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Esta Intervención General, de conformidad con lo establecido en los artículos 81 y siguientes de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y 36 y siguientes del Reglamento de la Función Interventora, ha realizado un control financiero a la entidad Centro de Estudios Gastronómicos de Canarias, S.L., sobre las subvenciones concedidas a la misma, por importe de 17.694.000 pesetas, en base al Decreto Territorial 6/1990, de 9 de enero, por el que se regulaban los cursos de Formación Técnico Profesional, Sección Ocupacional.
Emitido el Informe definitivo relativo a dicho control, se ha procedido a dar traslado de las conclusiones del mismo a la entidad objeto de control, recibiéndose devuelto por el Servicio de Correos el oficio remitido al efecto. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Comunicar a la entidad Centro de Estudios Gastronómicos de Canarias, S.L. la emisión del Informe definitivo relativo al control financiero realizado sobre las subvenciones anteriormente citadas, de cuyas conclusiones podrá conocer, en un plazo de 15 días a partir de la publicación de la presente, en las dependencias de esta Intervención General, Servicio de Control del Sector Público, calle Tomás Miller, 38, 3ª planta, Las Palmas de Gran Canaria.
Comunicarle asimismo que, de acuerdo a lo previsto en la normativa general reguladora de las subvenciones, Decreto Territorial 200/1985, de 13 de junio, Decreto 6/1995, de 27 de enero, así como el Decreto 126/1986, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Función Interventora, se ha propuesto el inicio del correspondiente expediente de reintegro, por importe de 11.856.000 pesetas. Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 82.7 de la Ley General Presupuestaria, se ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 1995.- El Interventor General, Rafael Medina Jáber.
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