No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 35/0680/91, instruido por esta Dirección General contra Proapesca, S.A., con domicilio en la calle Pintadera, s/n, Almacenes Frigoríficos Proapesca, y estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor; y
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 27 de agosto de 1991, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en los Almacenes Frigoríficos Proapesca, propiedad de Proapesca, S.A., sitos en Pintadera, s/n, del término municipal de Morro Jable (Jandía); y mediante acta instruida al efecto nº 25042 comprobaron que tenía expuestas para su venta a minoristas y su posterior distribución al público unas 15 cajas, de unos diez kilos de peso cada una, de lenguado congelado, en cuyos respectivos etiquetados sólo aparecía: n/p Dong Sonn Frozen Fish On Buar, Lengua, G.L.. Solicitada la factura de compra de la mercancía no fue presentada dentro del plazo otorgado a tal efecto.
Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Resolución el día 5 de octubre de 1992, indicando que infringía lo dispuesto en el artículo 3º, apartado 3.3.4 y artº. 5, apartado 5.1 en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 30 del Real Decreto 1.521/1984, de 1 de agosto (B.O.E. nº 201), por el que se aprueba la R.T.S. de los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo humano.
Resultando: que no pudo realizarse la notificación personal de la misma por lo que se envió a su publicación al Boletín Oficial de Canarias y al Ilmo. Ayuntamiento de Pájara.
Considerando: que no se tiene constancia de su exposición en el tablón del Ayuntamiento hasta el día 8 de junio de 1995.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, apartado B del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
El sobreseimiento de las diligencias contra Proapesca, S.A., por caducidad y el archivo del expediente nº 35/0680/91, sin más trámite.
Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de junio de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo.
2) VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/0003/95. Responsable: Incimet, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35090463.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 2 de agosto de 1994, un inspector de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizó visita de inspección en el establecimiento, propiedad de Incimet, S.L., sito en la calle Alfredo S. Pérez, 10, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 38191, en virtud de la reclamación formulada por D. Ángel Sabater Díaz relativa a la venta, suministro y colocación de tres cierres enrrollables en lama ciega galvanizada según consta en la factura nº 594 de 2 de diciembre de 1993, el inspector solicitó un informe sobre la citada reclamación en la que se denunciaban defectos de instalación. El interesado no presentó la documentación solicitada en el plazo establecido. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 5º, apartado 5.1 en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: ninguna. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, letra B, apartados k) y m) del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a Incimet, S.L. la sanción de multa de 100.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de febrero de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
3) Visto el expediente nº 35/0046/95, instruido por esta Dirección General contra María Cerbellas Matos Cruz, con domicilio en Blas Pascal, 5, Vecindario, y estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor; y
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 11 de octubre de 1994, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en la Panadería Artesanal, propiedad de Dña. María Cerbellas Matos Cruz, sita en la calle Blas Pascal, 5, del término municipal de Santa Lucía de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 38588 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público pan común y varios tipos de panes especiales, de elaboración propia, careciendo de las Hojas de Reclamaciones.
Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de Iniciación el 27 de febrero de 1995 indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo 1º de la Orden Ministerial de 26 de junio de 1976 (Ministerio de Comercio) - (B.O.E. nº 157), sobre normas de disciplina en la venta de pan. Resultando: que no pudo realizarse la notificación personal del mismo por lo que se envió para su publicación al Boletín Oficial de Canarias y al Ilmo. Ayuntamiento de Santa Lucía.
Resultando: que no se tiene constancia de su exposición en el tablón del Ayuntamiento hasta el día 2 de junio de 1995.
Considerando: que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora y 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, apartado B del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
El sobreseimiento de las diligencias contra María Cerbellas Matos Cruz por caducidad y el archivo del expediente nº 35/0046/95, sin más trámite.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de junio de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo.
Providencia del Director General de Comercio y Consumo, Ilmo. Sr. D. Gonzalo Olarte Cullen.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de 1995.
