No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de la persona física y jurídica que se relaciona, y siendo preciso notificarle la Resolución recaída en el expediente incoado contra el mismo por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a la persona física y jurídica que se cita, la Resolución recaída en el expediente que le ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo.
El interesado podrá interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de la población que se cita, la correspondiente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
1) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-260/94. INSTRUIDO A: Supermercado Barroso, C. B. D.N.I o N.I.F.: E-38201547.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. REFERENCIA DE HECHOS: el día 22 de febrero del año 1994, un Inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el establecimiento de venta al menor de alimentación, del que es titular la Comunidad de Bienes Supermercado Barroso, sito en la Avenida Primo de Rivera, 24, término municipal de Los Realejos, levantando el acta nº 033368, y comprobando los siguientes hechos, que constan en acta: que tiene expuestas y dispuestas para su venta al público, en expositores, las siguientes frutas y hortalizas: bubangos, pepinos, puerros, pimientos, coles, plátanos, peras y tomates. Y que carecen en su totalidad de las preceptivas etiquetas y carteles expresivos de los datos de normalización. Que dichos hechos suponen la comisión de una infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo dispuesto en el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: en escrito presentado en la Consejería de Industria y Comercio, el día 19 de julio de 1994 y provisto en el registro de entrada con el nº 1.972, el interesado manifiesta sucintamente lo siguiente: Negamos de manera general, y respetuosamente, lo alegado en el Pliego de Cargos que se contesta, habida cuenta de que no es cierto que los productos alimenticios que se dicen, no se encuentran expuestos al público con sus correspondientes P.V.P., ya que lo único cierto es que en el momento en que dicho Inspector giró su visita, se encontraban colocando dichos productos en los correspondientes estantes donde el día a día se ubican, no habiendo concluido en dicho momento su colocación, motivo por el que algunos productos no presentaban su correspondiente precio al público. Por otro lado, en las secciones de venta de frutas y hortalizas frescas comercializadas no es cierto que dichos productos carecieran de P.V.P. y cartel indicativo de los datos de normalización preceptivos (denominación del producto, la categoría comercial, la variedad y el calibre), ya que en dicho momento se estaba procediendo a la colocación de los mismos en los correspondientes estantes donde el día a día se ubican, no habiendo concluido en dicho momento su colocación, motivo por el que alguno de esos productos no presentaba su correspondiente precio al público, y además por el hecho de que no se pueden ejecutar dos labores, dígase, la de colocación y la de consignar sus precios en un sólo momento, sino que éstas lo suelen ser sucesivas, hecho este que al parecer no observó el citado Inspector, motivo por el que atendemos precede el archivo definitivo de este expediente. Por todo lo expuesto suplico el archivo definitivo del mismo. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no contienen justificación legal que le exima de responsabilidad, ya que no aporta prueba alguna en contrario. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en los artículos 11, apartado f), y artículo 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, del 9.9.93),
ACUERDO
Imponer a Supermercado Barroso, C. B. la sanción de multa de veinticinco mil (25.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 4 de agosto de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de abril de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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