Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Ramiro Lima Negrín la Orden de 16 de marzo de 1995 (Libro nº 2, folio 78, nº 83), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 573/94 (expediente nº 149/93), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Pesca de fecha 2 de junio de 1994.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Frontera la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de julio de 1995.- El Secretario General Técnico, p.d., el Jefe del Servicio de Régimen Jurídico, Antonio J. Alfonso Quirós (Resolución de 19.5.93; B.O.C. nº 67, de 24.5.93).
A N E X O
Orden por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Ramiro Lima Negrín.
Visto el recurso ordinario formulado por D. Ramiro Lima Negrín, contra la Resolución de la Dirección General de Pesca, de 2 de junio de 1994, recaída en el expediente sancionador nº 149/93, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador incoado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa en materia de pesca marítima consistente en que con fecha 4 de julio de 1993 se levantó acta de infracción nº 2.481, por Auxiliares de Inspección Pesquera, por la que se denunció a D. Ramiro Lima Negrín por estar practicando pesca submarina en zona prohibida, concretamente en El Salto, Tacoron, Frontera, El Hierro, hecho que determinó la imposición de una sanción económica de quince mil (15.000) pesetas.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso ordinario alegando, en resumen, que el fusil lo había prestado a un amigo y el lugar de entrega era El Salto de Tacoron; que se encontraba en el agua con el fusil comprobando su estado; que no iba preparado con el equipo de pesca y que nunca ha negado ni negará que se encontraba en el agua con el fusil pero ello no implica que estuviese pescando y que no contaba con ninguna pieza y por lo anteriormente expuesto cree no haber cometido ninguna infracción puesto que no estaba practicando pesca alguna sino comprobando una de sus pertenencias.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Consejero de Pesca y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso a tenor del artículo 4.1 del Decreto 207/1993, de 9 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Pesca y Transportes, en relación con el artículo 29.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Segundo.- El recurso ordinario interpuesto reúne los requisitos de índole adjetiva o formal determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en los artículos 12, 13 y 14 y demás concordantes de la Ley 53/1982, de 13 de julio, de Infracciones Administrativas en materia de pesca marítima y marisqueo, así como lo dispuesto en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto).
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora de la Dirección General de Pesca, de 2 de junio de 1994, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 2º.Uno del Decreto 156/1986, de 9 de octubre, de regulación de la pesca marítima de recreo en aguas interiores del Archipiélago Canario, que establece que la pesca submarina podrá practicarse, desde la salida hasta la puesta del sol, únicamente en las zonas acotadas que se establezcan, ello en relación con la Orden de 30 de octubre de 1986, en la que se recogen cuáles son las zonas acotadas donde se permite la práctica de la pesca deportiva submarina en la isla de El Hierro.
Teniendo en cuenta que el hecho denunciado supone vulneración de lo preceptuado en la normativa anteriormente citada, siendo constitutivo de infracción de carácter grave, de conformidad con los criterios de calificación contenidos en el artículo 4º de la Ley 53/1982, de 13 de julio, si bien en la imposición de sanción se han tenido en cuenta como circunstancias atenuantes las inherentes al hecho infractor denunciado, en aplicación al Derecho Administrativo sancionador de los principios inspiradores del orden penal, sin que las alegaciones del recurrente desvirtúen los hechos denunciados, de forma que del expediente sancionador se deduce que resulta probado que el expedientado estaba practicando pesca submarina en zona prohibida en la fecha en que se levantó la correspondiente acta de infracción, en consecuencia, procede confirmar la resolución sancionadora impugnada por ser ajustados a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción impuesta.
Quinto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados concordantes y demás de general aplicación,
D I S P O N G O:
Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. Ramiro Lima Negrín y confirmar la Resolución de la Dirección General de Pesca, de 2 de junio de 1994, recaída en el expediente sancionador 149/93, que determinó la imposición de una sanción económica de quince mil (15.000) pesetas, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Orden exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Pesca y Transportes, Felipe Perdomo Torres.
© Gobierno de Canarias