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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra los mismos por infracción a la normativa turística, y conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
Las Resoluciones que se notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
1) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 48, número 270.
Resolución de 20 de abril de 1995, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 94/120 instruido a Kaoval, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bungalows Kaori.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Kaoval, S.L., por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 23 de mayo de 1994, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Zaeger Wolfram Herlinde, y del Acta de Inspección nº 3.430, de 28 de febrero de 1994.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 22 de febrero de 1994, se recibió en esta Consejería denuncia formulada por D. Zaeger Wolfram Herlinde, contra los Bungalows Kaori, en la que manifiesta una serie de deficiencias: falta de higiene, mobiliario en mal estado, etc.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados el 28 de febrero de 1994, se personó en el establecimiento de referencia sito en la Avenida de Tirma, 18, Playa del Inglés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 3.430 en la que esencialmente se hace constar que existían deficiencias en especial en el mobiliario y en las instalaciones del establecimiento consignado. Así mismo, no exhibió la licencia de apertura expedida por la Administración turística para la explotación de 15 unidades alojativas.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92) y de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. nº 42, de 11.4.86).
Segunda: que de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 14 del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo (B.O.C. nº 105, de 16.8.83), el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística es el competente para resolver el presente expediente sancionador. Tercera: que se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el número 94/120, previo nombramiento de Instructor y Secretario.
Cuarta: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 23 de mayo de 1994, por Realizar la actividad de alojamiento, en la modalidad turística de bungalows, en el establecimiento de referencia, compuesto por 15 unidades alojativas, careciendo de la preceptiva autorización de apertura de la Administración turística canaria.
Quinta: que la empresa expedientada no ha realizado contestación al Pliego de Cargos.
Sexta: que con fecha 28 de octubre de 1994, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 650.000 pesetas.
Séptima: que la empresa expedientada no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.
Octava: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Novena: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Décima: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada en base al contenido del Acta de Inspección nº 3.430, de 28 de febrero de 1994, toda vez que por dicha empresa se ha estado explotando turísticamente bungalows en el complejo denominado Kaori, sin haber obtenido la pertinente autorización de apertura y clasificación de la Administración turística canaria.
Undécima: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a los artículos 8 y 15 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos, con calificación de grave, en base al artículo 9º.b) en relación con el artículo 8º.Ll), de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. de 11 de abril de 1986).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de seiscientas cincuenta mil (650.000) pesetas a Kaoval, S.L., con C.I.F. nº B-35055284, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bungalows Kaori.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de abril de 1995.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.
2) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 47, número 239.
Resolución de 5 de abril de 1995, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 94/179 instruido a D. Francisco Martín Álvarez, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Pavarotti.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Francisco Martín Álvarez, por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 22 de agosto de 1994, como consecuencia del Acta de Inspección nº 3.736, de 6 de abril de 1994.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
Que con fecha 6 de abril de 1994, se personó en el establecimiento de referencia sito en Avenida de Las Playas (C.C. Costa Luz), local 29, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 3.736 en la que esencialmente se hace constar que el referido establecimiento había cambiado la denominación, llamándose anteriormente Edelweiss y también se había producido un cambio de titularidad en la explotación del mismo, desde junio de 1993. Por último, se hace constar que los nuevos precios de las comidas no estaban diligenciadas por la Administración turística.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92) y de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. nº 42, de 11.4.86).
Segunda: que de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 14 del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo (B.O.C. nº 105, de 16.8.83), el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística es el competente para resolver el presente expediente sancionador.
Tercera: que se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el número 94/179, previo nombramiento de Instructor y Secretario.
Cuarta: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 22 de agosto de 1994, por Continuar la explotación turística del referido establecimiento, sin haber comunicado el cambio de titularidad a su favor, a la Administración turística canaria, en el plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la transmisión. Haber cambiado la denominación del establecimiento, toda vez que figuraba como Restaurante Pavarotti, sin haberlo comunicado previa y preceptivamente a la Administración turística canaria. No haber comunicado a la Administración turística canaria, los precios que rigen en la prestación del servicio de comidas.
