Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a D. César Gil Pulido, en nombre y representación de Novoauto, S.A., la Orden de 16 de junio de 1995 (libro 01, folio 22/836), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 38-30/95.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de julio de 1995.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.
A N E X O
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio por D. César Gil Pulido, en nombre y representación de Novoauto, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 15 de febrero de 1995, recaída en el expediente nº 38-30/95 y que determinó la imposición de una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas, y RESULTANDO
Primero: que según inspección practicada por Inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 28 de julio de 1994, en el taller de reparación, propiedad de la empresa Novoauto, S.A., sito en Cercado Chico, en Taco, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 35.402, instruida al efecto, procedió a comprobar la reclamación presentada en la Dirección Territorial de Comercio y Consumo de Santa Cruz de Tenerife por D. Mauricio Pérez Jiménez el día 15 de julio de 1994 (nº de Registro de Inspección 596/94). Se queja el reclamante de la demora excesiva en la reparación de su vehículo marca Fiat, modelo Tipo, matrícula TF-6705-AF. Alega la empresa en el impreso de reclamación que el vehículo no se pudo reparar en el momento de entregarlo, pues la compañía de seguros no autorizó su reparación hasta pasadas tres semanas, y en el momento de la autorización se encontraba otro vehículo en el banco de chapa, siendo imposible su reparación sin dicho banco.
Para comprobar la veracidad de las alegaciones, en la visita de inspección referenciada, el compareciente, D. Manuel Vega Pérez, empleado, manifiesta no poder contestar la reclamación ya que el Jefe de Taller no se encuentra presente, por ello, el funcionario actuante concedió a la empresa encartada un plazo de diez días hábiles para que contestara por escrito a la reclamación presentada, indicando las razones de la tardanza en la reparación; asimismo, debía aportar el documento de resguardo de depósito, con autorización a la reparación y/o con presupuesto previo.
El hecho que se imputa es que la empresa no aportó el informe que le fue solicitado en Acta, sobre los motivos de la reclamación, ni presentó los documentos reseñados, conducta que supone negativa a colaborar con el Servicio de Inspección, en orden al cumplimiento de las funciones que les encomienda la legislación vigente, y que la normativa que después se dirá tipifica como infracción administrativa.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artº. 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló acuerdo de iniciación en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34, apartado 8, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.
Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio, que tiene entrada en este Departamento el día 30 de marzo de 1995, alegando, en síntesis, el recurrente lo siguiente:
1. Que cuando el funcionario actuante realizó la visita a los talleres realizó el requerimiento al Guardián D. Manuel Vega Pérez, el cual tomó sus vacaciones prácticamente al día siguiente, y lo cierto es que la empresa tuvo conocimiento de la iniciación del expediente, y de su presunta o aparente negligencia, hasta febrero del corriente año 1995. Y llegados a ese conocimiento se apresuran a aportar la documentación solicitada.
Asimismo, se ha insistido en que la voluntad de la misma es contentar y satisfacer al cliente por encima de toda otra consideración.
2. Que la Resolución que ahora se recurre manifiesta que no pueden ser tenidas en consideración, por cuanto la empresa no aportó el informe que le fue solicitado por el Inspector actuante ni diversa documentación también requerida. Tal afirmación supone un contrasentido, pues todas las alegaciones deducidas por la empresa compareciente, en el expediente, van dirigidas a explicar las razones por las que no aportó el referido informe en un primer momento.
Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 34, apartado 8, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 18.2.B.m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, en relación con lo dispuesto en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución recurrida, por cuanto independientemente de quien sea la persona ante quien se haya levantado el Acta y a la que se le haya solicitado la documentación, responde la entidad recurrente dado que se trata de un empleado suyo y actuaba en calidad de tal, según consta en el Acta. Por otra parte, respecto a la segunda alegación, hay que tener en cuenta que el hecho imputado es la no aportación de la documentación solicitada por el Sr. Inspector tal y como se establece en el resultando primero y el recurrente no ha justificado suficientemente este incumplimiento, dado que no ha aportado pruebas que corroboren lo alegado.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artº. 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales, 62/1993, de 13 de abril, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA:
Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario interpuesto por D. César Gil Pulido, en nombre y representación de Novoauto, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 15 de febrero de 1995, recaída en el expediente nº 38-30/95, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio en funciones, José Vicente León Fernández.
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