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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a Juan Guardia Morales e Hijos, S.L. la Orden de 18 de abril de 1995 (libro 01, folio 15/511), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 38-129 bis/94.
2.- Remitir al Ayuntamiento de La Orotava la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de junio de 1995.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.
A N E X O
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio por Juan Guardia Morales e Hijos, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 16 de junio de 1994, recaída en el expediente nº 38-129 bis/94, y que determinó la imposición de una sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas, y
RESULTANDO
Primero: que según inspección practicada por Inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 30 de diciembre de 1993, en el establecimiento de la empresa Juan Guardia Morales e Hijos, S.L., sito en la Avenida Emilio Luque, 40, del término municipal de La Orotava, y mediante acta nº 33.141, instruida al efecto, se comprobó que esta empresa es la importadora de un juguete (muñeca de 29 cm marca Bendable Romantic Collection Betty MPC), localizada en el establecimiento minorista que se señala en acta nº 33.132, propiedad de Dña. Aixa Herrera Rodríguez, a quien se la suministró Comercial Riucosta, S.L. (acta nº 33.139). En dicho artículo figura la marca CE, pero el etiquetado carece de datos en castellano y no figura tampoco el domicilio y el Número de Identificación Fiscal del importador.
Este hecho supone transgresión a la normativa de consumo.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló acuerdo de iniciación en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en los artículos 13 y 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en conexión con el artículo 4º del Real Decreto 2.330/1985, de 6 de noviembre (B.O.E. nº 300), por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes, útiles de uso infantil y artículos de broma, y artículo 11 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio (B.O.E. nº 166), por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes.
Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas.
Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio, que tiene entrada en este Departamento el día 4 de julio de 1994, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:
Que la empresa compradora Comercial Riucosta, S.L. o el propietario del establecimiento en el cual se levantó el acta (propiedad de Dña. Aixa Herrera Rodríguez) han sido los que han quitado dicha etiqueta. Debido a que no les interesaba que los consumidores supieran que dichos artículos eran importados por la empresa del interesado, sobre todo considerando que las empresas son de este mismo municipio.
Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas. Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en los artículos 13 y 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en conexión con el artículo 4º del Real Decreto 2.330/1985, de 6 de noviembre (B.O.E. nº 300), por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes, útiles de uso infantil y artículos de broma, y artículo 11 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio (B.O.E. nº 166), por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes.
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 18.2.B.m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, en relación con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, sí pueden ser tomadas en consideración, pues comportan justificación legal que permite modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución sancionadora, por cuanto:
Las alegaciones vertidas por el representante legal de la empresa encartada sí pueden ser tomadas en consideración, pues resultan suficientes para desvirtuar los hechos imputados, por cuanto no ha quedado acreditada la comisión de la infracción que se imputa.
El Inspector localizó en el comercio minorista que se señala en acta nº 33.132 un juguete, cuyo etiquetado adolecía de diversas irregularidades. Dicho producto le fue suministrado por Comercial Riucosta, S.L., que, a su vez, lo había adquirido a la empresa encartada. En acta nº 33.141, el gerente de la empresa reconoce que la empresa es la importadora del producto, pero no se explican las razones por las que el juguete en cuestión no tiene la etiqueta adherida. Además el Inspector comprueba que los juguetes expuestos en su comercio detallista llevan la etiqueta adherida. Y finalmente considera que la carencia de etiquetado pudo ser debida a la antigüedad del juguete o a la retirada de la cadena de distribución.
En consecuencia, persiste la duda de si el juguete fue distribuido sin etiquetado o si la etiqueta adherida fue eliminada por alguna de las personas que distribuyeron el producto, duda que debe ser resuelta a favor del presunto infractor.
A fin de dar cumplimiento a los principios de tipicidad, responsabilidad y certeza en la comisión de la infracción que debe presidir todo procedimiento sancionador, se deben estimar por tanto las alegaciones del interesado.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las Resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA
Estimar, en todos sus términos, el recurso ordinario interpuesto por D. Juan Guardia e Hijos, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 16 de junio de 1994, recaída en el expediente nº 38-129 bis/94, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas, por lo que debe revocar y, consecuentemente, dejar sin efecto la mencionada Resolución recurrida.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.
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