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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de la persona física y jurídica que se relaciona, y siendo preciso notificarle la Resolución recaída en el expediente incoado contra la misma por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a la persona física y jurídica que se cita, la Resolución recaída en el expediente que le ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo.
El interesado podrá interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de la población que se cita, la correspondiente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
VISTO EL EXPTE. Nº: 38-16/95. INSTRUIDO A: D. Juan Pedro García Navarro. D.N.I. o N.I.F.: 42.062.446.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
REFERENCIA DE HECHOS: el día 15 de junio de 1994, un Inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en la Fontanería Navarro, propiedad de D. Juan Pedro García Navarro, sita en Princesa Guacimara, 62, Barrio de la Salud en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 35.230 instruida al efecto, procedió a comprobar la reclamación presentada en la OMIC de Santa Cruz de Tenerife el día 9 de mayo de 1994 por D. José Manuel Fernández de Linares y Pasquau (nº de Registro de Inspección 450/94). Expone el reclamante que se siente estafado por la factura que le cobraron, la considera ilegal por falta de detalle y otras premisas legales. Solicita factura legal y detallada y, en su caso, devolución de lo cobrado de más. En la visita referenciada, compareció una persona que no se identificó, pero que dijo ser amigo del propietario. Éste manifiesta desconocer donde se halla la documentación de la empresa, por lo que el Inspector actuante concedió un plazo de diez días hábiles para que presentara en la Dirección Territorial de Comercio y Consumo de Santa Cruz de Tenerife el documento 845 del Impuesto sobre Actividades Económicas. Al Inspector actuante no le fue facilitado el acceso al interior de la fontanería, ubicada en el piso bajo del edificio, por lo que no pudo conocer si se exponían a la vista del público los precios de los servicios que presta la empresa y de los materiales que vende. Al compareciente se le hizo entrega de copia del acta. Con posterioridad, el mismo Inspector intentó ampliar diligencias al acta nº 35.230 y, a tal fin, se personó en la fontanería. Llamó desde el portero automático pero nadie abrió. En ese intervalo llegó una furgoneta de la fontanería y, al ver al Inspector, el conductor siguió de largo. Posteriormente retornó y el conductor entró en el portal nº 62 de la calle Guacimara. El Inspector aprovechó para llamar a la puerta, pero nadie abrió. Se comprueba, pues, la comisión de las siguientes infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios: 1º) No aportar el documento 845 del Impuesto sobre Actividades Económicas, conducta que supone negativa a colaborar con el Servicio de Inspección. 2º) Obstrucción a la labor inspectora, ya que en la visita efectuada el día 15 de junio se impidió al funcionario actuante acceder al interior del local. E igualmente resultó infructuoso su segundo intento, según se refleja en informe de 3 de octubre de 1994. 3º) La factura expedida a favor del reclamante es incompleta, ya que no se consignaron los siguientes datos o requisitos: número y, en su caso, serie; nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor; nombre y apellidos y número de identificación fiscal del destinatario; y lugar de emisión. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo dispuesto en: Hechos Primero y Segundo: Artº. 34, apartado 8, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. Tercer Hecho: Artº. 34, apartado 6, de la Ley 26/1984 (citada) y artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en conexión con el artículo 3º del Real Decreto 2.402/1985, de 18 de diciembre (B.O.E. nº ... del 30 de diciembre), modificado por el artículo 4º del Real Decreto 1.624/1992 (B.O.E. nº 314, de 31.12.92). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en el expediente de que el Acuerdo de Iniciación fue notificado al interesado el día 19 de enero de 1995, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones, aportara documentos o informe, ni propusiera la práctica de prueba. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artículo 11, apartado f), y artículo 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a D. Juan Pedro García Navarro la sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 6 de febrero de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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