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Habiendo sido intentada la notificación de la Propuesta de Resolución en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 66/95, incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas a Bola Bola, S.L., titular de la empresa operadora nº 53, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya sido recibida por el interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
De las actuaciones practicadas y antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, y teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 11 de mayo de 1995, fue levantada acta de infracción por el Servicio de Inspección de esta Consejería dando cuenta de que en el establecimiento Salón de Juegos Recreativos Bola Bola, sito en Santa Cruz de La Palma, calle Álvarez de Abreu, 29, se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo B, TF-B-9904, modelo Cirsa Nevada, serie 94-2445, que en el momento de la inspección no tiene incorporada la preceptiva Guía de Circulación, pues presenta incorporada una fotocopia de la Guía de Circulación, con permiso provisional de instalación con plazo hasta el 11 de enero de 1995. Asimismo, el establecimiento no dispone en el momento de la inspección del preceptivo Boletín de Instalación.
2º) Mediante Providencia de la Viceconsejera para las Administraciones Públicas de fecha 19 de mayo de 1995, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la vigente normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el correspondiente Pliego de Cargos al interesado.
3º) Notificado el anterior, por el inculpado y en el plazo concedido al efecto no se presentaron alegaciones. II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85) y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio y 89/1990, de 23 de mayo.
Segunda.- De conformidad con lo establecido en el artº. 9.1 y 2.a) del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, el Viceconsejero para las Administraciones Públicas es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88).
Cuarta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en el artº. 31.1.b) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que el Boletín de Instalación debidamente tramitado y cumplimentado, deberá figurar en el local donde se encuentre instalada la máquina en lugar visible al público, así como infracción al artº. 30.1.b) del referido Reglamento, por el que todas las máquinas a que se refiere el citado Reglamento que se encuentren en explotación, deberán llevar necesariamente incorporada a las mimas y de forma visible desde el exterior, entre otros, debidamente protegida del deterioro, la Guía de Circulación correctamente cumplimentada y diligenciada, y visible en su totalidad.
Quinta.- De acuerdo con lo previsto en el artº. 40, apartados 4 y 14 del citado Reglamento, las infracciones deben calificarse de graves, la falta de entrega por la empresa operadora al titular del establecimiento en que esté instalada la máquina, de la documentación a conservar en el local, y la no colocación de la Guía de Circulación, o no hacerlo en la forma prevista en el artº. 30 del Reglamento, correspondiéndole una sanción de cien mil pesetas por cada una de ellas, que hacen un total de una multa de doscientas mil pesetas, a tenor de lo preceptuado en el artº. 42 del mismo texto reglamentario en relación con el artº. 22 de la referida Ley.
En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de ocho días hábiles pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artº. 43.1.2.d) del Decreto citado.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de agosto de 1995.- El Viceconsejero de Administración Pública, Ángel Marrero Alayón.
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