoles 20 de Septiembre de 1995 - 2433

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Sanidad y Consumo

2433 - Servicio Canario de Salud.- Anuncio de 1 de septiembre de 1995, de la Dirección General de Salud Pública, relativo a notificación de Orden del Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de 2 de febrero de 1995, incoando expediente sancionador a D. Antonio Velázquez Vega, propietario del matadero sito en la calle El Cid, 35, Las Palmas de Gran Canaria.

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No teniendo constancia esta Dirección General de Salud Pública del domicilio de D. Antonio Velázquez Vega, de conformidad con el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se procede a notificarle la Orden del Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de fecha 2 de febrero de 1995, por la cual se le incoa expediente sancionador, del tenor literal siguiente:

“Visto el informe de la Dirección Territorial de Salud de Las Palmas y la Propuesta de Resolución de la Dirección General de Salud Pública, en relación a las actuaciones practicadas en el matadero sito en la calle El Cid, 35, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, propiedad de D. Antonio Velázquez Vega, de las que se deducen los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que con fecha 21 de mayo de 1994, se gira visita de inspección por técnicos de la Dirección Territorial de Salud de Las Palmas, según consta en el informe emitido por éstos, poniéndose de manifiesto, entre otras, las siguientes irregularidades: funcionamiento de la actividad sin los permisos, autorizaciones y registro sanitario preceptivo.

Segundo.- Que estos hechos suponen un funcionamiento clandestino de la actividad, por carecer de los citados permisos, autorizaciones y registro sanitario preceptivo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Los hechos mencionados infringen lo dispuesto en el artículo 2º.1 del Real Decreto 1.712/1991, de 29 de noviembre (B.O.E. de 4 de diciembre), sobre Registro General Sanitario y artículo 4º.1.a) del Real Decreto 147/1993, de 29 de octubre (B.O.E. de 12 de marzo), siendo calificada dicha infracción como falta grave por el artº. 35.b).6º de la Ley 14/1986, General de Sanidad, de 25 de abril.

Segundo.- El apartado 2 del artículo 10º del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189, de 9.8.93), por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, dispone que cuando de la aplicación de las reglas establecidas en el Capítulo I del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no quede especificado el órgano competente para iniciar el procedimiento, se entenderá que tal competencia corresponde al órgano que la tenga para resolver.

Tercero.- Lo dispuesto en el artº. 12.3 de la Ley 30/1992 (citada), no es de aplicación al presente caso por las siguientes razones:

- La Comunidad Autónoma de Canarias, en el ejercicio de su potestad de autoorganización, ha distribuido sus competencias sancionadoras en materia de sanidad, entre los diferentes órganos de la Consejería, según Decreto 191/1987, de 11 de septiembre (B.O.C. nº 124, de 25.9.87), modificado por Decreto 107/1988, de 8 de julio (B.O.C. nº 102, de 12.8.88), modificado también por Decreto 252/1991, de 3 de octubre (B.O.C. nº 133, de 9.10.91). Además de lo dispuesto con carácter general para todos los Departamentos de la Administración Autonómica, por el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre (B.O.C. nº 122, de 16.9.91).

- El artº. 134.2 de la Ley 30/1992 (citada) dispone para el ejercicio de la potestad sancionadora la separación entre el órgano instructor y el sancionador.

Cuarto.- Del razonamiento efectuado en los fundamentos anteriores, cabe concluir que el órgano de esta Consejería competente para la iniciación del procedimiento sancionador por falta grave es aquel que tiene la competencia para resolver, esto es, el Consejero, según determina el artículo 5º.a).12 del Decreto 191/1987, de 11 de septiembre (citado).

En su virtud, y de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 5º.a).12 del Decreto 191/1987, y artº. 13 del Real Decreto 1.398/1993,

D I S P O N G O:

La incoación de expediente sancionador a D. Antonio Velázquez Vega, como propietario del matadero sito en la calle El Cid, 35, Las Palmas de Gran Canaria, por infracción a la normativa sanitaria vigente, nombrando Instructor del mismo a D. Abraham Cárdenes González y Secretario a D. Alberto Lemes Bonilla.

Contra el presente acuerdo de iniciación podrán formularse alegaciones por los interesados en un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente al de la notificación de la presente.

En el caso de que no se formule alegación alguna sobre el contenido del presente acuerdo de incoación, el mismo podrá ser considerado Propuesta de Resolución de conformidad con lo dispuesto por el artº. 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.”

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de septiembre de 1995.- El Director General de Salud Pública, p.s., el Director Territorial de Salud (Resolución de 11 de agosto de 1995), Rafael Claverie García de Paredes.



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