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BOC Nº 067. Lunes 29 de Mayo de 1995 - 1382

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Industria y Comercio

1382 - RESOLUCIÓN de 24 de abril de 1995, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería que resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Francisco Alonso Hernández, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 19 de julio de 1994, recaída en el expediente nº 35/101/94.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Francisco Alonso Hernández la Orden de 5 de abril de 1995 (libro 01, folio 13/448), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, recaída en el expediente nº 35/101/94. 2.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de 1995.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.

A N E X O

Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio por D. Francisco Alonso Hernández, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de 19 de julio de 1994, recaída en el expediente nº 35/101/94, y que determinó la imposición de una sanción de multa de veinticinco mil (25.000) pesetas, y

RESULTANDO

Primero: que según inspección practicada por Inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 18 de febrero de 1994, en el Puesto de frutas y hortalizas nº 49, propiedad de D. Francisco Alonso Hernández, sito en el Mercado de Vegueta del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y mediante acta levantada al efecto nº 36.937, comprobaron que tenía expuestos para su venta al público en cajas, manzanas y calabacines carentes de los preceptivos etiquetados de normalización.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de Consumidores y Usuarios; artº. 3, apartados 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el anexo III del Reglamento CEE nº 920/89, de 10 de abril (DOCE de 11 de abril de 1989), que establece las Normas de calidad para zanahorias, cítricos y manazas y peras, modificado por los Reglamentos CEE números 421/90, de 19 de febrero (DOCE de 20 de febrero) y 299/92, de 6 de febrero, y el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las Normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas destinadas al mercado interior, la Orden de 15 de noviembre de 1985 (B.O.E. nº 22), que aprueba la Norma de calidad para manzanas y peras de mesa destinadas al mercado interior y la Orden de 24 de marzo de 1986 (B.O.E. del 28) (corrección de errores B.O.E. del 11 de abril de 1986), por la que se aprueba la Norma de calidad para calabacinos destinados al mercado interior.

Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de veinticinco mil (25.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio, que tiene entrada en este Departamento el día 17 de agosto de 1994, alegando, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

1. Que la normalización de frutas y verduras no se realizó en el mercado mayorista, llamado Mercalaspalmas, ya que esas cajas fueron compradas al Sr. Calderín, de las cuales el recurrente ha presentado factura en la Dirección de Comercio.

Por lo tanto, si no están normalizadas, no es imputable al detallista sino al mayorista que las vendía sin etiquetar.

2. Que los servicios de inspección visitaron días posteriores Mercalaspalmas, y no comprobaron ese día la normalización, y el Sr. Calderín reconoce haber expedido la factura y no el producto.

3. Que desde el pasado año, el recurrente viene colaborando en la normalización de frutas y verduras con la Dirección General, por tanto, no está en disposición de incumplir algo que está apoyando.

Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, artº. 3, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el anexo III del Reglamento CEE nº 920/89, de 10 de abril (DOCE de 11 de abril de 1989), que establece las Normas de calidad para zanahorias, cítricos y manzanas y peras, modificado por los Reglamentos CEE nº 421/90, de 19 de febrero (DOCE de 20 de febrero) y nº 299/92, de 6 de febrero, y el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las Normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas destinadas al mercado interior, la Orden de 15 de noviembre de 1985 (B.O.E. nº 22), que aprueba la Norma de calidad para manzanas y peras de mesa destinadas al mercado interior y la Orden de 24 de marzo de 1986 (B.O.E. del 28) (corrección de errores B.O.E. del 11 de abril de 1986), por la que se aprueba la Norma de calidad para calabacinos destinados al mercado interior.

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 18.2.B.m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, en relación con lo dispuesto en el artículo 36, apartado 1º, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución sancionadora, por cuanto:

1. El artº. 27.1.a) de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, declara la responsabilidad del vendedor por los productos que tenga expuestos para su venta al público en cuanto al “origen, identidad e idoneidad de los mismos”, por tanto al haberse comercializado por parte del interesado productos incumpliendo lo dispuesto en el Considerando segundo; se comprueba pues la comisión de una infracción leve por parte del vendedor, careciendo de los datos de normalización el etiquetado previstos en la legalización correspondiente estatal y comunitaria.

2. Por otro lado, el artículo 17.3 del Real Decreto 1.945/1983, establece la presunción “iuris tantum” de certeza del Acta de Inspección, por lo tanto corresponde al interesado desvirtuar la misma a través de la consiguiente prueba, la cual no ha sido efectuada, por lo que se presumen ciertos los hechos infractores señalados en dicha acta.

3. Las alegaciones del interesado no modifican la calificación de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución por cuanto al tratarse de un producto sin identificar y al faltar los necesarios datos objetivos, la factura no es prueba suficiente para poder imputar la responsabilidad de la comisión de la infracción al emisor de dicha factura.

En otro orden de cosas, como quiera que la normativa aplicable obliga al comerciante minorista a vender perfectamente etiquetados los productos hortofrutícolas no apreciamos la indefensión alegada.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular de departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA:

Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario interpuesto por D. Francisco Alonso Hernández, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de 19 de julio de 1994, recaída en el expediente nº 35/101/94, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de veinticinco mil (25.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110, apartado 3º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.

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