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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a Dña. Isabel Pérez Pila la Orden de 5 de abril de 1995 (libro 01, folio 13/444), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 38/338/94.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de 1995.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.
A N E X O
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio por Dña. María Isabel Pérez Pila, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 18 de agosto de 1994, recaída en el expediente nº 38/338/94, y que determinó la imposición de una sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas, y RESULTANDO
Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 25 de febrero de 1994 en la tintorería Tiendas, propiedad de Dña. María Isabel Pérez Pila, sita en la calle Viera y Clavijo, 26, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 33.455, instruida al efecto, procedió a comprobar la reclamación presentada en la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Santa Cruz de Tenerife, por Dña. Ruth González Baute, el día 10 de noviembre de 1993. Dicha reclamación, a la que se asignó el nº de Registro de Inspección 95/94, viene motivada por la mala prestación de un servicio de tintorería, al devolver la prenda entregada desteñida, descosida y sin hombreras.
A la vista de la reclamación, del Acta de Inspección y de diversa documentación, se comprueban los hechos siguientes:
1º) La empresa encartada hizo constar en el resguardo de depósito la siguiente observación Puede perder color. Pero el resguardo no fue firmado por el cliente, por lo que la empresa es responsable del deterioro de la prenda.
2º) No se entregaron al cliente, a su petición, las Hojas de Reclamaciones, al alegar la empresa que no estaban selladas por el Organismo competente.
3º) En el resguardo de depósito no se estampó la firma o sello del prestador del servicio.
4º) En el plazo de diez días concedidos al efecto, la empresa no aportó el último recibo de pago de la póliza de responsabilidad, que cubra los daños que puedan sufrir las prendas de los clientes, conducta que supone negativa a colaborar con el Servicio de Inspección.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló acuerdo de iniciación en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en los artículos 13, apartado 6º, y 34, apartados 6º y 8º, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; artº. 3 apartados 3.1.4, 3.2.8 y 3.3.1, y el artº. 5, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en conexión con los artículos 6, apartado 6.1.10, y 8, del Reglamento regulador de los servicios de limpieza, conservación y teñido de productos textiles, cueros, pieles y sintéticos, aprobado por Real Decreto 1.453/1987, de 27 de noviembre (B.O.E. nº 285).
Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas.
Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio, que tiene entrada en este Departamento el día 26 de septiembre de 1994, alegando, en síntesis, el recurrente lo siguiente:
1. Que se hizo constar, como dice en la Resolución, que la prenda podía perder color. Efectivamente, falta la firma del usuario, pero lo que sí es patente es que fue informado de ello, pero sin embargo, muchos clientes son reacios a firmar y hasta dar sus datos de domicilio, teléfono, etc., y éste fue el caso.
2. Es totalmente correcto que las Hojas de Reclamaciones no estaban selladas por el Organismo competente. Sin embargo, no lo es que se le negaran al cliente, ya que se le informó que podría hacer la reclamación y que firmarían y sellarían la misma. El cliente estimó que no le interesaba hacerlo así y que prefería la denuncia directa.
3. Que el resguardo de depósito lleva el nombre comercial de la firma prestadora del servicio, su número de identificación fiscal y domicilio, lo que da motivo a pensar que son datos suficientes para el reconocimiento de la empresa.
4. Que, por supuesto, la empresa tiene una póliza de responsabilidad civil al día y creen, además, haber sido la primera empresa de tintorería que aseguró este riesgo. Si no fue aportado el recibo requerido, fue simplemente porque su expediente no llegó a sus manos, lo cual no quiere decir que no exista carta certificada con acuse de recibo, pero sí es cierto que por negligencia de quien la firmó, nunca llegó a su poder. Esta es la causa por la que en su momento no se hizo escrito de descargo, ni aportación del documento reseñado.
Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas. Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en los artículos 13, apartado 6º, y 34, apartados 6º y 8º, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; artº. 3, apartados 3.1.4, 3.2.8 y 3.3.1, y el artº. 5, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en conexión con los artículos 6, apartado 6.1.10, y 8 del Reglamento regulador de los servicios de limpieza, conservación y teñido de productos textiles, cueros, pieles y sintéticos, aprobado por Real Decreto 1.453/1987, de 27 de noviembre (B.O.E. nº 285).
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo que en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 18.2.B.m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, en relación con lo dispuesto en el artículo 36, apartado 1º, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución sancionadora, por cuanto:
1. El artº. 27.1.a) de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios declara la responsabilidad del suministrador de servicio, que deberá responder respecto del origen, identidad e idoneidad de los mismos, por tanto, al haberse prestado servicios por el recurrente, incumpliendo lo dispuesto en el Considerando II, se comprueba la comisión de una infracción leve por parte del mismo.
2. Por otro lado, el artículo 17.3 del Real Decreto 1.945/1983, establece la presunción iuris tantum de certeza del Acta de Inspección, por lo tanto corresponde al interesado desvirtuar la misma, a través de la consiguiente prueba, la cual no ha sido efectuada, por lo que se presumen ciertos los hechos infractores señalados en dicha Acta.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las Resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA:
Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario interpuesto por Dña. María Isabel Pérez Pila, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 18 de agosto de 1994, recaída en el expediente nº 38/338/94, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110, apartado 3º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.
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