No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra los mismos por infracción a la normativa turística, y conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
Las Resoluciones que se notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente. 1) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 51, número 328.
Resolución de 11 de mayo de 1995, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 94/269 instruido a D. Santiago Mederos González titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Las Agujas.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Santiago Mederos González, por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 16 de diciembre de 1994, como consecuencia de la denuncia formulada por Operador Holandés Subtours, y del acta de inspección nº 4.155 de 27 de junio de 1994.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 12 de mayo de 1994, se recibió en esta Consejería denuncia formulada por Operador Holandés Subtour, contra el establecimiento consignado, en la que manifiesta que en la temporada pasada de invierno tuvieron serios problemas de overbooking.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 27 de junio de 1994, se personó en el establecimiento de referencia sito en la Avenida Grandes Playas, s/n, en Corralejo, término municipal de La Oliva el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 4.151 en la que esencialmente se hace constar que no es cierto lo manifestado en la referida reclamación respecto al incumplimiento de contrato, ya que el complejo tenía unidades alojativas libres para satisfacer la demanda turística.
No obstante lo anterior, se comprobó que dicho establecimiento carecía del Libro de Inspección, alegando D. Vicente Gracia Arantegui, Director del establecimiento, que se encontraba en el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26 de noviembre de 1992), y de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. nº 42, de 11.4.86).
Segunda: que de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28 de septiembre de 1982), y el artículo 14 del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo (B.O.C. nº 105, de 16.8.83), el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística es el competente para resolver el presente expediente sancionador.
Tercera: que se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el número 94/269, previo nombramiento de Instructor y Secretario.
Cuarta: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 16 de diciembre de 1994, por Carecer en el establecimiento del Libro de Inspección.
Quinta: que el expedientado no ha realizado contestación al Pliego de Cargos dentro del plazo establecido.
Sexta: que con fecha 22 de febrero de 1995, se formuló Propuesta de sanción de multa en cuantía de 50.000 pesetas.
Séptima: que el expedientado ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución en la que en síntesis alega que el Libro de Inspección no se encontraba en el establecimiento consignado, por haberse presentado en el Cabildo Insular de Fuerteventura (Registro de Turismo) para que le concedieran el preceptivo cambio de titularidad.
Octava: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Novena: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Décima: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada en base al contenido del Acta nº 4.151 de 27 de junio de 1994, sin que la razón esgrimida por el expedientado desvirtúe el hecho infractor, pues el Libro de Inspección debe estar en todo momento en el establecimiento a disposición del Servicio de Inspección, no teniendo que ser presentado para efectuar el cambio de titularidad en el organismo competente, según se regula en el artº. 4 de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el Procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos, por lo que la realización de este trámite administrativo no le exime de lo preceptuado en los artículos 1º y 3º de la Orden de 31 de octubre de 1970, que establece la obligatoriedad del Libro de Inspección para las industrias y empresas.
Undécima: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a los artículos 1º y 3º de la Orden de 31.10.70, con calificación de leve, en base al artículo 8º.f), en relación con el artículo 7º.d), de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. de 11 de abril de 1986).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas a D. Santiago Mederos González, con N.I.F. nº 42.427.376, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Las Agujas.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de 1995.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.
2) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 52, número 362.
Resolución de 29 de mayo de 1995, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 95/004 instruido a Malpey, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Haría.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Malpey, S.A., por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 4 de enero de 1995, como consecuencia del acta de inspección nº 4.309 de 16 de septiembre de 1994.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
Que con fecha 16 de septiembre de 1994, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Alcorce, 5, Puerto del Carmen, término municipal de Tías el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 4.309 en la que esencialmente se hace constar que dicho establecimiento no acreditó a la Inspección estar en posesión de la preceptiva autorización de apertura expedida por la Administración turística canaria, para ejercer su actividad en la modalidad de Restaurante.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26 de noviembre de 1992), y de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. nº 42, de 11.4.86).
Segunda: que de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 14 del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo (B.O.C. nº 105, de 16.8.83), el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística es el competente para resolver el presente expediente sancionador.
Tercera: que se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el número 95/004, previo nombramiento de Instructor y Secretario.
Cuarta: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 4 de enero de 1995, por Realizar la actividad turística de Restaurante en el establecimiento de referencia, careciendo de la preceptiva autorización de apertura de la Administración turística canaria.
Quinta: que la empresa expedientada no ha realizado contestación al Pliego de Cargos. Sexta: que con fecha 17 de marzo de 1995, se formuló Propuesta de sanción de multa en cuantía de 200.000 pesetas.
Séptima: que la empresa expedientada no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.
Octava: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Novena: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Décima: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al acta de inspección nº 4.309 de 16 de septiembre de 1994.
Undécima: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artículo 6º de la Orden de 17.3.65, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes, con calificación de grave, en base al artículo 9º.b), en relación con el artículo 8º.Ll), de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. de 11 de abril de 1986).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de doscientas mil (200.000) pesetas a Malpey, S.A., con C.I.F. nº A-35147172, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Haría.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 1995.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de junio de 1995.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.
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