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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles el oportuno Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador, y conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, los cargos que se especifican en el procedimiento que les ha sido incoado en esta Dirección General, por infracción a la legislación en materia de consumo.
2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, el Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador para su publicación en el tablón de edictos. 1) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA COMERCIAL POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO
Vistos el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artº. 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a:
INCULPADO: Parmand Rochwani. Nº EXPEDIENTE: 35/0108/95. D.N.I. o N.I.F.: X0721664Q.
En base a los siguientes
HECHOS: el día 20 de enero de 1995, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Foto Epa, propiedad de D. Parmand Rochwani, sito en el Centro Comercial Puerto Rico, local 32, del término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 40195 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público, en el escaparate, cámaras de vídeo de diferentes marcas y modelos, máquinas de afeitar y teléfonos. Todos estos artículos carecían del preceptivo marcado de precio de venta al público. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y artículos 8º y 9º de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, en concordancia con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con el artº. 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero). CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artº. 48 de la Ley 4/1994, de 25 de abril (B.O.C. nº 53), de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: la infracción será sancionada con multa de hasta 500.000 pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 49, apartado 1 de la Ley 4/1994. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidas en el artº. 48 de la Ley 4/1994 y en el artº. 131 de la Ley 30/1992, la infracción presuntamente cometida será sancionada con una multa pecuniaria de 45.000 pesetas. INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructora a Dña. Letizia Sancho Villarreal y Secretaria a Dña. Esther de la Coba Gamón, quienes podrán ser recusadas por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2 de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 18.2, letra A, apartado b) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LA RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. Comuníquese este Acuerdo de Iniciación a la Sra. Instructora del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con el artº. 24, apartado 2 del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993. Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo.
2) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO
Vistos el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artº. 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a:
INCULPADO: Disarch, S.L. Nº EXPTE.: 35/0126/95. D.N.I. o N.I.F.: -.
En base a los siguientes
HECHOS: el día 9 de febrero de 1995, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el Supermercado El Conducto, propiedad de El Conducto, S.L., sito en la calle Matías Padrón, 104, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 40362 comprobaron que tenía expuestas para su venta al público unas 27 bolsas de Calamar Preparado en cuyo etiquetado podía leerse entre otras menciones: Calamar Preparado. Fábrica Hansung Enterprise Co. Ltd. Korea. Importador exclusivo para España Disarch, S.L., calle Bernardo de la Torre, 10, 1º, Las Palmas de Gran Canaria ... Calamar seco y preparado. Ingredientes: Calamar, ... Consumir preferentemente antes: _____________ ... * Alimento * Sabroso * Saludable. El etiquetado de este producto sugiere que el mismo posee características particulares cuando todos los productos similares poseen estas mismas características. Asimismo, el etiquetado carecía de los datos relativos a la fecha de duración mínima, las condiciones especiales de conservación y utilización y el modo de empleo de este producto alimenticio. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artº. 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: la infracción será sancionada con multa de hasta 500.000 pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1 de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidas en el artº. 35, apartado 1 de la Ley 26/1984, en el artº. 131 de la Ley 30/1992, y en el artº. 10, apartado 10.2 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida será sancionada con una multa pecuniaria de 50.000 pesetas. INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructora a Dña. Letizia Sancho Villarreal y Secretaria a Dña. Esther de la Coba Gamón, quienes podrán ser recusadas por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2 de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 18.2, letra B, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LA RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. Comuníquese este Acuerdo de Iniciación a la Sra. Instructora del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con el artº. 24, apartado 2 del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993. Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo.