Quinta: que el expedientado no ha realizado contestación al Pliego de Cargos.
Sexta: que con fecha 4 de noviembre de 1994, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 125.000 pesetas.
Séptima: que el expedientado ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que en síntesis alega que cuando se realizó la inspección, toda la documentación se encontraba depositada en las oficinas del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, Departamento de Turismo, así como se había comunicado el cambio de titularidad.
Octava: que con fecha 18 de enero de 1995, el Instructor del expediente solicitó informe a la Sección de Turismo, de la Consejería de Transferencias del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, con el objeto de conocer la fecha en la que D. Francisco Martín Álvarez, con D.N.I. nº 6506447, comunicó el cambio de titularidad, de denominación y los precios para ser sellado por dicha Administración turística.
Novena: que con fecha 8 de febrero de 1995, se recibió en esta Consejería el informe cumplimentado el 1 del mismo mes y año en el que se hace constar que con fecha 12 de abril de 1994, fue solicitado por D. Francisco Martín Álvarez el cambio de titularidad, denominación y sellado de Listas de Precios, resuelto por la Consejería de Transferencias con fecha 18 de mayo de 1994, extendiéndosele un duplicado del Libro de Inspección, Hojas de Reclamaciones y sellado de Listas de Precios el 8 de junio de 1994.
Décima: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Undécima: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Duodécima: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al contenido del Acta de Inspección nº 3.736, de 6 de abril de 1994, y a la consulta a los archivos correspondientes, sin que las alegaciones vertidas por el expedientado desvirtúen los hechos infractores, pues los hechos infractores fueron comprobados por el Servicio de Inspección de esta Dirección General, el 6 de abril de 1994, procediendo a subsanarlos el titular, el 12 del mismo mes y año, tal como figura en el informe de la Sección de Turismo de la Consejería de Transferencias del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote y no como afirma el expedientado en su escrito de alegaciones de fecha 16 de noviembre de 1994. Así mismo, significar que el cambio de titularidad, no fue comunicado dentro del plazo establecido, toda vez que según el Acta de Inspección referida, D. Francisco Martín Álvarez ostenta la titularidad del referido establecimiento desde el mes de junio de 1993, solicitando el cambio de titularidad el 12 de abril de 1994.
No obstante lo anterior y a la hora de considerar la cuantía de la sanción de multa propuesta, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de haber cumplimentado los trámites necesarios para la corrección de los hechos infringidos, así como la carencia de antecedentes, no obrando constancia de haberse instruido expedientes sancionadores contra dicha empresa sobre los que haya recaído resolución firme.
Decimotercera: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a los artículos 2º y 5º de la Orden de 23.9.88, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos, artículo 3º de la Orden de 19.10.88, de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias (de los nombres y publicidad de los establecimientos turísticos). Artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17.3.65, modificada por la Orden Ministerial de 29.6.78, en su artículo 2º, con calificación de leve, en base al artículo 8º.c) y d) en relación con el artículo 7º.d), de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. de 11 de abril de 1986).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de (62.500) pesetas a D. Francisco Martín Álvarez, con N.I.F. nº 6.506.447-T, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Pavarotti.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de abril de 1995.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.
3) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 48, número 275.
Resolución de 20 de abril de 1995, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 94/186 instruido a Representaciones Déniz, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar El Cinco. Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Representaciones Déniz, S.L., por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 22 de agosto de 1994, como consecuencia del Acta de Inspección nº 4.175, de 6 de julio de 1994.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
Que con fecha 6 de julio de 1994, se personó en el establecimiento de referencia sito en la Plaza de España, 5, Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 4.175 en la que esencialmente se hace constar que dicho establecimiento carecía de las Listas de Precios selladas expuestas en el interior del establecimiento.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92) y de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. nº 42, de 11.4.86).
