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Resultando que el Pleno del Ayuntamiento de Teror (Gran Canaria), en sesión celebrada el 30 de marzo de 1994, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente la Modificación Puntual nº 1 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de ese municipio, promovida de oficio por la Corporación Local, referente a ordenanzas aplicables a industrias ubicadas en el casco de Teror con una antigüedad superior a 10 años.
Resultando que, tras diversos trámites, la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 17 de noviembre de 1994, adoptó, entre otros, el Acuerdo de suspender, al amparo de lo preceptuado en el artículo 132.3.b) del Reglamento de Planeamiento, la Modificación propuesta en tanto se incorporasen al documento las siguientes condiciones: 1.- Debe delimitarse expresamente el área del conjunto histórico, en el que no será de aplicación la ordenanza de referencia.
2.- Debe incorporarse la matización de que la ampliación permitida no será superior al 30% sobre la superficie construida totalmente en el momento de la aprobación definitiva de la ordenanza.
Resultando que consta en el expediente administrativo informe favorable del Servicio de Carreteras, de fecha 27 de enero de 1994, estableciendo como única condición que el aumento de edificación que se autoriza en las industrias existentes, tendrá, en las zonas junto a la red regional de carreteras, las alineaciones previstas en las Normas Subsidiarias aprobadas, no permitiéndose incluso en segundas plantas, las alineaciones actuales, caso que fueran inferiores a las aprobadas.
Resultando que, con fecha 16 de enero de 1995 y registro de entrada nº 299, se remite plano de delimitación del Conjunto Histórico de Teror.
Resultando que, con fecha 3 de marzo de 1995, los Servicios Técnicos de la Dirección General de Urbanismo emiten informe favorable sobre la nueva documentación presentada.
Considerando que se han seguido los trámites establecidos en la vigente legislación.
Considerando que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 132.3.b) del Reglamento de Planeamiento en relación al Dispositivo Segundo del Acuerdo adoptado sobre el asunto epigrafiado por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 17 de noviembre de 1994, compete a este Órgano la resolución definitiva en vía administrativa del procedimiento de aprobación de la Modificación Puntual nº 1 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Teror, sobre ordenanzas aplicables a industrias ubicadas en el casco de Teror con una antigüedad superior a diez años.
Considerando que han dado cumplimiento a lo regulado en el artículo 16 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, incorporándose al documento el condicionado impuesto por la Consejería competente en razón de la materia.
Vistos el expediente administrativo, los documentos e informes obrantes en el mismo, el Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, sobre Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana; Reglamento de Planeamiento y Decreto 306/1991, de 29 de noviembre, sobre Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, concordantes y demás normas de general aplicación, D I S P O N G O:
Primero: tomar conocimiento y, consecuentemente, aprobar definitivamente, al amparo de lo preceptuado en el artículo 132.3.a) del Reglamento de Planeamiento, la Modificación Puntual nº 1 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Teror (Gran Canaria), sobre ordenanza aplicable a las industrias ubicadas en el casco de Teror con una antigüedad superior a diez años, promovida de oficio por la respectiva Corporación Local, quedando incorporados al documento los condicionantes impuestos por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 17 de noviembre de 1994, así como el propuesto por la Administración regional competente en materia de carreteras.
Segundo: la presente Orden se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y será debidamente notificada al Ayuntamiento de Teror, al Cabildo Insular de Gran Canaria y a los interesados que consten personados en el expediente administrativo.
Contra este acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de marzo de 1995.
EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL, Fernando Redondo Rodríguez.
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