Habiendo sido nombrada Instructora del expediente sancionador nº 35/0046/95 Dña. Marta Anitua Roldán, y encontrándose en situación de incapacidad temporal para el desempeño de las tareas encomendadas, por la presente Providencia se procede al cambio de Instructora, quedando nombrada a tal efecto Dña. Letizia Sancho Villareal, quien podrá ser recusada por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2 de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo texto.
Notifíquese al interesado a los efectos oportunos.
4) VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/0055/95. Responsable: Sainani Desraj Hariram. D.N.I. o N.I.F.: 43276217S.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 9 de noviembre de 1994, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Tívoli, propiedad de D. Sainani Desraj Hariram, sito en Centro Comercial Puerto Rico, local 268-274, del término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 36038 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público diversos artículos tales como cámaras de vídeo, cámaras de fotos, calculadoras, teléfonos ... careciendo de sus preceptivos precios de venta al público. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176) General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3.2.94). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 19 de abril de 1995, presentó escrito de alegaciones manifestando en síntesis lo siguiente: El motivo por el cual no estaban marcados dichos artículos según le informé a la Inspección en ese momento fue porque eran artículos recién llegados a la tienda, cosa la cual fue imposible poner el precio por lo precipitado del momento. Todo ello se puede comprobar ya que los demás artículos estaban todos con precios, los que estaban en la tienda como los que estaban en el escaparate. Los únicos que estaban sin marcar acababan de ser puestos en el escaparate y los que estaban en la tienda se estaban marcando para su venta. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES: las alegaciones del interesado no desvirtúan la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de Iniciación y en la Propuesta de Resolución por cuanto que del acta de inspección se deduce que los artículos estaban para su venta y es obligatorio el marcado del P.V.P. antes de disponerlos para la misma. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, letra B, apartados k) y m) del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a Sainani Desraj Hariram la sanción de multa de 125.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de mayo de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
5) RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 35/0063/95, instruido por esta Dirección General contra Sofía Moreno Marrero, con domicilio en León y Castillo, 325, y estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor; y Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 8 de noviembre de 1994, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento Métodos Informáticos, propiedad de Dña. Sofía Moreno Marrero, sito en la calle León y Castillo, 325, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 36036 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público ordenadores cuyas instrucciones de uso y manejo estaban expresadas en idioma extranjero.
Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de Iniciación indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo decimotercero de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Resultando: que con fecha 20 de abril de 1995, se presentó escrito de alegaciones manifestando en síntesis lo siguiente:
Que si bien es cierto el relato de los hechos que se contienen en el acta levantada con fecha 8.11.94 por los inspectores comparecientes en el lugar de venta que se acredita en el encabezamiento, no dejan de estar incompletos en función de la realidad.
Por cuanto que si bien es cierto que se declara que se comprueba que todos los manuales de uso y manejo de los ordenadores que tiene para su venta al público están en idioma extranjero, y a un mismo tiempo que se manifiesta por esta parte que queda enterada del contenido de la presente acta, en nada se contradice con el hecho de que se dispone de forma permanente y a disposición para entrega a los usuarios adquirientes de dichos ordenadores de los libros de instrucciones de uso y manejo traducidos al español.
Lo expresado se fundamentó en que en ningún momento los inspectores solicitaron documentación complementaria como la que se referencia en el párrafo anterior, simplemente se limitaron a observar los ordenadores y manuales expuestos, pero en ningún caso requirieron las instrucciones en lengua española, y no preguntaron sobre si se disponía de ellas.
Se adjunta fotocopia de dicho libro de instrucciones.
Considerando que son de tomar en consideración las alegaciones de la interesada. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, apartado B del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
El sobreseimiento de las diligencias contra Sofía Moreno Marrero por inexistencia de responsabilidad y el archivo del expediente nº 35/0063/95, sin más trámite.
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de mayo de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo.
6) VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/0068/95. Responsable: José Antonio Pejenaute González. D.N.I. o N.I.F.: 42751430L.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 25 de noviembre de 1994, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el Taller de Pintura de Automóviles, propiedad de D. José Antonio Pejenaute González, sito en la calle Ángel Guimerá, 3, del término municipal de Santa Lucía de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 38653 comprobaron que en el momento de la inspección carecía del cartel indicativo de los precios aplicables por hora de trabajo y por servicios concretos, así como de las preceptivas leyendas informativas de la garantía que asiste a las reparaciones así como el derecho del usuario al presupuesto previo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 12º y 19º.j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, letra B, apartados k) y m) del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a José Antonio Pejenaute González la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo. NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
7) VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/0090/95. Responsable: Manuel Col. D.N.I. o N.I.F.: - - -.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 27 de noviembre de 1994, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Lajares, propiedad de D. Manuel Col, sito en la calle General Franco, 30, del término municipal de La Oliva; y mediante acta levantada al efecto nº 38720 comprobaron que estaba abierto al público y tenía para su venta diferentes artículos como blusas, gafas, perfumes, etc., careciendo del preceptivo cartel informativo de horario que tenía establecido. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 11 y 47, apartado 4 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con el Decreto 24/1994, por el que se establece la regulación de horarios comerciales en la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 31). Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18.2, letra A, apartado b) del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116), ACUERDO
Imponer a Manuel Col la sanción de multa de 50.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de mayo de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
8) VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/0103/95. Responsable: Amado Díaz Hernández. D.N.I. o N.I.F.: 42771780Z.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 13 de enero de 1995, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en Calzados La Rosa, propiedad de D. Amado Díaz Hernández, sito en la Avenida de Canarias, 396, del término municipal de Santa Lucía de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 40190 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público, en el escaparate, bolsos y zapatos de señoras y botas de diferentes tamaños careciendo del preceptivo marcado de precio de venta al público. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y artículos 8º y 9º de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, en concordancia con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con el artº. 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 16 de junio de 1995, presentó escrito de alegaciones manifestando en síntesis lo siguiente: En el momento de la visita de inspección se encontraba el interesado colocando los precios de liquidación por motivos de cierre de negocio. Que efectivamente los precios se estaban colocando y lógicamente podrían estar algunas mercancías sin ellos. Que la actividad ha sido cerrada motivada por la nula aceptación de la misma. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no desvirtúan la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de Iniciación y en la Propuesta de Resolución por cuanto que en el momento de la inspección, y así lo reconoce, no exhibía el precio de algunas mercancías que estaban expuestas para su venta. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18.2, letra A, apartado b) del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a Amado Díaz Hernández la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de julio de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
9) VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/0111/95. Responsable: Mimoun Mohamed Mizian. D.N.I. o N.I.F.: 43270294.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 20 de enero de 1995, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar España, propiedad de D. Mimoun Mohamed Mizian, sito en el Centro Comercial Puerto Rico, local 245, del término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 40194 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público diferentes artículos como chalecos de niña, vestidos de señora y de niña y chaquetas de caballero careciendo del preceptivo marcado de precio de venta al público. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y artículos 8º y 9º de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, en concordancia con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con el artº. 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 16 de junio de 1995, presentó escrito de alegaciones manifestando en síntesis lo siguiente: El local 245 del Centro Comercial de Puerto Rico no es explotado por mi persona desde hace bastante tiempo dado que con fecha 30.6.93 me di de baja en dicha actividad. En ese local existe un bazar dedicado a perfumería y explotado por otra persona ajena. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de Iniciación y en la Propuesta de Resolución por cuanto que en el momento de la inspección tenía expuestas para su venta diferentes prendas de vestir y no artículos de perfumería sin su preceptivo marcado de precio. Por otro lado, de acuerdo con las declaraciones del encargado del establecimiento, D. Mimoun Arradrik, D.N.I. X-1416283-N, el bazar era propiedad de D. Mimoun Mohamed Mizian, con D.N.I. nº 43.270.294, teniendo los hechos constatados en el acta de inspección nº 40194 por funcionarios de esta Dirección General valor probatorio. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18.2, letra A, apartado b) del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a Mimoun Mohamed Mizian la sanción de multa de 75.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de julio de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo. NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de julio de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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