2.1) Al objeto de mejor proveer en el expediente que se le sigue en esta Dirección General, bajo el nº 35/0126/95, por presunta infracción en materia de defensa al consumidor, por la presente se le requiere para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar del siguiente al que reciba la presente notificación, presente en estas Oficinas, personalmente o por carta, una fotocopia del Número de Identificación Fiscal. Debo significarle que la obligación de cumplimentar el presente requerimiento, y hacerlo dentro del plazo establecido viene determinado por los artículos 39.1, 48 y 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y la no cumplimentación de este requerimiento, hacerlo fuera del plazo señalado, o remitir o presentar documentos que contengan datos inexactos o incompletos, podrá sancionarse de conformidad con lo previsto en los artículos 5.1 y 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168). Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo.
3) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA COMERCIAL POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO
Vistos el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artº. 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a:
INCULPADO: Houcine Aubal-Ahmed. Nº EXPEDIENTE: 35/0132/95. D.N.I. o N.I.F.: 42201928X.
En base a los siguientes
HECHOS: el día 3 de febrero de 1995, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Chicho, propiedad de D. Houcine Oubal-Ahmed, sito en el Centro Comercial Yumbo Centrum, local 211-212, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 40315 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público unos 8 pantalones y unas 10 chaquetas de piel en diferentes colores y tallas, careciendo de su preceptivo marcado de precio de venta al público. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículos 8º y 9º de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, en concordancia con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con el artº. 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero). CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artº. 48 de la Ley 4/1994, de 25 de abril (B.O.C. nº 53), de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: la infracción será sancionada con multa de hasta 500.000 pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 49, apartado 1 de la Ley 4/1994. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidas en el artº. 48 de la Ley 4/1994, y en el artº. 131 de la Ley 30/1992, la infracción presuntamente cometida será sancionada con una multa pecuniaria de 40.000 pesetas. INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructora a Dña. Leticia Sancho Villarreal y Secretaria a Dña. Esther de la Coba Gamón, quienes podrán ser recusadas por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2 de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 18.2, letra A, apartado b) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LA RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. Comuníquese este Acuerdo de Iniciación a la Sra. Instructora del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con el artº. 24, apartado 2 del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993. Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo.
4) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO
Vistos el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artº. 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a: INCULPADO: Puerto del Carmen Investiments Limited. Nº EXPEDIENTE: 35/0154/95. D.N.I. o N.I.F.: -.
En base a los siguientes
HECHOS: el día 6 de marzo de 1995, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el Complejo Multipropiedad Club del Carmen, propiedad de Puerto del Carmen Investiments Limited, sito en la calle Noruega, 2, del término municipal de Tías; y mediante acta levantada al efecto nº 40513 procedieron a cumplimentar la reclamación nº de entrada 153 presentada por D. Melvyn Howard Williams relativa al contrato nº 51/0320 suscrito con el interesado. Solicitado un informe sobre el tema, no fue presentado en el plazo otorgado al efecto. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 34.8 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 5º, apartado 5.1 en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artº. 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: la infracción será sancionada con multa de hasta 500.000 pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1 de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidas en el artº. 35, apartado 1 de la Ley 26/1984, en el artº. 131 de la Ley 30/1992, y en el artº. 10, apartado 10.2 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida será sancionada con una multa pecuniaria de 45.000 pesetas. INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Antonio Cruz Caballero y Secretaria a Dña. Esther de la Coba Gamón, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2 de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 18.2, letra B, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LA RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. Comuníquese este Acuerdo de Iniciación al Sr. Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con el artº. 24, apartado 2 del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993. Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de junio de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo.
4.1) Al objeto de mejor proveer en el expediente que se le sigue en esta Dirección General, bajo el nº 35/0154/95, por presunta infracción en materia de defensa al consumidor, por la presente se le requiere para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar del siguiente al que reciba la presente notificación, presente en estas Oficinas, personalmente o por carta, una fotocopia del Número de Identificación Fiscal. Debo significarle que la obligación de cumplimentar el presente requerimiento, y hacerlo dentro del plazo establecido viene determinado por los artículos 39.1, 48 y 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y la no cumplimentación de este requerimiento, hacerlo fuera del plazo señalado, o remitir o presentar documentos que contengan datos inexactos o incompletos, podrá sancionarse de conformidad con lo previsto en los artículos 5.1 y 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168). Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de junio de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo.
5) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO
Vistos el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artº. 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a:
INCULPADO: Antonio Hernández Alemán. Nº EXPEDIENTE: 35/0168/95. D.N.I. o N.I.F.: 42619442M. En base a los siguientes
HECHOS: el día 11 de enero de 1995, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en los Víveres Cárdenes, propiedad de D. Roberto Cárdenes Henríquez, sito en la calle Luis Morote, 15, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 40185 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público tomates, naranjas y mandarinas careciendo de su preceptivo etiquetado de normalización. El compareciente presentó las facturas números 32.845 y 33.315 emitidas por el interesado. El día 22 de mayo de 1995, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el puesto, propiedad de D. Antonio Hernández Alemán, sito en la nave B, puesto 10 de Mercalaspalmas, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 40586 procedieron a la ampliación de diligencias del acta nº 40185 siendo reconocida como de su empresa las facturas anteriormente mencionadas y comprobando que tenía los productos de dicha acta careciendo de su etiquetado de normalización. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el anexo II del Reglamento (C.E.E.) nº 920/89 de la Comisión, de 10 de abril de 1989, por el que se establecen normas de calidad para las zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa (D.O.C.E. nº L 97, de 11 de abril de 1989), y con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de septiembre de 1972 (B.O.E. nº 218), que aprueba la norma de calidad de naranjas y otros agrios destinados al mercado interior. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artº. 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: la infracción será sancionada con multa de hasta 500.000 pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1 de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidas en el artº. 35, apartado 1 de la Ley 26/1984, en el artº. 131 de la Ley 30/1992, y en el artº. 10, apartado 10.2 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida será sancionada con una multa pecuniaria de 55.000 pesetas. INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Antonio Cruz Caballero y Secretaria a Dña. Esther de la Coba Gamón, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2 de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 18.2, letra B, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LA RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. Comuníquese este Acuerdo de Iniciación al Sr. Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con el artº. 24, apartado 2 del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993. Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de junio de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo.
6) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO
Vistos el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artº. 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a:
INCULPADO: Manuel Rodríguez Rodríguez. Nº EXPEDIENTE: 35/0171/95. D.N.I. o N.I.F.: 42631373E.
En base a los siguientes
HECHOS: el día 13 de enero de 1995, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en la Frutería Ramírez Autoservicio, propiedad de Márquez Ramírez, S.C.P., sito en la calle Presidente Arínez, 17, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 40227 comprobaron que tenía expuesta para su venta al público una caja de escarolas careciendo del preceptivo etiquetado de normalización. El compareciente presentó la factura nº 2479 de fecha 9 de enero de 1995 emitida por el interesado. El día 22 de marzo de 1995 inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el puesto nº 14, propiedad de D. Manuel Rodríguez Rodríguez, sito en la nave B de Mercalaspalmas, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 40584 procedieron a la ampliación de diligencias del acta nº 40.227 siendo reconocida como de la empresa la factura anteriormente mencionada y comprobando que tenía varias cajas de escarolas careciendo de etiquetado de normalización. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el anexo II del Reglamento (C.E.E.) nº 79/88, de 13 de enero de 1988 (D.O.C.E. nº L10, de 14 de enero de 1988), modificado por el Reglamento (C.E.E.) nº 2.323/88 (D.O.C.E. nº L202, de 26 de julio de 1988), por el que se fijan las normas de calidad para las lechugas, escarolas y pimientos dulces. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artº. 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: la infracción será sancionada con multa de hasta 500.000 pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1 de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidas en el artº. 35, apartado 1 de la Ley 26/1984, en el artº. 131 de la Ley 30/1992, y en el artº. 10, apartado 10.2 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida será sancionada con una multa pecuniaria de 55.000 pesetas. INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Antonio Cruz Caballero y Secretaria a Dña. Esther de la Coba Gamón, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2 de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 18.2, letra B, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LA RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. Comuníquese este Acuerdo de Iniciación al Sr. Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con el artº. 24, apartado 2 del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993. Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de junio de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo.
7) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO
Vistos el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artº. 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a:
INCULPADO: Limpiezas Ciudad del Atlántico, S.L. Nº EXPEDIENTE: 35/0202/95. D.N.I. o N.I.F.: B38273314.
En base a los siguientes
HECHOS: el día 23 de marzo de 1995, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el Mini Mercado La Pardela, propiedad de Dña. María Esther Martínez Torres, sito en la Avenida Pescadores, 17 (Arguineguín), del término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 417 comprobaron que tenía expuestas para su venta al público botellas de plástico de fregasuelos Flogar. Aroma Limón, que además de limpiar, abrillantar, desinfectar, ambienta su hogar con aromas naturales que garantizan mayor intensidad y duración. No ingerir-Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental consultar al Servicio Nacional de Información Toxicológico. Fabricante C.I.F. B-38273314-Tenerife-Auto D.G.F.P.S. nº (en trámite). Por parte de los inspectores se procede a realizar toma de muestras según el procedimiento reglamentariamente establecido. Una de estas muestras se remitió para su análisis inicial al Centro de Investigación y Control de Calidad del Instituto Nacional del Consumo. El día 22 de junio de 1995 se recibió el resultado de dicho análisis, clave de registro nº 95110013, nº de laboratorio 26/002/500058, de cuyo informe se desprende que en el etiquetado no figuraba el nombre o razón social del fabricante, envasador o importador y su dirección completa ni el código de envasado. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 10 del Real Decreto 2.816/1983, de 13 de octubre (B.O.E. nº 270), por el que se aprueba la R.T.S. para la elaboración, circulación y comercio de detergentes (detergentes sintéticos y jabones de lavar). CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artº. 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: la infracción será sancionada con multa de hasta 500.000 pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1 de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidas en el artº. 35, apartado 1 de la Ley 26/1984, en el artº. 131 de la Ley 30/1992, y en el artº. 10, apartado 10.2 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida será sancionada con una multa pecuniaria de 40.000 pesetas. INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Antonio Cruz Caballero y Secretaria a Dña. Esther de la Coba Gamón, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2 de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 18.2, letra B, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LA RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. Comuníquese este Acuerdo de Iniciación al Sr. Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con el artº. 24, apartado 2 del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993. Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de julio de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo.
7.1) Notifico a Vdes., conforme a lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el resultado del análisis inicial que se adjunta, así como fotocopia del acta de toma de muestras, significándole que caso de no estar de acuerdo con dicho resultado analítico, podrá solicitar del Instructor, análisis contradictorio, de acuerdo con una de las dos modalidades siguientes, conforme al artº. 16.3 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168, de 15 de julio): 1ª) Designación, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación, de Perito de Parte para su realización en el laboratorio que practicó el análisis inicial, siguiendo las mismas técnicas empleadas por éste y en presencia del técnico que certificó dicho análisis o persona designada por el mismo. 2ª) Justificando ante el Instructor, en plazo de ocho días hábiles a partir de esta notificación, que el ejemplar de la muestra correspondiente ha sido presentado en un laboratorio oficial o privado autorizado, para que se realice el análisis contradictorio por el técnico que designe dicho laboratorio utilizando las mismas técnicas empleadas en el análisis inicial. En este caso el resultado analítico y en su caso el informe técnico complementario deberán ser remitidos al Instructor del expediente en el plazo máximo de un mes, a partir de esta notificación, entendiéndose que transcurrido dicho plazo sin haberse practicado el análisis y haberse comunicado al Instructor, será decaído en su derecho. Al mismo tiempo se le comunica que las muestras de fregasuelos se encuentran depositadas en estas dependencias. Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de julio de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de julio de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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