Segunda: que de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 14 del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo (B.O.C. nº 105, de 16.8.83), el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística es el competente para resolver el presente expediente sancionador.
Tercera: que se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el número 94/186, previo nombramiento de Instructor y Secretario.
Cuarta: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 22 de agosto de 1994, por No exhibir en el interior del establecimiento, la relación de servicios con los precios que rigen en la prestación de los mismos.
Quinta: que la empresa expedientada no ha realizado contestación al Pliego de Cargos dentro del plazo establecido.
Sexta: que con fecha 4 de noviembre de 1994, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 10.000 pesetas.
Séptima: que la empresa expedientada no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.
Octava: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Novena: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Décima: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada en base al contenido del Acta nº 4.175, de 6 de julio de 1994.
Undécima: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artº. 10.3 de la Orden Ministerial de 17.3.65, modificado por la Orden Ministerial de 29.6.78, en su artículo 1º y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19.6.70, con calificación de leve, en base al artículo 8º.c) en relación con el artículo 7º.d), de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. de 11 de abril de 1986).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de diez mil (10.000) pesetas a Representaciones Déniz, S.L., con C.I.F. nº B-35305671, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar El Cinco.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de abril de 1995.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.
4) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 47, número 249.
Resolución de 10 de abril de 1995, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 94/236 instruido a Dña. Matilde Alemán Muñoz, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Pepe El Breca II.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Dña. Matilde Alemán Muñoz, por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 16 de noviembre de 1994, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Pascual Vicente Morales, y del Acta de Inspección nº 4.319, de 26 de septiembre de 1994.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 8 de agosto de 1994, se recibió en esta Consejería denuncia formulada por D. Pascual Vicente Morales, contra el Restaurante consignado en la que manifiesta ciertas deficiencias en el servicio, así como el haberle cobrado la botella de vino Viña Sol (Fransola) a 2.100 pesetas.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados el 26 de septiembre de 1994, se personó en el establecimiento de referencia sito en la Carretera General de Maspalomas Fataga, en San Fernando, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 4.319 en la que esencialmente se hace constar que en las Listas de Vinos del Restaurante cuyos precios tiene comunicados a la Administración turística, el 8 de octubre de 1993, no figura el vino Viña Sol (Fransola) que le fue cobrado al cliente a razón de 2.100 pesetas botella. Así mismo se hace constar, que no fue posible la comprobación del resto de los hechos denunciados.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92) y de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. nº 42, de 11.4.86).
Segunda: que de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 14 del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo (B.O.C. nº 105, de 16.8.83), el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística es el competente para resolver el presente expediente sancionador.
Tercera: que se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el número 94/236, previo nombramiento de Instructor y Secretario.
Cuarta: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 16 de noviembre de 1994, por No haber comunicado a la Administración turística canaria, el precio del vino Viña Sol (Fransola).
Quinta: que la expedientada no ha realizado contestación al Pliego de Cargos.
Sexta: que con fecha 27 de enero de 1995, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 20.000 pesetas.
Séptima: que la expedientada no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.
Octava: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Novena: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Décima: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada en base a la denuncia formulada por D. Pascual Vicente Morales, y al contenido del acta 4.319, de 26 de septiembre de 1994.
Undécima: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artº. 30 en relación con el artº. 32.2 de la Orden Ministerial de 17.3.65, modificado por la Orden Ministerial de 29.6.78, en su artículo 2º, con calificación de leve, en base al artículo 8º.d) en relación con el artículo 7º.d), de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. de 11 de abril de 1986).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida, R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 20.000 pesetas a Dña. Matilde Alemán Muñoz, con N.I.F. nº 43.653.254-J, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Pepe El Breca II.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artº. 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de abril de 1995.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.
5) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 47, número 251.
