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BOC Nº 075. Viernes 16 de Junio de 1995 - 1627

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Turismo

1627 - RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 1995, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden que resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Fernando Nicolás Quintana Quintana, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Pampa Grill 2.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero: notificar al establecimiento Restaurante Pampa Grill 2 la Orden de 11 de abril de 1995 (Libro nº 02, folio 947), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 220/93 (expediente nº 804/91), interpuesto contra la Resolución de 4 de marzo de 1993, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.

Segundo: remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente. Santa Cruz de Tenerife, a 16 de mayo de 1995.- El Secretario General Técnico, José Espejo González.

A N E X O

Orden por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Fernando Nicolás Quintana Quintana (Restaurante Pampa Grill 2).

Visto el recurso ordinario interpuesto por D. Fernando Nicolás Quintana Quintana, en representación de Pampa Grill, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Pampa Grill 2, contra la Resolución de 4 de marzo de 1993, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 804/91, y vistos los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística, consistente en no exhibir en el interior del establecimiento las relaciones de servicios y precios aplicados; no anunciar la existencia de las Hojas de Reclamaciones, hechos que determinaron la imposición de sanción en cuantía de cuarenta mil (40.000) pesetas.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso ordinario solicitando su revocación a cuyos efectos se exponen, en síntesis, los siguientes argumentos:

- Los hechos objeto de infracción deberían ser sancionados como apercibimiento, ya que en virtud del artículo 12 de la Ley 3/1986, de 8 de abril, el carácter de la infracción no ha perjudicado los intereses de la clientela y además no existe reincidencia en la comisión de la misma.

- No se han dañado los intereses del cliente por cuanto las listas de precios estaban perfectamente anunciadas en el exterior del local, y dentro del mismo también lo están al disponer el cliente de la carta en la que se incluyen los precios.

- En cuanto al anuncio de que existen Hojas de Reclamaciones a disposición del cliente, tampoco sería una falta leve, pues a nadie se le esconde que existe la obligación de disponer de las mismas, requisito que sí cumplía al disponer de ellas.

- Prescripción en virtud del artículo 10.c) de la Ley 3/1986, ya que según consta en el expediente incoado, la misma se cometió el 30 de octubre de 1991 y el expediente sancionador se instruye el 25 de junio de 1992.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- El Consejero de Presidencia y Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso, de acuerdo con lo que establece el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos de índole adjetiva o formal determinantes de su admisión a trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y siguientes de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cuarto.- La prescripción de la exigencia de responsabilidad alegada por el recurrente debe prosperar a la vista del expediente, toda vez que consta como levantada el Acta de Inspección que trae causa con fecha 30 de octubre de 1991, incoándose el correspondiente expediente sancionador el 20 de diciembre del mismo año, constando notificada mediante correo certificado con acuse de recibo el día 24 de enero de 1992. El plazo de prescripción, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística, se interrumpió con la incoación del expediente sancionador, es decir, el cómputo del plazo se inicia el 30 de octubre de 1991 y queda interrumpido el 24 de enero de 1992. Teniendo en cuenta que la infracción fue calificada de leve, con lo que a tenor de lo previsto en el referido artículo las mismas prescriben a los dos meses, es por lo que procede la estimación del presente recurso, con el consiguiente archivo de actuaciones.

Quinto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con lo previsto en el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Estimar en todos sus términos el recurso ordinario promovido por D. Fernando Nicolás Quintana Quintana, en representación de Pampa Grill, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Pampa Grill 2, por considerar la prescripción de la exigencia de responsabilidad por la infracción contemplada en el expediente, con archivo de actuaciones, dejando sin efecto la Resolución de 4 de marzo de 1993, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 804/91, que determinó la imposición de una sanción de cuarenta mil (40.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación a esta Consejería de Presidencia y Turismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Presidencia y Turismo, Miguel Zerolo Aguilar.

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