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La Ley 4/1992, de 6 de julio, modificó el importe de los avales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1992, estableciendo la posibilidad de otorgar en primer aval hasta cuatro mil millones de pesetas a empresas del sector agrícola tomatero con domicilio social en Canarias y que realicen en el ámbito de la Comunidad Autónoma su actividad principal con duración máxima de un año para crédito de campaña para la zafra 1992/1993.
Dicha Ley fue desarrollada por el Decreto 121/1992, de 14 de julio, que reguló las condiciones y procedimientos de otorgamiento de los citados avales y subvenciones, delegándose la concesión de los mismos en el Consejero de Economía y Hacienda por Decreto 123/1992, de 30 de julio.
Por Decreto 311/1993, de 10 de diciembre, se conceden, a las empresas agrícolas del sector tomatero canario, nuevos avales en sustitución de los avales otorgados para la campaña 1992/1993, y se establecen las condiciones de otorgamiento y formalización de los mismos.
La Ley 14/1994, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1995, en su artículo 44.4, establece que no se computarán en el límite fijado en el apartado 1 de dicho artículo los avales que se prestan por motivo de la refinanciación o sustitución de las operaciones de crédito, en la medida que impliquen cancelación de avales anteriormente concedidos.
Vistas las dificultades financieras que atraviesan las empresas del sector tomatero canario para hacer frente a los pagos de los préstamos avalados por el Decreto 311/1993, en los plazos previstos, así como los escritos remitidos por las entidades financieras afectadas en los que se acredita que dichos préstamos están impagados, y el requerimiento de pago que las mismas han efectuado a los prestatarios y a esta Comunidad Autónoma en su condición de avalista, se estima conveniente refinanciar los préstamos avalados por el Decreto 311/1993, que se encuentran impagados puesto que, en caso contrario, los préstamos pueden resultar fallidos y la Comunidad Autónoma como avalista de los citados préstamos se vería obligada a afrontar el pago de los mismos.
En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros en funciones de Economía y Hacienda y de Agricultura y Alimentación, y previa deliberación del Gobierno en funciones, en su sesión celebrada el día 23 de junio de 1995,
D I S P O N G O:
Primero.- Se autoriza el otorgamiento de nuevos avales de Tesorería en sustitución de los avales autorizados mediante Decreto 311/1993, de 10 de diciembre, a las empresas agrícolas del sector tomatero canario que se relacionan en el anexo I, hasta el límite máximo que para cada beneficiario se contiene en el citado anexo I y que en ningún caso será superior al 50% del importe de la cantidad garantizada por el aval autorizado mediante Decreto 311/1993, de 10 de diciembre, para las operaciones de crédito/préstamo concedidos por las entidades financieras para la refinanciación de la campaña del sector tomatero canario 1992/1993, ni al importe de los créditos avalados vigentes.
Segundo.- 1. Los avales que se autorizan garantizarán a la entidad acreedora el cumplimiento de la obligación de reembolso de las cantidades adeudadas en concepto de préstamo o crédito, por amortización del principal de dicha operación que se adeuda en cada momento, y los intereses remuneratorios de dicha operación al tipo nominal anual expresado sobre el capital pendiente en cada momento, no incluyéndose en ningún caso los intereses de demora y demás gastos derivados de la operación en el plazo establecido en el dispositivo tercero, y hasta el límite máximo del importe que por beneficiario se establece en el anexo I.
2. En los avales que se autorizan conforme a lo previsto en el presente Decreto y que se relacionan en el anexo I, se renuncia, al igual que a los concedidos a los créditos refinanciados, a los beneficios de orden, excusión y división a que hacen referencia los artículos 1.830 y siguientes del Código Civil.
Tercero.- 1. La fianza tendrá la duración máxima de un año a partir de la formalizacion del nuevo aval, quedando sin efecto a partir de la fecha correspondiente, salvo reclamación previa fehaciente por cantidades devengadas con anterioridad a la fecha de finalización del periodo de garantía.
No obstante lo anterior, dicha fianza quedará igualmente sin efectos una vez reintegradas totalmente a la entidad acreedora las cantidades percibidas por la acreditada.
2. Los avales que se autorizan, surtirán efectos desde la fecha de formalización del correspondiente documento de aval, salvo que en el mismo se dispusiere otra cosa.
Cuarto.- La Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias responderá del pago de las obligaciones reconocidas a que se refiere el dispositivo segundo del presente Decreto hasta el importe máximo que por beneficiario se señala en el anexo I del presente Decreto, o en su caso, hasta el importe garantizado en el documento de aval, cuando el mismo sea inferior al límite máximo que figura en el anexo I.
Quinto.- El contrato de préstamo/crédito sobre el que recaen los avales que se autorizan, deberá formalizarse con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, y remitirse a la Consejería de Economía y Hacienda.
Las cláusulas del contrato de préstamo/crédito que prevean condiciones de garantía por la Administración autonómica distintas a las que se consignen en el presente Decreto, y en el documento de formalización del aval, carecerán de toda eficacia frente a la Administración autonómica.
Sexto.- Por el Consejero de Economía y Hacienda se formalizarán los correspondientes documentos de aval, según el modelo que se recoge en el anexo II, que deberá ir unido a los contratos de las operaciones de crédito/préstamo que se formalicen.
Séptimo.- 1. La Consejería de Economía y Hacienda podrá requerir a la entidad de crédito prestamista, información detallada sobre el cumplimiento por parte de la entidad prestataria de las obligaciones derivadas de la operación de préstamo/crédito avalada por la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. Las entidades de crédito prestamistas quedan expresamente obligadas a notificar de forma fehaciente la falta de pago de la acreditada en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el vencimiento del plazo conferido en el contrato de préstamo/crédito al prestatario para proceder al abono de cada una de las cuotas de amortización de capital e intereses remuneratorios pactados. El incumplimiento de esta obligación determinará la ineficacia en su totalidad del presente afianzamiento. Octavo.- Todos los gastos e impuestos derivados de la autorización y formalización del aval de tesorería serán de la cuenta exclusiva de la entidad avalada.
