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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. José Manuel Acha Meneses la Orden de 21 de abril de 1995 (libro nº 2, folio 89, nº 338), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 449/93 (expediente nº TF-2615-O-92), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes, de 21 de mayo de 1993. Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de julio de 1995.- El Secretario General Técnico, p.d., el Jefe del Servicio de Régimen Jurídico, Antonio J. Alfonso Quirós (Resolución de 19.5.93; B.O.C. nº 67, de 24.5.93).
A N E X O
Orden por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. José Manuel Acha Meneses.
Visto el recurso ordinario formulado por D. José Manuel Acha Meneses, contra la Resolución de la Dirección General de Transportes, de 21 de mayo de 1993, recaída en el expediente sancionador nº TF-2615-O-92, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en transportar el vehículo TF-5788-X y el semirremolque TF-21485-R un exceso de peso, dando lugar a la sanción de doscientas cincuenta y cinco mil (255.000) pesetas.
Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que la infracción se encuentra prescrita al haber transcurrido más de tres meses desde su comisión hasta que fue notificada y que no hubo intención en su comisión, solicitando, en definitiva, se rebaje la cuantía de la sanción impuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Consejero de Pesca y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso a tenor del artículo 4.1 del Decreto 207/1993, de 9 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Pesca y Transportes, en relación con el artículo 29.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora de la Dirección General de Transportes, de 21 de mayo de 1993, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 140.c) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículo 197.c) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, que considera infracción de carácter muy grave el exceso superior al 15% de los vehículos de más de veinte toneladas de peso máximo autorizado.
Teniendo en cuenta que resulta probado y reconocido por el propio recurrente mediante ticket de pesaje efectuado en la báscula de la I.T.V. de Güímar -báscula que tras las pruebas de verificación periódica según informe protocolo de fecha 22 de junio de 1994 ha sido informada favorablemente según consta en Acta y Resolución de la misma fecha sobre inspección de báscula-, que el vehículo TF-5788-X y el semirremolque TF-21485-R, del que es titular el recurrente, circulaba el día de la denuncia (17.12.92) transportando un peso total de 45.350 kg, estando autorizado para 38.000 kg, lo que supone un exceso de 7.350 kg, que supera en más de un 19% su peso máximo autorizado, sin que puedan ser atendidas otras circunstancias atenuantes que las ya consideradas en la propia Resolución impugnada, procede en consecuencia confirmar esta última por ser ajustados a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción impuesta.
Cuarto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
D I S P O N G O:
Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. José Manuel Acha Meneses y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes, de 21 de mayo de 1993, recaída en el expediente sancionador nº TF-2615-O-92, que determinó la imposición de una sanción de 255.000 pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Orden exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. Notifíquese reglamentariamente.- El Consejero de Pesca y Transportes, Felipe Perdomo Torres.
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