Resolución de 10 de abril de 1995, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 94/238 instruido a Malpey, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Haría.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Malpey, S.A., por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 16 de noviembre de 1994, como consecuencia de la denuncia formulada por Dña. Nieves González Rodríguez, y de las Actas de Inspección números 4.305 y 4.308, de 15 y 16 de septiembre de 1994.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 9 de agosto de 1994, se recibió en esta Consejería denuncia formulada por Dña. Nieves González Rodríguez, contra la Agencia de Viajes Dogotour, en la que manifiesta que habiendo reservado para hospedarse en los Apartamentos Haría los días 1 al 8 de agosto de 1994, no pudieron residir en ellos y fueron desviados a otro complejo, ocasionándoles trastornos.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados el 15 de septiembre de 1994, se personó en el establecimiento denominado Agencia de Viajes Dogotour, S.L., en la calle Bernagal, 15, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 4.305 en la que esencialmente se hace constar que no se pudo facilitar a la Inspección los documentos relativos a la reserva y confirmación por parte de los Apartamentos Haría, hecha en su día a favor de la Sra. González, toda vez que la referida documentación la tenía el Director, que en el momento de la inspección se encontraba ausente.
3º) Que con fecha 16 de septiembre de 1994, se giró visita de inspección al establecimiento denominado Apartamentos Haría, sito en la calle Alcorce, 5, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, levantando al efecto el acta nº 4.308 en la que se hace constar que no fue posible comprobar el contenido de la denuncia indicada, toda vez que en el establecimiento de referencia no se conservaba ningún documento para poder ser constatada, solamente a través de pantalla de ordenador se reflejaba una relación fechada el día 1 de agosto de 1994, en la cual no figuraba la Sra. González.
4º) Que con fecha 23 de septiembre de 1994, se recibió en esta Consejería escrito de D. Agustín Betancor del Rosario, en calidad de Director de la Agencia de Viajes Dogotour, S.L., en el que manifiesta que la referida agencia en ningún momento fue la responsable del cambio de apartamentos, sino que el desvío fue realizado por los Apartamentos Haría. Adjunta la reserva realizada por dicha agencia de viajes con fecha 25 de mayo de 1994 a dichos apartamentos y firmada de conformidad por el Jefe de Recepción D. Félix Montelongo.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92) y de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. nº 42, de 11.4.86).
Segunda: que de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 14 del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo (B.O.C. nº 105, de 16.8.83), el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística es el competente para resolver el presente expediente sancionador.
Tercera: que se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el número 94/238, previo nombramiento de Instructor y Secretario.
Cuarta: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 16 de noviembre de 1994, por La no prestación de un servicio según lo convenido entre las partes, derivándose perjuicios para el usuario.
Quinta: que la empresa expedientada no ha realizado contestación al Pliego de Cargos.
Sexta: que con fecha 27 de enero de 1995, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 200.000 pesetas.
Séptima: que la empresa expedientada no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.
Octava: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Novena: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Décima: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada en base a la denuncia formulada por Dña. Nieves González Rodríguez, y al contenido de las actas 4.305 y 4.308, de 15 y 16 de septiembre de 1994, respectivamente, y al escrito presentado por D. Agustín Betancor del Rosario, en calidad de Director de la Agencia de Viajes Dogotour, S.L., al que acompaña la reserva realizada por dicha agencia de viajes el 25 de mayo de 1994 en los Apartamentos denominados Haría, sin que la empresa expedientada haya presentado ningún tipo de alegaciones que desvirtúe el hecho infractor.
Undécima: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artº. 11, nº 4, de la Orden de 15 de septiembre de 1978, sobre régimen de precios y reservas en los alojamientos turísticos, con calificación de grave, en base al artículo 9º.c) en relación con el artículo 8º.Ll), de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. de 11 de abril de 1986).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 200.000 pesetas a Malpey, S.A., con C.I.F. nº A-35147172, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Haría.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido a los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de abril de 1995.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de mayo de 1995.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.
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