Noveno.- El aval prestado a cargo de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias no devengará a favor de la misma comisión.
Décimo.- El documento de aval habrá de ser suscrito por la entidad prestamista y prestataria en prueba de conocimiento y aceptación de las condiciones de garantía.
Undécimo.- La entidad avalada facilitará la inspección y control que ejercerá la Consejería de Economía y Hacienda en colaboración con la Consejería competente por razón de la materia, en orden a verificar la refinanciación de la campaña 1992/1993, con el préstamo/crédito avalado, al objeto de comprobar su aplicación y rentabilidad, así como la solvencia de la entidad avalada, pudiendo para ello verificar los documentos que se consideren oportunos.
Duodécimo.- 1. En el supuesto de que llegara a hacerse efectiva su obligación como avalista, la Comunidad Autónoma de Canarias quedará automáticamente subrogada en todos los derechos que la entidad de crédito prestamista tenía contra la entidad avalada, comprometiéndose ésta a reintegrar a la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias las cantidades abonadas por ésta a dicha entidad de crédito, así como a indemnizar a la Comunidad Autónoma en su caso, por los restantes conceptos señalados en el artículo 1.838 del Código Civil que se hubieren devengado, con carácter preferente a cualquier otra obligación asumida, sin perjuicio de las existentes hasta la fecha y de los supuestos de prelación de créditos legalmente reconocidos.
2. En caso de incumplir el avalado lo establecido en el apartado anterior, se exigirá al mismo el reembolso, por la vía administrativa, conforme a las reglas que para el ingreso de los débitos de derechos públicos no tributarios establece el Reglamento General de Recaudación, procediéndose en su caso por la vía administrativa de apremio.
Decimotercero.- La formalización de los avales que se autorizan conforme a lo previsto en el presente Decreto, quedará condicionada a la previa o simultánea cancelación de los avales autorizados por Decreto 311/1993, de 10 de diciembre.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de junio de 1995. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, en funciones, Manuel Hermoso Rojas.
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, en funciones, José Miguel González Hernández.
EL CONSEJERO DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN,
en funciones,
Antonio Ángel Castro Cordobez.
A N E X O I I
La Comunidad Autónoma de Canarias, y en su nombre y representación, el Excmo. Sr. ................., en su calidad de Consejero de Economía y Hacienda, con facultad suficiente para obligarse en este acto, y de conformidad con el Decreto ...... (B.O.C. nº ........., de ......... de 1995).
AVALA
1. En los términos establecidos en la Ley 14/1994, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1995 y en el Decreto ........... (B.O.C. nº ....., de .............. de 1995), a la .................., hasta el límite máximo de ......... que se entiende como cantidad máxima avalada en los términos establecidos en el dispositivo segundo, apartado 1, del referido Decreto, y por un plazo máximo de ..........., en garantía de la operación de préstamo/crédito formalizada cuyas condiciones se especifican en el apartado 4 del presente documento, destinada a la refinanciación de los préstamos avalados correspondientes a la campaña 1992/1993.
2. La Comunidad Autónoma renuncia al beneficio de orden, excusión y división a que se hace referencia el dispositivo segundo, apartado dos, del Decreto referenciado en el punto anterior.
3. Las condiciones del presente aval se ajustarán íntegramente a lo señalado en el Decreto ...................... (B.O.C. nº ........., de ...... de ......... de 1995).
4. La citada operación de préstamo se formaliza en las siguientes condiciones:
- Entidad financiera:
- Naturaleza de la operación:
- Póliza nº ................. Fecha:
- Importe
- Tipo de interés nominal:
- Tipo de interés de demora:
- Plazo:
- Comisión de apertura:
- Comisión de estudio:
- Forma de amortización:
5. En el supuesto de que llegara a hacerse efectiva su obligación como avalista, en los términos expresados en el Decreto ........... (B.O.C. nº ....., de ....... de ............ de 1995), la Comunidad Autónoma de Canarias quedará automáticamente subrogada en todos los derechos que la entidad de crédito prestamista tenía contra la entidad avalada, comprometiéndose ésta a reintegrar a la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias las cantidades abonadas a dicha entidad de crédito, así como a indemnizar a la Comunidad Autónoma, en su caso, por los restantes, conceptos señalados en el artículo 1.838 del Código Civil que se hubieren devengado con carácter preferente a cualquier otra obligación asumida, sin perjuicio de las existentes hasta la fecha y de los supuestos de prelación de créditos legalmente reconocidos.
6. En virtud del presente documento queda sin efecto el aval autorizado mediante Decreto 311/1993, de 10 de diciembre, y formalizado el ........ de ........ de ......, por el que la Comunidad Autónoma de Canarias, y en su nombre y representación el Excmo. Sr. D. José Miguel González Hernández, Consejero de Economía y Hacienda, avaló a ............. ante ............. en el contrato de préstamo nº ................. por importe de ....... al haberse cancelado el citado contrato de préstamo el ............ de ....... de ....... La Comunidad Autónoma de Canarias queda exenta de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del precitado afianzamiento en dicho contrato de préstamo.
Y para que conste, y a los efectos oportunos, se expide el presente afianzamiento en ............. a ................. de ............. de 1995.
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA,
Fdo.:
En prueba de conformidad, conocimiento y aceptación de las condiciones de garantía firman el presente:
El Prestamista. El Prestatario.
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