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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a D. Miguel Alonso Martín la Orden de 9 de mayo de 1995 (libro 01, folio 17/589), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 38-410/94.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Tacoronte (Tenerife) la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de junio de 1995.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.
A N E X O
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio por D. Miguel Alonso Martín, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de 19 de octubre de 1994, recaída en el expediente nº 38-410/94, y que determinó la imposición de una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas, y
RESULTANDO
Primero: que según inspección practicada por Inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 15 de abril de 1994, en el establecimiento minorista, de rótulo Autoservicio Mimesa, del que es titular D. Miguel Alonso Martín, sito en la Carretera General, nº 74, La Estación, término municipal de Tacoronte, y mediante acta nº 033797, comprobaron los siguientes hechos:
1. Que en este establecimiento hay expuestos y dispuestos para su venta al público los siguientes productos: cebollas, plátanos y papas, y que los mismos carecen del preceptivo etiquetado normalizado.
2. Que en la charcutería de este establecimiento se exponen para su venta los siguientes productos: chorizo, salchichón, jamón cocido, mortadela, quesos varios, etc.; y que todos carecen del precio de venta al público.
Por tanto, dichos hechos son constitutivos de infracción en materia de consumo por la carencia de etiquetado normalizado en frutas y hortalizas, indicativo de la denominación, variedad, categoría comercial, calibre, origen e identificación de la empresa. Asimismo, por la carencia de los preceptivos P.V.P.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló acuerdo de iniciación en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2, 4 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre (B.O.E. nº 29, de 3.2.94), por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas en el mercado interior.
Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas.
Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio, que tiene entrada en este Departamento el día 24 de octubre de 1994, alegando, en síntesis, el recurrente lo siguiente: que el día en que se cursó la visita de inspección, se estaban colocando, como cada viernes, más productos de charcutería, frutas y verduras recién llegadas.
Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2, 4 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre (B.O.E. nº 29, de 3.2.94), por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas en el mercado interior.
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo, de las atribuciones que le confiere el artº. 18.2.B.m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, en relación con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución recurrida, por cuanto: en el acta de inspección nº 33.797, el Sr. Inspector pudo comprobar que toda la charcutería carecía de P.V.P. y además se pone de manifiesto que en diversas ocasiones el Inspector ha procedido a informar verbalmente al recurrente, luego y dada la presunción establecida en el artº. 173 del Real Decreto 1.945/1983, sobre la veracidad de los hechos que figuran recogidos en las actas de inspección, se comprueba la comisión de una infracción leve en materia de protección al consumidor.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,
A C U E R D A:
Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario interpuesto por D. Miguel Alonso Martín, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de 19 de octubre de 1994, recaída en el expediente nº 38-410/94, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.
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