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Examinado el expediente incoado para declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la iniciación del expediente de expropiación forzosa de un terreno de 1.848 m2 de extensión necesario para el cumplimiento del Programa de Reposición de Viviendas afectadas por aluminosis, y teniendo en cuenta que se acreditan en el mismo los requisitos legales exigidos para producir tal declaración de urgencia, que se contrae a:
1.- El carácter de utilidad pública e interés social de esta adquisición con ejercicio de facultad expropiatoria viene determinado en el artículo 4 del Decreto 2/1991, de 10 de enero, por el que se crea el Programa de Reposición de Viviendas afectadas por aluminosis, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
El emplazamiento actual de las viviendas objeto de reposición resulta insuficiente debido a la dificultad de realojo temporal de las 50 familias ocupantes de las viviendas afectadas durante el plazo de construcción de las nuevas viviendas, y de otra parte a la necesidad de una mayor superficie en planta para dicha construcción, en atención a la exigencia derivada de la nueva tipología de viviendas que se están ejecutando en el Programa de Reposición de Viviendas afectadas por aluminosis, obedeciendo en todo momento la nueva ubicación a criterios de proximidad al actual lugar, evitando con ello los trastornos e inconvenientes de un traslado a otras áreas más alejadas, lo que conllevaría a un desarraigo no deseado.
2.- La urgencia se basa, con carácter general, en la declaración de emergencia de las actuaciones encaminadas a la reposición de viviendas afectadas por aluminosis, efectuada por Orden de 25 de junio de 1990, y, en particular, en que las viviendas a reponer, si bien no están en situación de ruina inminente, presentan riesgo para sus ocupantes siendo imprevisible el proceso de deterioro a corto plazo; asimismo se ha constatado la imposibilidad de un realojo alternativo con carácter provisional para las 50 familias ocupantes de las mismas, dada la inexistencia de un parque suficiente de viviendas en alquiler en el núcleo de Valverde. A ello debe unirse el hecho de que ya se cuenta con la mayoría de la superficie necesaria para la construcción de las nuevas viviendas de reposición, considerándose urgente la ocupación del terreno objeto de expropiación para poder realizar la obra dentro del plazo de desarrollo del convenio.
3.- Se ha oído a los titulares de los bienes y derechos afectados, mediante información pública tramitada según lo establecido en los artículos 18 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, publicándose anuncio en el Boletín Oficial de Canarias nº 71, de fecha 7 de junio de 1995, en un periódico de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valverde, no habiéndose presentado alegación alguna por los mismos.
Vistos el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y los artículos 56 y siguientes del Reglamento para su desarrollo.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 11 de agosto de 1995,
D I S P O N G O:
Uno.- Declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa, iniciada con motivo del necesario cumplimiento del Programa de Reposición de Viviendas afectadas por aluminosis en la Comunidad Autónoma de Canarias, creado por Decreto 2/1991, de 10 de enero.
El bien cuya urgente ocupación se declara es el siguiente:
- Rústica: trozo de terreno en el término municipal de Valverde, punto conocido como Los Llanos de Santiago o Trinista, con una superficie de 1.848 m2 y linda: al norte, con Julia Hernández; al este, con Juan Hernández Díaz; al sur, con Cándido Padrón Padrón; y al oeste, con Gervacio Quintero. (Datos de inscripción: Tomo 161 del archivo general, Libro 29 del Ayuntamiento de Valverde, folio 169, inscripción 1ª de la finca número 3.091, a favor de Ángel Padrón Padrón, casado con Matilde Fernández Cano).
Dos.- Los interesados podrán formular, ante el Organismo expropiante y hasta el momento del levantamiento de las correspondientes actas previas, alegaciones a los únicos efectos de subsanar posibles errores materiales en la enumeración o descripción de los bienes y derechos afectados.
Tres.- Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, previa la comunicación al Gobierno de Canarias, exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 11 de agosto de 1995.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.
EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS, Gabino Jiménez Benito.
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